Imagen Portada: Vereda Tacamocho, en límites con Amalfi. Foto Bibiana Ramírez Alcalde no aceptó plan de mejoramiento de vías impulsado por el gobierno nacional; se cuestionan los costos de algunas obras; y la plata de sustitución de cultivos llega con mucho retraso. Las comunidades se quejan. Anorí, uno de los municipios más lejanos del Nordeste […]
Imagen Portada: Vereda Tacamocho, en límites con Amalfi. Foto Bibiana Ramírez
Alcalde no aceptó plan de mejoramiento de vías impulsado por el gobierno nacional; se cuestionan los costos de algunas obras; y la plata de sustitución de cultivos llega con mucho retraso. Las comunidades se quejan.
Anorí, uno de los municipios más lejanos del Nordeste antioqueño está dentro de la lista de los 170 municipios priorizados en el país para recibir dineros de la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc, pero desde hace varios meses hay muchas dudas de la ejecución de los proyectos con los cuales intentan superar la brecha que generó la guerra.
Las inquietudes de los pobladores de Anorí, particularmente del sector rural, tienen que ver con el mal estado de sus vías veredales, indispensables para impulsar el desarrollo de los campesinos, pero a las que no se atienden en debida forma; las sospechas de corrupción en el desarrollo de algunos proyectos; la imposición de decisiones que se toman desde Bogotá; y la demora de pagos que el gobierno nacional debe hacerle a los cultivadores que dejaron la hoja de coca para uso ilegal y se acogieron a los programas de sustitución voluntaria.
Además, buena parte de las comunidades anoriseñas están preocupadas porque hay indicios de que la ejecución del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y sus componentes estarían mezclándose con actividades de carácter electoral, de cara a los comicios locales y regionales que se realizarán el próximo mes de octubre en todo el país.
Diversos sectores de la población participaron en reuniones convocadas desde inicios de 2017 con el fin de conocer los planteamientos del gobierno nacional sobre la manera cómo iba a intervenir en aquellos municipios golpeados históricamente por el conflicto armado. Si bien en esos encuentros comenzaron a gestarse proyectos esperanzadores, también surgieron muchas dudas.
Inquietos por las obras
El 23 de febrero de 2017 la Agencia de Renovación del Territorio (ART) hizo la primera reunión en la vereda La Plancha para socializar con la comunidad varias intervenciones que hacen parte del programa de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC) y el Plan 50/51, y que beneficiarían a varias zonas, entre ellas las que colindan con el Espacio territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que concentra a excombatientes del desaparecido grupo subversivo en camino a fortalecerse en la legalidad.
Ese encuentro entre funcionarios estatales dejó a las comunidades anoriseñas muy confundidas sobre cómo se iban a desarrollar las obras y a ejecutar el presupuesto. De acuerdo con algunos asistentes, desde ese momento se avizoraban dificultades, sobre todo por el manejo que la ART le estaba dando a la reunión, porque veían que no era una construcción colectiva, sino que estaban socializando algo que ya traían elaborado.
Reunión en La Plancha entre comunidad y ART en 2017. Foto Bibiana Ramírez
Después de varios encuentros, la comunidad construyó y entregó 39 propuestas de obras PIC, entre las que plantearon mejoramiento de casetas comunitarias y de escenarios deportivos; construcción de puentes peatonales; mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico de instituciones educativas, y construcción de aulas.
De acuerdo con documentos estatales, con la puesta en marcha de las PIC «se pretende consolidar condiciones que propicien la institucionalidad, de la mano del desarrollo de las comunidades rurales, restablecer equilibrios al interior de estas sociedades, y ante todo construir sobre estas bases un marco que estimule la consolidación de la paz en el territorio y la prosperidad de estos».
Sin embargo, en Anorí parece que está ocurriendo lo contrario: las comunidades están desconfiando de los contratistas y de los ingenieros que asesoran las obras. Las inquietudes recaen en la Unión Temporal Urabá en Desarrollo, seleccionada tras un proceso de invitación pública convocado por el Fondo Colombia en Paz para » estructurar, diseñar y ejecutar las acciones necesarias para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria (PIC)», en las regiones PDET del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia, Sur de Córdoba y el Urabá antioqueño.
Su función es prestar asistencia técnica a las organizaciones sociales en el territorio para que las obras se realicen profesionalmente, además de administrar el recurso. Para cumplir con ese objeto del contrato, esa unión temporal, conformada por las firmas JV Ingeniería y Construcciones SAS y la Fundación Estudio, recibió 14.958 millones de pesos para ejecutarlos entre enero y agosto de 2018.
