Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), desde enero han asesinado 109 líderes sociales, más de 140 ex combatientes, 11 de ellos desaparecidos y 34 de sus familiares también han sido asesinados [1]. Hasta ahora estaba demostrado que en la presente reconfiguración del territorio por la que atraviesa Colombia, entran […]
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), desde enero han asesinado 109 líderes sociales, más de 140 ex combatientes, 11 de ellos desaparecidos y 34 de sus familiares también han sido asesinados [1].
Hasta ahora estaba demostrado que en la presente reconfiguración del territorio por la que atraviesa Colombia, entran en choque los intereses de los grandes capitales nacionales y extranjeros que persiguen extraer aceleradamente recursos naturales, con los de las comunidades organizadas que defienden el territorio y se resisten a ser despojadas y desplazadas.
Los más poderosos usan sus fuerzas estatales y paraestatales para imponer sus planes extractivos, de donde resulta la actual persecución y exterminio sistemático de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y del territorio.
Estas declaraciones del Ministro de Defensa eluden la responsabilidad estatal en la matanza e invisibilizan a los sicarios del régimen:
«Aquí lo que hay es gente mala matando gente buena, lo de líderes sociales es uno de los aspectos más dolorosos, pero es una población absolutamente gigantesca por lo que resulta difícil de prevenir, no se le puede dar protección a todos» [2].
Las FARC en peligro de extinción
La desmovilización de la guerrilla de las FARC buscaba que se convirtieran en movimiento dedicado a la lucha política dentro de la legalidad estatal, pero ha resultado lo contrario porque la estigmatización y persecución de la ultraderecha los tiene arrinconados y en peligro de extinción.
La amenaza de extradición y el riesgo de sufrir un atentado llevaron a que el pasado 30 de junio, el congresista de las FARC Jesús Santrich buscara un refugio seguro invocando su legítima defensa.
Para el partido FARC, «estos asesinatos sistemáticos son responsabilidad del Estado y el Gobierno». El Partido Alianza Verde sostiene que «las amenazas, desapariciones y asesinatos contra quienes trabajan en los territorios han puesto en evidencia un Estado fallido».
En su última visita a Bogotá el Enviado especial para la Paz de la Unión Europea, Eamon Gilmore, llamó a detener los dos exterminios, recrudecidos desde que se firmó la paz en noviembre de 2016: «El mayor reto que Colombia enfrenta tiene que ver con la continuación de asesinatos perpetrados en contra de excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos» [3].
Violencia política amenaza campaña electoral
En medio de la campaña electoral hacia las elecciones regionales de octubre han aumentado las amenazas y atentados contra los dirigentes populares en sus territorios.
La Federación Nacional de Personeros (FENALPER) a través de su directivo Jesualdo Arzuaga, denunció que a la fecha se encuentran amenazados 110 funcionarios de esta entidad, que es la encargada de la promoción y protección de derechos humanos en los municipios y control disciplinario de los funcionarios locales.
En el 2017 asesinaron al personero de Puerto Rico, Caquetá y en mayo de este año la personera de Samaniego, Nariño. Por su parte, la Defensoría del Pueblo indicó que hay 983 líderes amenazados [4] a través de panfletos donde los acusan de ser «guerrilleros encubiertos» y les exigen abandonar el territorio.
La Misión de Observación Electoral (MOE) en su último Informe reporta 265 líderes políticos, sociales o comunales víctimas de violencia, 75 de ellos fueron asesinados, 32 eran líderes sociales, 26 comunales y 17 políticos [5]. Además, el informe señala que el Cauca es el Departamento que mayor número de asesinatos, han exterminado 13 líderes sociales y se han registrado 11 atentados a líderes políticos, sociales y comunales.
El desangre de esta semana
Yanet Mosquera Rivera, representante de las comunidades de los municipios del centro de Cauca (Tambo, Popayán, Cajibío, Piendamó y Morales), junto a varios de sus compañeros recibieron amenazas a través de panfletos.
Manuel Ozuna Tapia de 67 años, perteneciente a la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR); el pasado 6 de julio en la vereda El Cerro, corregimiento Versalles, municipio de San José de Uré, Córdoba, una banda paraestatal lo decapitó e incinero su vivienda.
Jorge Orlando Ordóñez Vanegas de 28 años, maestro de construcción y aspirante al Concejo del municipio de Toro Valle; el pasado 12 de julio fue asesinado cuando salía de su propiedad, ubicada en pleno centro del casco urbano del municipio.
Los ex combatientes Weimar Galíndez Daza y Luis Carlos Yunda, trabajaban como cultivadores de piña y pertenecían al Espacio Transitorio de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Monte Redondo en Miranda; fueron asesinados el pasado 9 de julio en la vereda El Jagual, Corinto, norte del Cauca.
Notas
[1] https://twitter.com/
[2] https://360radio.com.co/hay-
[3] Nuevos asesinatos de exguerrilleros colombianos, indicios de plan sistemático para eliminarlos. Camilo Rengifo Marín, CLAE. Rebelión.org 13-07-2019.
[5] https://moe.org.co/wp-content/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.