Una organización de la austral región chilena de Aysén, contraria a la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en dos caudalosos ríos, dio vida a un filme documental con testimonios de comunidades afectadas por represas y líneas transmisoras de electricidad en Chile y Argentina. «La gente ve el documental y abre los ojos de inmediato», […]
Una organización de la austral región chilena de Aysén, contraria a la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en dos caudalosos ríos, dio vida a un filme documental con testimonios de comunidades afectadas por represas y líneas transmisoras de electricidad en Chile y Argentina.
«La gente ve el documental y abre los ojos de inmediato», comentó a IPS Marco Díaz, presidente de la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia, integrada por unas 600 personas y con sede en la ciudad de Cochrane, región de Aysén, 2.000 kilómetros al sur de Santiago.
En mayo, Díaz y el periodista Carlos Garrido registraron los testimonios de personas afectadas por las centrales hidroeléctricas Pangue y Ralco, en la región chilena del Bío-Bío, y por las líneas de alta tensión de la represa General San Martín, en el noroeste de la patagónica provincia argentina de Chubut.
El objetivo del trabajo «Mega represas, mega impactos, mega verdades» es advertir a los habitantes de Aysén sobre los efectos de las cinco centrales hidroeléctricas que la empresa Hidroaysén pretende construir a partir de 2009 en los caudalosos ríos Baker y Pascua, con una inversión cercana a los 2.500 millones de dólares.
El proyecto fue presentado a mediados de 2005 por Endesa, pero debido a su enorme envergadura, la trasnacional española se asoció en 2006 con la también generadora Colbún, controlada por el grupo local Matte. De esa unión nació Hidroaysén, de la cual Endesa posee 51 por ciento de propiedad y Colbún 49 por ciento.
Las cinco represas generarían en total 2.750 megavatios de electricidad, equivalentes a 18.430 gigavatios/hora al año. Para transportar la energía a Santiago se requiere construir 2.000 kilómetros de líneas de alta tensión que atravesarían ocho regiones del país.
La iniciativa contemplaba la inundación de 9.300 hectáreas de terrenos prístinos, pero debido a observaciones del Ministerio de Obras Públicas, el 9 de agosto Hidroaysén anunció que el área de embalse se redujo 36,5 por ciento, a 5.910 hectáreas.
Pero organizaciones ecologistas no quedaron conformes, pues sólo avalan pequeñas centrales que no impliquen represar ríos ni inundar terrenos, resguardando las actividades ganaderas y turísticas de la Patagonia chilena.
Para Hidroaysén, en tanto, la construcción de las dos centrales en el río Baker y las tres en el río Pascua es una oportunidad de desarrollo para el país y para la región, que posee 91.492 habitantes en una superficie de 108.494 kilómetros cuadrados.
Se trata sobre todo de satisfacer la demanda energética del país, que entre 2008 y 2017 crecería en torno a 6,8 por ciento anual. La firma promete además mejorar la infraestructura vial, aeroportuaria y de telecomunicaciones de la región, abaratar el costo local de la electricidad, crear 4.000 empleos, invertir en escuelas y hospitales y desarrollar programas culturales y turísticos.
Los ministros Marcelo Tokman, de Energía, y Ana Lya Uriarte, de Ambiente, han evitado pronunciarse sobre el proyecto, dado que éste ingresaría al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el año próximo.
Tokman ha recalcado que le electricidad que aportarían las represas «no sobran», considerando que hacia 2010 se necesitarán 10.000 megavatios adicionales en el Sistema Interconectado Central, que abastece a más de 90 por ciento de la población nacional.
Para informar del proyecto a los habitantes, Hidroaysén implementó un programa de «casas abiertas» permanentes e itinerantes, que se suma a una profusa campaña de publicidad en medios locales, informó Díaz.
El filme muestra lo que la compañía no ha querido contar a los vecinos, según el activista. Ha sido presentado en más de seis localidades de la región y ya ha recibido pedidos de copias de otras regiones de Chile y del extranjero.
