Ultracatólicos y líderes de la extrema derecha incendiaria invaden el 1 y 2 de diciembre el Senado para atacar los derechos sexuales y reproductivos.
Cuando todavía tenemos las piernas temblando después de la victoria de Trump y el cuerpo descompuesto por unos resultados electorales que configuran una Unión Europea de extrema derecha, nos desembarca en el Senado español la cumbre trasatlántica de lobbies antiaborto y antiderechos sexuales y reproductivos, ocupando el seno de una de las instituciones públicas fundamentales del Estado.
Los días 1 y 2 de diciembre, la red internacional Political Network for Values (PNfV) organiza un encuentro internacional en el Senado español. habiendo sorteado cualquier filtro de dignidad institucional que pudiera existir, si es que lo había. Una ristra de ultracatólicos, líderes prepotentes de la extrema derecha incendiaria y adalides de la libertad política mal entendida, invadirá (y sí, invadirá) el espacio de representación de este Estado plurinacional, el del gobierno más progresista de la historia.
Sin duda, sus objetivos no difieren en nada de lo que llevamos denunciando y visibilizando desde hace décadas muchas de nosotras. La situación actual evidencia la voluntad de hacer retroceder y atacar los feminismos y los Derechos Sexuales y Reproductivos. Identificamos un movimiento antigénero transnacional formado por actores tan diversos como gobiernos autoritarios, grupos religiosos integristas y fundamentalistas y partidos de extrema derecha que producen (y escupen) discursos de odio: que contestan sistemáticamente la epistemología de los derechos humanos, erosionando las democracias en todo el mundo.
Estos movimientos tienen lugar en las redes sociales, y se manifiestan a través de la difusión de fake news, discursos de odio y criminalización de los feminismos. Pero también los encontramos en las calles, y no menos importante, dentro de las instituciones, mancillando las herramientas de la democracia participativa. También, bien acompañados por preparadísimos equipos de abogados, frecuentan la práctica del litigio estratégico, para minar la legislación con relación al género, la sexualidad o el aborto. Hoy, y en varios contextos nacionales, la ideología antigénero y antiaborto ha penetrado la gramática de los Estados y ha contaminado las políticas públicas. Como define nuestra compañera Sonia Côrrea: “La política sexual se ha convertido en política de Estado”.
Las políticas antigénero no se mantienen únicamente en las esferas nacionales, sino que, a través de redes transnacionales, abarcan y se expanden como un virus en los cuerpos legislativos. En países del norte y el sur del continente americano, así como a lo largo de Europa y zonas estratégicas de África, implementan, principalmente, campañas criminalizadoras de las leyes de garantía del aborto, así como impiden el acceso aquellos territorios donde aún es legal. También persiguen impedir el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, bloquean currículos de educación sexual integral en las escuelas y atacan los derechos LGBTIQA+ (y, de manera extremadamente violenta, en contextos de criminalización de la homosexualidad).
Estas fuerzas son transnacionales (y transatlánticas), están altamente organizadas y coordinadas y cuentan con un gran volumen de financiación privada, pero también dolorosamente pública. Tienen una alta capacidad de actuación en este ecosistema, y cabe destacar que un grupo importante de organizaciones son originalmente españolas.
La más antigua de ellas, el Opus Dei actúa transnacionalmente, aunque se centra y se concentra en contextos políticos de América Latina. Así mismo, se han conformado nuevas plataformas entre los años 2013 y 2014, convirtiéndose en actores nodales de las tramas transnacionales antigénero y antiaborto: el duo Hazte Oír-Citizen Go o la Red que nos atañe (Political Network for Values), impulsan la creación y el éxito de múltiples partidos políticos de extrema derecha en todo el mundo. Y sí, también, y sobre todo aquí, en casa.
Así pues, la ofensiva ultraconservadora contra los derechos sexuales y reproductivos es un fenómeno que ha cobrado fuerza en muchas partes del mundo, con la clarísima intención de hacer migajas los avances conseguidos en las últimas décadas. La línea invisible de esta desdicha une el impulso de políticas que restringen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, como son el aborto, la anticoncepción, la educación sexual integral o la protección contra la violencia de género.
Pero esta es una ofensiva que no sólo se centra en la criminalización o la negación, sino que también busca promover una campaña más amplia que redefina la moralidad, el género y la autonomía sexual, basándose en principios conservadores, religiosos y patriarcales. En este contexto, se cuestiona la autonomía de las personas para tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, y se fomenta una visión normativa y restrictiva sobre los cuerpos y los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQA+.
