Una veintena de organizaciones ecologistas de Chile acusan al gobierno de frenar el debate legislativo sobre aspectos cruciales de la esperada reforma ambiental del país para agilizar su aprobación. El Poder Ejecutivo rechaza las críticas. «Es una reforma promovida desde las organizaciones ambientales y largamente esperada por las comunidades con conflictos ambientales. Pero en la […]
Una veintena de organizaciones ecologistas de Chile acusan al gobierno de frenar el debate legislativo sobre aspectos cruciales de la esperada reforma ambiental del país para agilizar su aprobación. El Poder Ejecutivo rechaza las críticas.
«Es una reforma promovida desde las organizaciones ambientales y largamente esperada por las comunidades con conflictos ambientales. Pero en la premura de aprobar las nuevas instituciones vemos con angustia y preocupación que los temas de fondo no están siendo abordados adecuadamente», comentó a IPS la activista Flavia Liberona, directora ejecutiva de la no gubernamental Fundación Terram.
El proyecto que crea el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental ingresó a la Cámara de Diputados en julio de 2008, y fue aprobado en mayo de este año. Luego pasó al Senado para su segundo trámite constitucional.
En octubre, los senadores presentaron más de un millar de indicaciones, el número más alto en la historia legislativa del país, según Liberona, recogiendo demandas de las organizaciones ciudadanas, que consideraban que el texto aprobado por los diputados no resolvía los problemas ambientales del país.
Previendo que con ello se dilataría la aprobación de la iniciativa, el gobierno decidió firmar con los legisladores del bloque gobernante, los independientes y los de la oposición derechista un protocolo de acuerdo en 11 puntos.
«Cuando se arma el acuerdo político, las indicaciones son retiradas y no hay discusión», acusó Liberona.
El acuerdo también incluyó la creación de una nueva institución, los tribunales ambientales, propuestos por el derechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI).
De ser visado por la cámara alta, el proyecto deberá retornar a la Cámara de Diputados porque los senadores le introdujeron cambios sustanciales al texto. Se estima que en enero de 2010 podría ser promulgado por la presidenta Michelle Bachelet, dos meses antes de que terminen sus cuatro años de mandato.
Según Liberona, el acuerdo político dio curso sin mayor dilación a los tribunales ambientales propuestos por la UDI, que no habían sido discutidos por nadie hasta ahora, y dejó de lado otras materias largamente demandadas por las organizaciones ecologistas.
«Todos estamos a favor de la creación de las nuevas instituciones, lo que reclamamos es que también sean abordadas otras problemáticas», como el principio precautorio en materia ambiental, el fortalecimiento de la participación ciudadana y el mejor funcionamiento de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, acotó.
Otras entidades que se oponen a la maniobra del gobierno son la Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales, Ecosistemas, Acción por la Tierra, Oceana, el Observatorio Ciudadano, Chile Ambiente, Greenpeace, Ética de los Bosques, Fundación Pumalín y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile.
Ellas son apoyadas por algunos senadores que no se adhirieron al protocolo de acuerdo.
«Pedimos al Ejecutivo que no condene al país a otros 20 años de abandono en materia ambiental, y acoja las indicaciones que requieren de su patrocinio», dijo el 6 de este mes el senador del co-gobernante Partido por la Democracia, Guido Girardi.
Una de las cuestiones que más preocupa a las organizaciones es la restricción que, desde su perspectiva, hizo el Senado de la participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental, espacio donde hoy se registran los principales conflictos.
«El acuerdo que ha llevado adelante el gobierno, y que buscó encontrar y seleccionar todos aquellos puntos de acuerdo que teníamos todos los actores, resguarda completamente el proyecto que venía aprobado desde la Cámara de Diputados, donde no escuchamos ninguna queja», respondió el día 9 la ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, ante una consulta de IPS.
«Un número extraordinariamente importante de indicaciones que sumó el Ejecutivo, respecto de las cuales sin nuestro patrocinio como gobierno no podrían haber visto la luz, están contenidas en el proyecto», aseguró la funcionaria, luego de presentar una campaña nacional de sensibilización ciudadana contra el cambio climático denominada «Chile Necesita Gente de Otro Planeta».
La campaña incluye avisos televisivos, radiales, en la prensa escrita e Internet sobre las causas y eventuales efectos del calentamiento global en Chile, así como sencillos consejos para que los chilenos puedan ayudar a enfrentar este fenómeno global a través del eficiente uso de la energía, del cuidado del agua y privilegiando el transporte público.
«Si alguien está en condiciones de decir que un tema sustantivo desapareció (del proyecto de ley) va a tener que demostrarlo, porque hay participación ciudadana, hay fiscalización, hay funciones del ministerio, hay incluso una unidad de cambio climático», dijo Uriarte.
«Estamos hablando de una institucionalidad moderna, de un ministerio moderno a la altura de los mejores del mundo», enfatizó.
Pero los ambientalistas no están dispuestos a esperar otra década para que se lleve a cabo una nueva reforma ambiental como la de 1994, donde se incluyan sus demandas.
«Hacemos un llamado al gobierno a que se allane a discutir estos temas y un llamado a los senadores para que adhieran a la reposición de las indicaciones en la sala. Necesitamos un espacio de discusión para tratar algunos de los problemas de fondo», concluyó Liberona.