El primer caso abordado es el del poblado argentino Aldea Escolar, que vive bajo las líneas de alta tensión de la central General San Martín, de propiedad de Hidroeléctrica Futaleufú, inaugurada en 1978 en el lecho del río del mismo nombre, en el sur del país.
Una década después de efectuado el tendido eléctrico, sus habitantes comenzaron a percibir los primeros impactos: malformaciones congénitas en animales, numerosos casos de cáncer, además de problemas neurológicos en niños y jóvenes.
El documental también se detiene en las represas Pangue y Ralco, ambas de Endesa, en la naciente del Bío-Bío, 500 kilómetros al sur de Santiago, e inauguradas en 1997 y 2004, respectivamente.
Ralco comenzó su construcción bajo fuerte oposición de organizaciones ecologistas e indígenas, debido a que 92 familias de origen pehuenche, una rama del pueblo mapuche, que habitaban en el Alto Bío-Bío debieron ser reubicadas en sectores aledaños.
En el trabajo audiovisual hablan las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán –quienes resistieron por años la presión de Endesa– y otros pehuenches que acusan a la trasnacional de no cumplir sus promesas de trabajo, mejoramiento de viviendas y caminos, becas estudiantiles, centros de salud y asesoría técnica para producir en los nuevos terrenos.
Los indígenas denuncian haber firmado las permutas de tierras engañados por funcionarios de Endesa, quienes les decían que el gobierno ya tenía aprobada la construcción de la central y que si no aceptaban los sacarían a la fuerza de sus predios.
Los entrevistados aseguran que la compañía les hacía regalos, los llevaba a atenderse con doctores y les facilitaba bebidas alcohólicas, para que, una vez borrachos, suscribieran los contratos. «Es el mismo ‘modus operandi’ de Hidroaysén ahora. Traen oftalmólogos, regalan fardos, mate, harina. Por eso cuando la gente ve el documental se desengaña», dice Díaz.
Los pehuenches también declaran que los nuevos terrenos no tienen las mismas condiciones que los antiguos: no pueden criar animales pues se cubren de nieve en invierno y no poseen buena leña. Algunas familias tampoco tienen electricidad por falta de dinero para pagar las cuentas.
«Lo que más me impactó (durante la filmación del documental) fue la sensación de arrepentimiento de los pehuenches, de no haber luchado hasta el final, sentimiento que surgió luego de constatar la calidad de vida que tienen ahora», comentó Díaz.
En el documental también exponen sus testimonios afectados por la operación de la central Pangue, a la cual responsabilizan de la destrucción de sus viviendas y la muerte de una decena de personas en julio de 2006, cuando la represa abrió sus compuertas para desalojar el exceso de agua acumulada tras un fuerte temporal de lluvia.
Ecologistas y parlamentarios denunciaron entonces que la empresa no avisó con la debida anticipación de la descarga, lo que anegó localidades ubicadas 100 kilómetros aguas abajo. «En Santa Bárbara cuando llueve dos o tres días seguidos la gente piensa que la central se va a reventar y que van a morir todos ahogados», contó Díaz.
Contactada por IPS, Endesa declinó responder las acusaciones vertidas en el filme.
«En Aysén la población está dividida en cuatro grupos: los que están en contra de las represas, los que están a favor, los que están en contra, pero creen que se van a construir igual por lo que no vale la pena pelear, y los que quieren negociar» para obtener compensaciones, explicó a IPS Patricio Segura, de la Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida, de siete organizaciones contrarias al proyecto, entre ellas la que preside Díaz.
En octubre se presentará en Santiago el libro «Patagonia sin represas» y el 11 de noviembre partirá una cabalgata desde la ciudad de Cochrane hacia la vecina Coyhaique. «Ya se han inscrito más de 50 personas. En el camino pretendemos realizar actos costumbristas y entregar información sobre las represas», concluyó Díaz.