El derecho al aborto se convierte en el blanco contra el que disparar para conseguir cambios estructurales, de régimen. En definitiva, se trata de volver a imponer el ”orden natural” de las cosas, como explica en sus investigaciones Neil Datta, director del EPF. A nadie se le escapa que ese orden natural no es otro que el que mantiene en el poder a unos pocos hombres, blancos, ricos y cisheteronormativos. Y es ahí donde podemos seguir encajando piezas: este es un orden natural basado en el capitalismo salvaje, que necesita la opresión y la persecución de las disidencias para sobrevivir y seguir acumulando riqueza (obviamente, en manos de estos pocos).
El eje central que une a estos grupos fundamentalistas, partidos fascistas y de extrema derecha y Estados conservadores, tan diversos y diferentes entre sí, es el discurso de odio contra los Derechos Sexuales y Reproductivos. Compartir y difundir esta idea es clave para las defensoras de estos derechos.
Para algunos de estos grupos, el discurso de odio se construye como la base de su ADN político, como es el caso del PNfV. Para muchos otros, el discurso de odio contra los DSyR es sólo un vehículo, una estrategia para ganar adeptos, llegar a las instituciones y generar procesos des-democratizantes que permitan imponer una agenda económica neoliberal y extractivista.
Este fenómeno se fundamenta en la sinergia perfecta (Graff & Korolczuk, 2021) y oportunista entre la alianza generada entre los grupos fundamentalistas (que tienen en su ADN el ataque a los Derechos Sexuales y Reproductivos y que hace décadas que trabajan para su erradicación), y los nuevos resurgidos partidos políticos fascistas y de extrema derecha. Esto se puede identificar de forma fácil en el caso de España, con la alianza entre HazteOir y Vox. De hecho, hay denuncias públicas que acusan a Vox de financiarse a través de HazteOir y CitizenGo (Ramsay & Provost, 2019).
La alianza entre estos grupos fundamentalistas y los partidos de extrema derecha y fascistas es el elemento diferenciador de otras fases reaccionarias. Esa alianza les permite ganar mucha más fuerza e incrementa el impacto de sus acciones.
Y, claro está que el discurso de odio contra los derechos sexuales y reproductivos no se puede aislar del discurso de odio contra las personas racializadas, las migradas, las refugiadas, la negación del cambio climático y la criminalización de la pobreza. Son, por tanto, diversos discursos de odio interconectados y que, según el momento y el territorio, se enfatiza uno sobre el otro.
Por ello, cualquier análisis político sobre el auge de los grupos fundamentalistas y los partidos de extrema derecha y fascistas que no integre el eje del ataque a los DSyR y el ataque a sus defensoras está destinado a no ofrecer ninguna solución. Asimismo, los análisis políticos deberían poder superar la lógica binaria patriarcal que diferencia entre las luchas identitarias y las luchas materiales, ya que cualquier lucha identitaria es también siempre material.
Llevamos reivindicando décadas la necesidad de poner en valor el trabajo realizado por las defensoras de Derechos Sexuales y Reproductivos que estamos en primera línea y sufrimos los ataques de estos grupos. Todas nosotras hemos contribuido a la generación de información, de conocimiento y a construir narrativas para continuar garantizando los DSyR de las mujeres y de la población LGTBIQ+ en las circunstancias más difíciles. Nuestra protección y fortalecimiento deber ser una prioridad considerando que nos conformamos como agentes democratizadoras.
Este desembarco transatlántico en el Senado español no deja de ser el modelo clásico de la conquista colonial. Considerando el Estado español como la cuna de sus dogmas, resulta que las instituciones políticas hegemónicas no están a su servicio: son el último bastión para tumbar después de arrasar ocupando gobiernos por doquier.
Es momento de tomar conciencia y asumir responsabilidades. El No Pasarán se nos ha quedado corto. Ya han pasado. Aun teniendo leyes y normativas rimbombantemente garantistas, aquellos que no queremos que pasen se nos van colando por todas las grietas.. Vemos cómo consiguen más de 8 millones de euros de financiación pública en los últimos 2 años (como explica esta investigación de Critic); cómo inauguran una oficina antiaborto financiada por el ayuntamiento de Alicante o cómo ocupan el Senado para dinamitar nuestros derechos. Es hora de exigir rendición de cuentas, compromisos, sanciones y reparaciones.
Nosotras, una vez más, en plena ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos no queremos solo resistir: seguiremos luchando para avanzar en su garantía. Ante el ataque a los derechos responderemos con más información, mejor acceso a los servicios y mayor normalización del aborto como parte de la soberanía corporal de las mujeres.
Silvia Aldavert y Diana Cardona pertenecen a L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, que tiene como objetivo la reivindicación, promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos para el empoderamiento, la autonomía y la calidad de vida de las personas. Para ello, impulsa, fomenta y facilita la sensibilización, la prevención y el empoderamiento social en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.