El libro «Desde Colombia pedimos justicia. Llamado al mundo contra ritos de crímenes e impunidad» ha sido editado en España y está firmado por 15 organizaciones españolas y una de Irlanda, además de tener el respaldo de otras organizaciones europeas. En él se fundamenta el derecho a perseguir judicialmente a los responsables de los crímenes […]
El libro «Desde Colombia pedimos justicia. Llamado al mundo contra ritos de crímenes e impunidad» ha sido editado en España y está firmado por 15 organizaciones españolas y una de Irlanda, además de tener el respaldo de otras organizaciones europeas. En él se fundamenta el derecho a perseguir judicialmente a los responsables de los crímenes reseñados en el libro, que concretamente fueron cometidos en las regiones de Urabá y Atrato desde diciembre de 1996 en adelante, mediante los diferentes medios de la justicia universal. Contiene dos anexos, firmados a su vez por cien organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, entre las cuales se encuentran la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de España y la Federación Internacional de Derechos Humanos, así como otras reconocidas asociaciones que ven con preocupación la consolidación, bajo el gobierno Uribe, de la estrategia paramilitar y su impunidad.
El próximo 7 de agosto se cumplen dos años de un gobierno que hunde más a Colombia en el pantano de la guerra y la pobreza extrema. Las desapariciones forzadas y los asesinatos de opositores sociales, sindicalistas, campesinos, dirigentes políticos y activistas de derechos humanos no cesan. Por el contrario, aumentan y se esconden bajo el desarrollo de estrategias de seguridad autoritaria en contra de los derechos fundamentales y el derecho humanitario, tales como comprometer en tareas militares y de información a la población civil, dar facultades a las fuerzas armadas para actuar como autoridades judiciales con facultades de investigación sin control eficaz y coartar derechos esenciales.
Debe recordarse que el gobierno Uribe incumple las obligaciones internacionales de derechos humanos, como lo han expresado instancias intergubernamentales como Naciones Unidas, a través de diferentes órganos, en especial la Comisión de Derechos Humanos, así como recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dictado una sentencia contra el Estado colombiano por responsabilidad en crímenes paramilitares, hechos que se remontan a los años ochenta, así como otras entidades, Amnistía Internacional y Human Rights Watch entre otras, que junto con las organizaciones nacionales defensoras de los derechos humanos han sido atacadas reiteradamente por Uribe Vélez, siendo puestas en peligro en un país donde las denuncias contra el paramilitarismo o las fuerzas armadas pueden ser causa de asesinato o desaparición.
Las organizaciones que han coeditado el libro «Desde Colombia pedimos justicia. Llamado al mundo contra ritos de crímenes e impunidad» (Xixón, agosto de 2004, 123 páginas), ofrecen dicha publicación como un texto de respuesta al llamado urgente que hacen las comunidades de campesinos, afrodescendientes, indígenas y poblaciones victimizadas en las regiones de Urabá y Atrato, al noroccidente de Colombia, en municipios pertenecientes a los departamentos de Antioquia y Chocó.
Miles de personas han sufrido desde hace cerca de ocho años una sostenida estrategia de genocidio. Se relatan en el libro cientos de casos de aberrantes violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad cometidos por grupos paramilitares y unidades del Ejército colombiano, con el apoyo de altos funcionarios civiles que nunca atendieron las urgentes demandas de protección que exigieron las propias comunidades y organismos defensores de los derechos humanos, como comisiones de la Iglesia. Con posterioridad a la alerta temprana, fueron cumplidas las amenazas contra tales comunidades, sin que intervinieran para evitarlas altos cargos del gobierno. Fueron, por el contrario, facilitadas y encubiertas.
El texto da cuenta de la impunidad institucional total que cubre tales crímenes, que fueron puestos en conocimiento de las más altas autoridades del Estado colombiano en el momento en que fueron perpetrados, acompañándose las denuncias de peticiones apremiantes para que el Gobierno actuara sobre los mecanismos institucionales de los cuales se sirven los victimarios. Los sucesivos gobiernos se han negado a poner en marcha las soluciones administrativas que están en sus manos, tanto el de Ernesto Samper, como el de Andrés Pastrana como el de Álvaro Uribe.
Un íntimo amigo y colaborador del hoy presidente Uribe Vélez y de su ex Ministro de Interior y de Justicia, Londoño Hoyos, el general Rito Alejo del Río, quien se desempeñó como comandante militar en el área donde era entonces gobernador Uribe (el departamento de Antioquia) y que fue homenajeado por él, fue absuelto en marzo de 2004 por la Fiscalía, pese a estar comprobada su responsabilidad en la conformación de los grupos paramilitares y su acción terrorista contra la población nativa, para que esta huyera y parte de su territorio fuera presa de los paramilitares, narcotraficantes y empresas madereras entre otras.
Tales estructuras paramilitares han sido representadas recientemente por tres conocidos jefes de estos grupos criminales que se hallan en conversaciones para obtener inmunidad tras su aparente desmovilización. En tal proceso, asistieron la semana anterior a una sesión en el parlamento colombiano, lo cual ha sido criticado severamente por diferentes sectores de la opinión que han visto allí la vocería de grupos narcotraficantes que siguen además cometiendo masacres, asesinatos y desapariciones, en coordinación con miembros de las fuerzas armadas, como incluso lo reconoce la carta que la semana pasada dirigieron a Uribe 22 congresistas de los Estados Unidos, entre ellos el candidato demócrata John Kerry.