No obstante que el Acuerdo general para la solución del conflicto social/armado y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por las Farc y el gobierno el 27 de agosto en La Habana, sugiere una coincidencia de las partes, la esencia del proceso de conversaciones lleva a inferir que las visiones son radicalmente […]
No obstante que el Acuerdo general para la solución del conflicto social/armado y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por las Farc y el gobierno el 27 de agosto en La Habana, sugiere una coincidencia de las partes, la esencia del proceso de conversaciones lleva a inferir que las visiones son radicalmente diferentes por las concepciones ideológicas y las posiciones políticas de cada uno de los actores que intervienen en este nuevo ciclo de diálogos entre el gobierno de la oligarquía y los delegados de la resistencia campesina revolucionaria.
Las lecturas e interpretaciones del texto del Acuerdo son antagónicas y reflejan la lucha de clases en este escenario político y militar.
El Estado y el actual gobierno del señor Santos conciben las conversaciones como una estrategia para derrotar y destruir el movimiento insurgente y consolidar el sistema de explotación y exclusión de la inmensa mayoría de la sociedad colombiana.
La insurgencia campesina revolucionaria mantiene claros sus objetivos de transformación profunda de la sociedad mediante la destrucción del dominio oligárquico y la instauración de un poder popular democrático en la perspectiva del socialismo. Es por tal razón que su consigna es la de la paz con justicia social y democracia política.
1. Los planes de Santos
La pregunta que resulta obligado plantearse es la siguiente ¿Para qué quiere Santos la paz?
La respuesta a este interrogante debe considerar el campo más general de las estrategias de «paz» de las clases dominantes y los poderes multinacionales involucrados en Colombia.
En Colombia, las oligarquías dominantes han utilizado, desde hace más de cincuenta años, ciertas artimañas pacifistas, con diálogos y escenarios diplomáticos, para someter y destruir el levantamiento revolucionario armado de los campesinos.
Ocurrió en los años 50, durante el régimen militar de Rojas Pinilla, quien ofreció amnistías y perdones a los grupos insurgentes para después acribillar traidoramente a los lideres en las calles de las ciudades y exterminar las organizaciones agrarias mediante violentas campañas militares; de igual manera se repitió dicho esquema en los años iniciales del Frente Nacional, en los gobiernos de Lleras Camargo y de Guillermo León Valencia, cuando el discurso de la concordia y el diálogo entre las élites bipartidistas sirvió de pantalla para descomunales planes militares focalizados en la derrota de la resistencia campesina tolimense mediante el Plan Lasso.
De sobra conocemos el fin de los diálogos de La Uribe y lo sucedido con la masacre de más de 5000 mil miembros de la Unión Patriotica, asesinados sistemáticamente por las Fuerzas Armadas gubernamentales y sus grupos paraestatales para mantener el dominio bipartidista.
Otras concertaciones con grupos insurgentes de origen urbano y semirural dejaron intacto el modelo feudal y capitalista predominante, que fue profundizado con las recetas del neoliberalismo cuyas consecuencias conocemos porque las hemos vivido en carne propia. Neoliberalismo que fue el caldo de cultivo de una de las épocas más oscuras de la historia colombiana, cuando el paramilitarismo infiltro la estructura general del régimen político que algunos cinicamente caracterizan como democrático liberal.
Esta fresca en la memoria colectiva de la mayoría social las implicaciones políticas y estratégicas del periodo de los diálogos del Caguan, que fueron utilizados por el señor Pastrana para configuran una de las fuerzas militares más potentes del continente, con cerca de 500 mil unidades de combate, dotadas de moderna tecnología, todo financiado con los recursos del Plan Colombia aportados por el imperialismo norteamericano.
El señor Santos, un oligarca paramilitar, protagonista de los «falsos positivos», ejecutor como Ministro de Defensa durante los años 2006/2008 de las estrategias neofascistas de la mal llamada «Seguridad Democrática» y artífice de las agresiones internacionales contra Ecuador, Venezuela y otros Estados progresistas de América Latina, adoptó el discurso del diálogo y la «llave de la paz» no desde posturas democráticas y pacifistas. Todo lo ha organizado como parte de una visión militar estratégica del imperialismo norteamericano. Su objetivo es derrotar y liquidar los grupos insurgentes revolucionarios.
