El 21 de febrero de 2005, ocho personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fueron torturadas, asesinadas, descuartizadas y posteriormente enterradas en fosas comunes. Por estos hechos han sido judicializados miembros del Ejército Nacional -Brigada XVII-, quienes al parecer habrían actuado en conjunto con un grupo de paramilitares del frente «Heroes […]
El 21 de febrero de 2005, ocho personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fueron torturadas, asesinadas, descuartizadas y posteriormente enterradas en fosas comunes. Por estos hechos han sido judicializados miembros del Ejército Nacional -Brigada XVII-, quienes al parecer habrían actuado en conjunto con un grupo de paramilitares del frente «Heroes de Tolova» al mando del paramilitar alias «Don Berna».
Primero asesinaron a Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz; a su hijo Deyner Andrés Guerra, de 11 años, y a Beyaniera Areiza. Después de matarlos con machetes, dejaron sus cuerpos tirados en la montaña. Después mataron a Alfonso Bolívar Tuberquia; a sus hijos Natalia (de 5 años) y Santiago (de 2 años); a su esposa, Sandra Milena Muñoz, y a un trabajador de la finca llamado Alejandro Pérez. Los cuatro primeros murieron también a machete. Los niños, según reza la necropsia, «por degüello con arma blanca».
El relato de un paramilitar desmovilizado se convirtió en la pieza clave para armar el rompecabezas de este caso. Adriano José Cano Arteaga era un patrullero del grupo Héroes de Tolová, que pertenecía a ‘Don Berna’ y operaba entre Córdoba y Urabá, y que al momento de la masacre no se había desmovilizado. Cano asegura que un paramilitar conocido como ’44’ fue quien dirigió la masacre y que otro conocido como ‘Pirulo’ fue quien degolló a los niños.
Los paramilitares estaban, según el relato, junto a unos 50 soldados al mando del capitán Gordillo, quien se habría quedado «asegurando un monte» mientras los paramilitares se adelantaron para cometer el crimen.
Siete años después de la masacre, los hechos continúan en la impunidad, pero la siguiente información revelada por Noticias UNO da la medida del tipo de «democracia» que tiene Colombia, donde el terrorismo de Estado se premia:
Dos militares investigados por la masacre de San José de Apartadó, en Antioquia, en 2005, en la que murieron tres niños y cinco adultos, podrían ser ascendidos el próximo mes. Los voceros de las víctimas sobrevivientes aseguran que si se da el ascenso se violarían los convenios internacionales suscritos por el país.
El coronel Orlando Espinosa en 2005 era el comandante del Batallón al que pertenecían los directos implicados en la masacre y el teniente Alejandro Jaramillo comandaba la sección a la que pertenecían los sospechosos. Un documento confirma que el Ejército Colombiano está considerando ascender a general al coronel Orlando Espinoza Beltrán, uno de los cinco militares investigados por la masacre de San José de Apartadó. En el documento el subdirector de personal del Ejército, le pregunta al tribunal superior de Medellín sobre la situación jurídica del coronel Beltrán el cual sería ascendido en un mes.
«Lo anterior teniendo en cuenta que mencionado oficial se encuentra considerado para ascenso el mes de Diciembre de 2012».Pero el caso del Coronel Beltrán no es el único, el teniente Alejandro Jaramillo investigado por los mismos hechos también sería ascendido en diciembre según lo conocieron abogados de las víctimas.
Los abogados de las víctimas rechazaron el hecho de que los dos militares fueran tenidos en cuenta para un ascenso. La Corte Suprema de justicia admitió la demanda de casación interpuesta por las victimas para que se revise el fallo de segunda instancia del tribunal de Medellín que absolvió a los militares.