Los documentos inéditos de la oficina de la CIA en Chile que entregamos en exclusiva constituyen una invitación a incursionar en una suerte de túnel del tiempo, que suministra impresionantes claves de interpretación para desentrañar la (i)lógica interna del período histórico inaugurado por la masiva intervención norteamericana en la política chilena, en el cual todavía […]
Los documentos inéditos de la oficina de la CIA en Chile que entregamos en exclusiva constituyen una invitación a incursionar en una suerte de túnel del tiempo, que suministra impresionantes claves de interpretación para desentrañar la (i)lógica interna del período histórico inaugurado por la masiva intervención norteamericana en la política chilena, en el cual todavía permanecemos atrapados, tanto en lo que se refiere a contradicciones políticas, sociales y económicas irresueltas, como al protagonismo que conservan muchos de los participantes de entonces.
Sobre la veracidad y/o autenticidad de los documentos que sometemos al conocimiento de la opinión pública, y de la historia, suministrados por una fuente que por ahora permanecerá en la penumbra, podemos decir lo siguiente:
Primero, que tanto la identidad de la fuente, como las funciones que desempeñaba, fueron probadas ante el que suscribe, en un nivel más que suficiente, desde el punto de vista del rigor, el método y la ética periodística.
Segundo, confrontados los contenidos con los de otras fuentes abiertas, ya conocidas, tales como el Informe Acción Encubierta en Chile 1963-1973, de la Comisión Designada para Estudiar las Operaciones Gubernamentales Concernientes a Actividades de Inteligencia, del Senado de los Estados Unidos, conocido como Informe Church, de 1975; el Informe Hinchey Sobre las Actividades de la CIA en Chile, de septiembre de 2000, y otros documentos desclasificados de diversas agencias gubernamentales norteamericanas, es posible observar una coherencia, simetría y concordancia que respaldan fuertemente la hipótesis de verosimilitud.
Tercero, que contrapesada la versión de las motivaciones de la fuente para hacer públicos dichos documentos, con la posibilidad de una trampa para el medio dispuesto a publicarlos, o de un montaje de inteligencia, hipótesis que no cabe descartar a priori ante información de este calado y naturaleza, el balance también concurrió en aval de su publicación, la cual, tal vez por virtud del azar, si es que no de algún misterioso designio de la historia, coincide con el trigésimo octavo aniversario del desenlace de la conspiración que tan nítidamente demuestran los documentos de la CIA en Chile, en el centenario del nacimiento del heroico Presidente Salvador Allende.
Cada uno de los lectores podrá sacar sus propias conclusiones.
Por nuestra parte, podemos enlistar unas cuantas.
En lo principal, el Documento Secreto / 890 consiste en un reporte sobre las transferencias de dinero a la Democracia Cristiana desde 1964, lo cual es suficientemente conocido.
Con esa manía típicamente norteamericana de dejar documentalmente establecidos hasta los menores detalles, el reporte describe con minuciosidad las operaciones instrumentadas, primero para impedir y luego para desestabilizar la presidencia y el gobierno de Salvador Allende, que iban desde masivas campañas de desinformación y propaganda negra hasta asesinatos políticos, como el del Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, pasando por el financiamiento a una impresionante red de personajes y partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones sociales de todos los pelajes.
En esencia, y hasta ahí, se trata de información que corrobora antecedentes pormenorizados en los informes ya mencionados. Pero los documentos inéditos de la CIA en Chile ofrecen información hasta ahora desconocida.
Por de pronto, llama la atención la profusión y representación de los actores del drama chileno financiados por fondos de los servicios secretos norteamericanos. Por nuestra parte, nos hemos limitado a reproducir el documento hasta en sus errores de ortografía. Aparte de la vinculación con la Democracia Cristiana y los radicales de derecha, llama la atención la de conspicuos personajes de la derecha y la ultraderecha, tales como Pablo Rodríguez, del grupo terrorista Patria y Libertad; Pedro Ibáñez, del entonces Partido Nacional, hoy Renovación Nacional, y Jaime Guzmán, entonces gremialista y posterior fundador de la UDI.
Según nuestra fuente, Uniforms y código de acceso significan identificación de informantes y colaboradores perfectamente conscientes de la proveniencia de los recursos.