«Hemos tenido un ingeniero, Leonidas Santos Lizarazo, que quiere imponer a las comunidades las obras. En la vereda La Guayana decía que no se podía hacer una pieza para la caseta porque la gente lo usaba para dormir borrachos o hacer cosas indebidas, al final logramos hablar con los directores de la ART departamental y se logró que se hiciera la caseta con la pieza. Al inicio hubo que demoler una parte de la obra por fallas», afirma José David Hernández, líder de la Asociación de Campesinos del Norte de Antioquia (Ascna). Allí se hizo el mejoramiento de la caseta que costó $65.479.707 y fue ejecutada por la Asociación Consejo Mayor Comunitario.
«Nosotros teníamos unas expectativas muy grandes, que íbamos a salir del abandono, de la guerra, pero no es así. Nos hicieron una caseta muy buena, muy grande, pero si el gobierno le hubiera dado a la comunidad los recursos habían servido más. Nosotros hemos hecho obras y la plata nos ha rendido más. En este momento se lo dieron a la Unión temporal Urabá pero la plata llegó muy disminuida, contamos con la suerte de que la Asociación de paneleros de Anorí (Apanor) ejecutó el proyecto y optimizó el recurso hasta la última», agrega Fernando Zapata, presidente de la junta de acción comunal de la vereda San Isidro. La obra costó 55 millones 760 mil pesos, diez millones menos que la de La Guayana que sólo fue mejoramiento.
Además, la compra de materiales para la construcción de las obras que tenía a cargo el ingeniero fue hecha en la ferretería El Triángulo de Marleny Jaramillo, esposa del ex alcalde Gildardo Foronda y quienes actualmente tienen candidato al concejo y alcaldía para las próximas elecciones por el partido Liberal. Incluso, «de la ferretería llevaron dos marranos para la inauguración de la caseta en San Isidro donde hubo un escenario politiquero puesto que los candidatos a la alcaldía tuvieron un espacio en el evento», asegura José David Hernández.
Caseta comunitaria en la vereda San Isidro. Foto Bibiana Ramírez
¿Apoyo a la sustitución?
Anorí es bañado por el río Porce, en el cual Empresas Públicas de Medellín desarrolló los proyectos hidroeléctricos Porce I, II y III. No obstante, de acuerdo con voceros de las comunidades, no les ha generado mayor calidad de vida. Las veredas anoriseñas que están cerca de las compuertas carecen de electricidad.
«De las 58 veredas, 15 están sin electrificar y solo 8 veredas cuentan con alumbrado público», se reseña en el Plan de Desarrollo de Anorí 2016-2019. Además, los usuarios se enfrentan a las altas tarifas que tienen que pagar por la prestación del servicio.
La principal actividad económica es la ganadería, seguida de la caña panelera, la producción de café y la minería, pero los pobres resultados económicos tienen intranquilos a los pobladores. «Ya ni tener ganado se justifica en este pueblo», dice un campesino después de salir de misa de seis de la mañana un domingo y lanza una queja por la escasez que los está agobiando. «A uno le compran el kilo de carne a 3.500 o 4 mil pesos máximo y luego en las carnicerías venden ese kilo a 15 mil pesos».
Anorí tiene los niveles de pobreza más altos en la subregión Nordeste y, en respuesta a ella, algunos labriegos acudieron a la hoja de coca desde finales de la década del noventa para ajustar su economía familiar. El crecimiento del área sembrada ha venido creciendo con preocupación en los últimos años. De acuerdo con datos del Observatorio de Drogas de Colombia, en el 2013 había 107 hectáreas, para el 2016 eran 661 y en 2017 se duplicó la cantidad y llegó a 1.312 hectáreas.
Con la firma del Acuerdo de Paz se crearon varios programas de asistencia para darle solución al problema de las drogas ilícitas, entre ellos el Programa Nacional integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), que comenzó en 2017 y al que se vincularon 2.249 familias con el compromiso de erradicar la hoja de coca. De hecho, ya han sustituido voluntariamente 1.400 hectáreas.
Creación de la Coordinadora municipal de cultivadores de coca, marihuana y amapola (Coccam) en febrero de 2017 en Anorí. Foto Bibiana Ramírez
Arrancar la hoja de coca y sembrar otras alternativas agrícolas lícitas exigía el apoyo estatal, por lo que el PNIS contemplaba unos aportes económicos cada dos meses para respaldar a los campesinos. No obstante, el sistema ha tenido fallas, según denuncian los afectados.