Con los diálogos del gobierno, las élites dominantes pretenden servirse del proceso para conducir a la derrota de los revolucionarios y consolidar, de esa manera su dominación autoritaria. La paz de Santos es claramente un instrumento contrainsurgente. Se pretende la pacificación, derrota y eliminación de las guerrillas socialistas. El Ejército quiere salir triunfante en la Mesa de conversaciones, lo que no ha logrado en el campo de combate, por más que lleva anunciando por años el «fin del fin» del conflicto bélico.
Es que no sobra reafirmar que el actual gobierno manipula las conversaciones de paz como una trampa para inmovilizar al pueblo y profundizar el terrible sistema de explotación imperante. Lo que quieren es una desmovilización y entrega de armas del movimiento insurgente. Se le está instrumentalizando para ampliar el carácter militarista y opresor del sistema político y su actual forma/estado. Santos y la élite que representa de banqueros, generales, senadores, terratenientes y multinacionales, quieren direccionar el proceso para seguir militarizando la sociedad e imponer leyes, como la tributaria y la del fuero militar, que sirven para proteger funcionarios, generales y políticos corruptos y mafiosos.
Para entender la estrategia del actual gobierno con su política de paz es necesario considerar que este reproduce un paradigma que viene desde el mandato ultraconservador de Ronald Reagan en USA, cuando se trazó la estrategia contrainsurgente conocida con el nombre de «conflicto de baja intensidad» que los gringos elaboraron en 1982 para ejecutar en América Latina.
La implementación y desarrollo de dicho programa se sustenta en una táctica compuesta de dos opciones para enfrentar la lucha guerrillera revolucionaria. Una de estas se refiere al aspecto militar y la otra enfatiza la gestión diplomática y negociadora. Se plantea un plan de negociaciones y diálogos con la guerrilla para erosionar las posiciones progresistas o revolucionarias desde su interior, intentan desmovilizar a las masas y ganar tiempo bajo el objetivo de liquidar a los revolucionarios. Es lo que explica la negativa a una tregua bilateral en el proceso en curso y la descompuesta afirmación del MinDefensa, de golpear para ablandar a los delegados insurgentes en La Habana.
Lo que está claro, pero clarísimo, es que el señor Santos va a intensificar la guerra mientras habla de paz.
En síntesis, la Mesa de La Habana y las conversaciones que allí se adelantan son utilizadas por el oficialismo para proteger su modelo económico encarnado en las locomotoras mineras y agroindustrial. Lo que se quiere es pacíficar las áreas donde las multinacionales adelantan la explotación de los recursos mineros y petroleros de nuestro territorio.
Los diálogos de paz, en palabras de De La Calle, jefe de los delegados gubernamentales, no tocaran el modelo económico neoliberal, ni el social, ni la doctrina fascista de imperante en las fuerzas militares. Eso es sagrado para la oligarquía.
Ni mas ni menos.
2. Los objetivos de la resistencia campesina revolucionaria
Por supuesto, la insurgencia revolucionaria tiene otra visión de los diálogos. Su visión del Acuerdo General es integral, holístico. No excluye ninguna de los campos identificados en el texto.
Es claro que el actual escenario en nada afecta su objetivo estratégico de destruir El Estado y la sociedad de explotación y opresión para construir una nueva sociedad, la civilización socialista y solidaria, donde no impere el despojo de los débiles y los asalariados. La insurgencia campesina y revolucionaria encarna la lucha de los pobres por liberarse de la pobreza, de la esclavitud asalariada, la violencia y la injusticia.
Es por tal razón que en la visión popular de la paz la Mesa de conversaciones tiene que debatir a fondo soluciones a los problemas económicos y sociales del pueblo.
La paz de La Habana debe ser con justicia social, democracia plena y transformaciones profundas de la estructura retrograda que impera en la actualidad en Colombia.
Son pues, las dos concepciones contrapuestas de los diálogos por la paz que se realizan en la actualidad.
Es en ese marco que ocurre su avance y su incidencia en el movimiento general de la sociedad nacional, que ahora ha sido convocada a participar en foros y movilizaciones populares.
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