Varios colectivos acusan al Gobierno de ocultar casi el 80% del gasto militar. La deuda militar supera según sus cálculos los 5.000 millones sólo en 2013.
Todos los ministerios del Gobierno, salvo el de Justicia, esconden en sus cuentas gasto militar por un importe total de 3.269 millones de euros, cifra a la que hay que añadir el presupuesto oficial de Defensa (5.745 millones). Es la denuncia de Ecologistas en Acción, la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, el colectivo Utopía Contagiosa y el grupo antimilitarista Tortuga, que han presentado el informe La deuda militar, deuda ilegítima, deuda odiosa este martes.
Según los autores, la mayor parte del desembolso destinado a cuestiones militares permanece oculto. «El 78% del gasto militar está escondido», asegura el investigador Juan Carlos Rois. De acuerdo con el documento, hay partidas opacas, principalmente, en las cuentas de Interior -Guardia Civil, contribución a organismos internacionales, etc-, Industria -I+D militar, apoyo tecnológico al sector de la defensa-, y Hacienda, que aportará 123 millones de euros en 2014 para compensar las pérdidas de las empresas navales dedicadas a proyectos militares.
Pero colocar en ministerios y organismos ajenos a Defensa gasto militar no es la única táctica de los sucesivos gobiernos para financiar de forma indirecta estas partidas. Rois explica que cada año se aprueban en el Consejo de Ministros créditos extraordinarios finalistas destinados a hacer frente a gastos militares infrafinanciados a sabiendas en los Presupuestos Generales del Estado. «Parece que es una maniobra deliberada», afirma. La desviación, que rondó entre 2005 y 2011 los 1.000 millones de euros anuales, se disparó en 2012 hasta los 2.826 millones. En los nueve primeros meses de 2013, alcanzó los 1.830 millones. En total, entre 2002 y septiembre de 2013, Defensa obtuvo mediante el cauce de los créditos extraordinarios 15.500 millones además de su presupuesto, según los datos del informe obtenidos de la Intervención General de la Administración del Estado. En otras palabras, de cada 100 euros que gasta Defensa, 17 se le otorgan por esta vía rápida, ajena al trámite parlamentario.
Una deuda millonaria El informe presentado este martes también expresa la preocupación de sus autores sobre el creciente importe de la deuda militar. Según los cálculos de los investigadores, la deuda militar de 2013 será superior a 5.500 millones de euros, de los que más de 200 millones corresponden a los intereses financieros. Por persona y año, la deuda militar en 2013 supondrá unos 120 euros. En total, el Estado debe en torno a 30.000 millones de euros por programas de defensa y armamento.
Entre los tenedores de la deuda militar del Estado, figuran empresas de la industria militar (Navantia, EADS, Eurofighter, AIRBUS, Santa Barbara Systems) y una treintena de entidades financieras. Bankia, con 300 millones de euros, es la principal acreedora. Liberbank -integrada por Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria- (80 millones), Santander y Caixabank (35 millones), BBVA y Caixa Cataluña (30 millones) se sitúan también en los primeros puestos. Sobre las causas que han llevado a esta situación, Rois se expresa con meridiana claridad: «Todo esto no se resuelve porque no se quiere. Lo militar es una casta intocable«.
Una racionalización necesaria
Ante esta situación, Rois defiende una racionalización de las Fuerzas Armadas en España. «Si se analiza el presupuesto de Defensa, el 76% está destinado al pago de efectivos, mientras que la OTAN recomienda destinar un 50% a personal y un 50% a gastos de funcionameitno», explica. Según el investigador, «sobra personal»: «Hay un oficial por cada dos soldados, algo que no ocurre en ningún otro país europeo», afirma. Los autores del texto también defienden una reestructuración de los Programas Especiales de Armamento, pese a que la configuración legal de los contratos hace compleja su resolución o renegociación. «Hay que ponerse serios», insiste Rois. «Hemos comprados cosas que no se necesitan», comenta.
Finalmente, el texto abre el debate sobre la posibilidad de considerar la deuda «ilegítima» u «odiosa». «De ser así -apunta- la ciudadanía tendría la legitimidad para reivindicar no sólo su no pago, sino que, además, podríamos solicitar responsabilidades políticas y penales». Según los autores, esta es una posibilidad viable. «Hay que negarse a pagarla y los responsables deben responder. Ahora meten la mano en el saco y se van de rositas», sentencia Rois.