En septiembre de 2018 el gobierno nacional hizo el tercer pago a 1.680 familias cultivadoras y recolectoras de hoja de coca que se acogieron al programa y solo cinco meses después llegó el cuarto pago que equivale a 2 millones de pesos, cuando se había acordado que el pago era cada dos meses.
«Aquí somos 250 personas y todos vivíamos de la coca, en estos momentos estamos todos en la casa sentados. La gente está aguantando hambre, en realidad, porque tampoco tenemos tierra para cultivar. Nosotros en este momento, como comunidad, estamos de capa caída porque los proyectos productivos no llegan y los pagos se demoran», afirma Zapata.
Sin vías óptimas
Anorí tiene tres carreteras terciarias en condiciones casi intransitables. La única que se mejoró fue la vía hacia La Plancha, en el 2017, que da acceso a la zona de concentración de los exguerrilleros de las Farc. Una segunda vía, la de la vereda Madre Seca, es muy angosta y se han presentado accidentes. Y la que comunica con Medellín está en proceso de pavimentación. Lo paradójico, dicen los pobladores, es la existencia de una vía paralela, construida por EPM, que está totalmente asfaltada, pero tiene restringido el paso.
En esa primera reunión de 2017, entre las comunidades y funcionarios de la ART, se definió que se iban a arreglar 30 kilómetros de la vía a La Plancha y 20 kilómetros de la Madre Seca, con recursos del Plan 50/51.
«Aquí nos salió un recurso de 881 millones de pesos para la adecuación de 50 kilómetros de carretera, pero se perdió porque la administración municipal no quiso firmar ese convenio. El alcalde justificó que no hizo el contrato porque tenía que salirse de la Ley 80 y corría el peligro de caer a la cárcel, pero sabemos que los otros 12 municipios priorizados ejecutaron y hasta ahora ninguno ha ido a la cárcel. Dejamos ir una plata después que el 40 por ciento estaba consignado en la tesorería del municipio», afirma Hernández. No se pudo acceder a entrevista con el Alcalde después de varios intentos de contacto con él.
Vereda La Plancha. Foto Bibiana Ramírez
La ART le explicó a la comunidad que no había nada qué hacer, que ese dinero tocaba devolverlo al Fondo Colombia en Paz. Además, estos proyectos no se hacían con contratistas sino que tenía que pasar por el proceso Colombia Compra Eficiente donde se paga lo que vale. «Se nota que esta administración le corre a Colombia Compra Eficiente porque no pueden desviar ninguna clase de recurso», agrega Hernández.
Alertas prendidas
«Para la construcción de los Planes de desarrollo con enfoque territorial los funcionarios llegaron con todo arreglado para la fase veredal sin escuchar cuáles eran las necesidades reales en cada territorio. Ya tenían listos cómo iban a distribuir a los campesinos en los 8 pilares con las iniciativas. La gente no decidía a cuál pilar quería pertenecer sino que era al azar, enumerados de 1 a 8», asegura José David Hernández, quien ha sido veedor de la ejecución de las obras.
En agosto de 2018, para la firma del pacto municipal, estaban en reunión en el Concejo, con los campesinos e instituciones, y un funcionario de la ART dijo que ya todo había quedado listo, que no se podía cambiar nada del pacto municipal. Los líderes decidieron pararse de la mesa y dijeron que eso no lo aceptaban porque no había sido construido conjuntamente. Ese mismo día hicieron una movilización por las calles del pueblo. La ART tuvo que repetir el proceso en las veredas, es decir, aumentar el presupuesto. Desde ese día no hay funcionario de la ART en Anorí.
Vereda San Isidro, a tres horas del municipio. Foto Bibiana Ramírez
«Los PDET fueron una lucha muy larga, ahí está plasmado lo que necesitamos, si se llegan a desarrollar así como están, nosotros viviríamos en un paraíso, pero hasta el momento no sabemos nada. Nosotros queremos que se abran las vías porque sin vías no hay proyectos productivos, que haya fuente de empleo porque aquí está acabada la economía», concluye Zapata.
Aunque no se ha hecho público el informe de la veeduría a las obras PIC, los líderes locales alertan que la socialización y los comités de seguimiento se han hecho con poca gente. En una vereda de cien socios lo hacen con máximo 15 personas. Y hay preocupación porque si han tenido dificultades con poco dinero, no se imaginan cómo irá a ser con los PDET.
En este video las comunidades expresan sus dudas frente a la implementación de los Acuerdos de Paz.