El 14 de noviembre, carabineros instaló una bomba molotov en el bolso al trabajador Mauricio Cheuque de la Población la Victoria, «sólo porque es de apellido mapuche», dice su esposa. «Ya le hicieron el peritaje de manos y no le encontraron nada. Fue torturado y atropellado por la policía. Sin embargo estará preso por lo […]
El 14 de noviembre, carabineros instaló una bomba molotov en el bolso al trabajador Mauricio Cheuque de la Población la Victoria, «sólo porque es de apellido mapuche», dice su esposa. «Ya le hicieron el peritaje de manos y no le encontraron nada. Fue torturado y atropellado por la policía. Sin embargo estará preso por lo menos dos meses, que es lo que tarda la investigación. Me destruyeron la vida».
El caso lo tomó primero la Defensoría Pública del Estado. «Pero no avanzó nada. Tuve que contactar a la Defensoría Popular para que progresara su situación», asegura la pareja del poblador cautivo.
Otra familiar de prisionero político afirma que «hay carabineros de civil infiltrados entre la multitud, como el teniente David Gaete, que van repartiendo implementos a los chicos para defenderse de la Fuerzas Especiales, y luego son tomados detenidos, como mi sobrino».
Según el informe de la Fiscalía Nacional de Chile, desde el 18 de octubre, inicio del estallido social en el país, al 30 de noviembre, la cifra de personas que pasaron por audiencia de control y detención fue de 30.102 personas. De ellas, 20.217 fueron formalizadas, y 1.957 han quedado en prisión preventiva.
Por su parte, Candelaria Cortés, vocera de la Coordinadora por la Libertad de las Prisioneras y Prisioneros Políticos 18 de Octubre, informa que «nuestra organización nació hace pocos días con el fin de visibilizar la situación de las y los prisioneros políticos que han sido detenidos durante este período. También buscamos aunar a todas las familias de las personas privadas de libertad. En muchos casos, las familias están acompañando a sus presos sin mucho soporte ni conocimiento. Por eso en la Coordinadora nos hemos juntado distintas individualidades y agrupaciones de derechos humanos para exigir la liberación inmediata de las y los compañeros».
Asimismo, el abogado del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo indica que «son dos mil prisioneros políticos en las cárceles. Acá existe un trato represivo durísimo contra las personas que luchan y hacen uso de su derecho a rebelarse frente a este sistema injusto. A todas estas personas se les ha aplicado la Ley de Control de Armas, que es una legislación draconiana y que permite que las personas pasen inmediatamente a prisión preventiva. También han aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado, doctrina política que busca intentar que la gente no se alce. Además, hoy nos vemos en medio de un paquete de leyes represivas que vienen a profundizar lo opresión. La tendencia de este, como de los anteriores gobiernos, es criminalizar a los movimientos populares a través de la cárcel. La demanda urgente es la libertad de las y los prisioneros políticos y su reconocimiento».
En el nombre de los familiares y amigos de las y los prisioneros políticos, una de las voceras de la recién amanecida Coordinadora 18 de Octubre manifiesta que «Desde hace un mes y medio hemos sido remecidos por masivas movilizaciones contra la desigualdad social, las privatizaciones, la corrupción y el saqueo. Millones han cuestionado en las calles el modelo económico y la Constitución impuesta en la dictadura de Pinochet. Contra el clamor popular, el gobierno impone una represión violenta y sistemática; una veintena de asesinadas y asesinados, cientos de mutilaciones y pérdidas de uno o dos ojos a causa de balines disparados por carabineros, junto a miles que han sido baleados. Se trata de detenciones ilegales, torturas, abusos sexuales, violaciones y represión diaria contra un pueblo que no retrocede», y añade que «La política represiva de Piñera ha buscado criminalizar las movilizaciones, capturando a miles de manifestantes, reforzando la función de la cárcel como una perversa herramienta de control social que busca castigar la pobreza, la disidencia y a los que luchamos».
La vocera de la iniciativa plantea que «Como familiares y amigos de los prisioneros políticos, más individualidades y colectivos comprometidos con esta lucha, invitamos a formar una coordinadora amplia que aglutine el reclamo de libertad inmediata. Estar detenidos o detenidas es la otra cara de la violación de los derechos humanos del pueblo chileno. Son, por lo tanto, presos políticos que están secuestrados por las fuerzas represivas del Estado. Exigimos la inmediata liberación junto al reconocimiento nacional e internacional de su condición de prisioneros políticos. Rechazamos la aplicación arbitraria del paquete de leyes represivas por parte del gobierno de Piñera». La luchadora social termina llamando «a dirigentes sociales, estudiantiles, sindicales, políticos, feministas, ambientales, a todos y todas a coordinar una campaña internacionalista como apoyo a las y los presos políticos del país, que rechace tajantemente la violación sistemática de los derechos humanos y la represión impuesta por el gobierno.»
Lo de arriba ocurrió en las afueras de la cárcel Santiago 1, este 5 de diciembre. La dependencia penitenciaria está a cuatro estaciones del Metro donde se levanta La Moneda. Allí, bajo las órdenes del jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, Piñera, su gabinete y los intereses que representa, planifica la organización del odio contra el movimiento popular. Incluso con la anuencia, salvos honrosas excepciones, de prácticamente todo el sistema de partidos políticos con representación parlamentaria, como quedó demostrado, una vez más, en la votación del 4 de diciembre pasado en el Congreso que prohíbe el derecho a la protesta social con penas que cualquier autocracia fascista envidiaría.
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