En un segundo nivel de análisis, llaman la atención las complejas operaciones de triangulación financiera utilizadas para transferir los recursos, con participación, según el documento, de bancos comerciales, las Casas Reales de Holanda y Bélgica y fundaciones vinculadas a las iglesias.
En tercer lugar, y siempre dentro del ámbito de los sobornos, destacan los fondos destinados a financiar el Libro Blanco, un infundio contra el Gobierno de Allende distribuido pocos días después del golpe; el financiamiento de viajes a voceros militares chilenos para legitimar el golpe y promover la imagen de la dictadura, y el financiamiento del asesinato del general Schneider. Más grave aún, el documento revela nexos con el general Manuel Contreras y permite suponer financiamiento de la CIA a la Operación Cóndor, que el mismo documento describe como «esfuerzo corporativo de inteligencia» y «coordinación de inteligencia/ actividad subversiva del área».
En suma, el documento secreto 890, de marzo de 1986, establece que los aportes de la CIA, la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y otras agencias del gobierno norteamericano, para financiar la contrarrevolución chilena entre 1964 y 1986, ascendió a la bonita suma de 11 millones 500 mil dólares, que al cambio de hoy, fácilmente centuplicarían su valor.
Pero en materia de antecedentes desconocidos, o conocidos sólo parcialmente, probablemente los más relevantes sean los relativos a los fallidos atentados que organizó la CIA para asesinar al Presidente Salvador Allende. Por de pronto, el documento informa para la historia que el Plan Centauro u Operación Chile, es decir, el Golpe de Estado, fue planificado por la CIA, en colaboración con la ITT, en una fecha tan temprana como fines de 1971.
Según establece el documento, aún antes, el 15 de marzo de 1971, la CIA atentó por primera vez contra la vida del Presidente Allende. Un nuevo intento tuvo lugar el 11 de septiembre de 1972. Que la CIA no se andaba con chicas a la hora de maniobrar para derrocar al gobierno de Allende, lo prueba el hecho de que el documento reconoce que el 17 de septiembre de 1972, ingresaron 400 agentes propios y de la DEA. Previamente, en marzo del mismo año, se había lanzado el Plan Septiembre, que en palabras del propio documento, «buscaba un levantamiento militar, el cual fracasa». Hasta ahora, el único antecedente sobre ese hecho apareció en el libro de Joan Garcés, «Allende y la Experiencia Chilena, las Armas de la Política», de 1976. Lo describe en los siguientes términos:
«En esos días, el Servicio de Investigaciones y el de Inteligencia de las Fuerzas Armadas habían descubierto un plan de atentado contra la vida de Allende durante su visita a Antofagasta. Aparecía protagonizado por un grupo de extrema derecha. El hecho no se hizo público y las pesquisas prosiguieron. El 3 de marzo el Presidente visitaba el mineral de cobre de Chuquicamata y celebraba reuniones de trabajo con los mineros. Después de cenar, se encontraba, según su costumbre, jugando ajedrez con uno de sus colaboradores, cuando, pasada la medianoche, apareció el edecán naval, Comandante Araya, acompañado del coronel Washington Carrasco, del Ejército. Ambos llegaban directamente desde Santiago y solicitaban entrevistarse con el Presidente. (…) El coronel Washington Carrasco, del Servicio de Inteligencia, había sido enviado por el Alto Mando. Dos semanas después, eran arrestados varios oficiales de grado medio y también varios civiles del movimiento derechista Patria y Libertad. La conspiración militar había sido descubierta y fue desarticulada. Actuaban coordinadamente el Servicio de Investigaciones y el de Inteligencia Militar. (…) Así fue abortado el plan de golpe militar puesto en marcha seis meses antes desde Estados Unidos».
De estas líneas del libro de Garcés, corroboradas por el informe secreto 890 de la CIA en Chile, cabe colegir que hasta esa fecha, los golpistas aún no habían conseguido incluir al Ejército -al menos no institucionalmente- en la conspiración, lo que recién hicieron el 23 de agosto de 1973, con la renuncia del general Prats, y su reemplazo por Pinochet.
Entre otros factores, eso explica que un año y medio más tarde, fuera el propio Ejército el que encabezara la Operación Centauro, planificada por la CIA en marzo de 1971.