La actual situación del proceso de no diálogo entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, urdida por Duque al querer ahogar la Mesa de conversaciones de La Habana, obedece en gran medida a esa repetición que él realiza de muchas de las actuaciones propias de la administración Uribe Vélez (2002-2010). Esa peligrosa experiencia […]
La actual situación del proceso de no diálogo entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, urdida por Duque al querer ahogar la Mesa de conversaciones de La Habana, obedece en gran medida a esa repetición que él realiza de muchas de las actuaciones propias de la administración Uribe Vélez (2002-2010). Esa peligrosa experiencia la quieren reeditar las élites y sus medios o audiencias, no sólo por la decisión de aniquilar al ELN, sino para avanzar con ese propósito, de la mano de los dictados que les vienen desde los Estados Unidos, para destruir a Venezuela.
En entrevista del pasado 18 de noviembre, dijo Duque que en enero de 2019: «no vamos a hacer la pantomima de seguir manteniendo relaciones diplomáticas con un régimen que está violando la Resolución 1373 de Naciones Unidas, alojando terroristas en su territorio; y segundo, no vamos a premiar a un criminal de lesa humanidad que sistemáticamente está lacerando a su pueblo» [1].
Ante estas amenazas, como organización político-militar en ejercicio del derecho a la rebelión, actuando no solo de cara a un país y su complejidad, sino afrontando realidades dentro de lo que se denomina la comunidad internacional, intentamos comprender a qué se refiere el Régimen con las palabras de Duque.
Derecho a la conquista: pecado original
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en 1992, a cinco siglos de la «Conquista de América», y teniendo fresca en la memoria la sangre de una empresa bélica como fue la Primera Guerra del Golfo (1990-1991: guerra de los EEUU. y sus aliados contra el pueblo iraquí por motivaciones geoestratégicas y de rapiña del petróleo), señaló que «el Derecho Internacional es hijo del llamado derecho de conquista», y el profesor François Rigaux indicó en esa memorable sesión del TPP en Italia, que el orden internacional está marcado en la frente por esa especie de «pecado original», dado que son innegables sus rasgos coloniales, al autorizar para unos el uso de la fuerza bruta y negar la resistencia a otros, en función del sometimiento, es decir, de la sumisión ante el saqueo o expolio de los recursos, que se apoderó el capitalismo en estos siglos.
Ese Derecho Internacional en sus primeras etapas puso el sello de «justas» a unas guerras, justificó así la invasión a América y autorizó destruir o aplacar culturas llamando «bárbaros» a los resistentes, separando de forma perversa a los pueblos e imponiendo lo que llamaron «civilización», que fue la extensión de esas desiguales relaciones que aseguraban el intercambio comercial, la propagación violenta de la fe cristiana y la instauración de regímenes que garantizaran el despojo.
Tronco del Derecho y batallas de la razón
En ese gran tronco del Derecho Internacional, se fueron dando batallas de la razón y es gracias a ellas que se han dado algunas declaraciones y realizaciones relativas en favor de los pueblos y de los derechos de la humanidad. Es entonces un tinglado de lucha política, diplomática y de contención que en determinados momentos han liderado movimientos y gobiernos progresistas o corrientes en pro de aperturas a visiones y valores de integración y respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Así, por ejemplo, el repudio generalizado en la ONU al bloqueo que USA ejerce contra Cuba, es un logro sostenido, u otras afirmaciones de defensa de los derechos humanos y de los pueblos.
Sin embargo, la ONU y otros escenarios regionales, como actualmente la OEA, históricamente se han prestado como altavoces y herramientas de justificación de guerras imperiales y de empresas multinacionales en arremetidas de diverso tipo que incluyen la preparación y la actuación militar, como en la ya mencionada Guerra del Golfo y en sucesivas campañas hasta llegar a la actual coyuntura mundial, que de nuevo representa un gran retroceso en lo que convencionalmente se venía adoptando, para superar conflictos con sujeción a la premisa que es responsabilidad y decisión soberana de cada país la tramitación de sus problemáticas, y por lo tanto no puede haber intervención ni injerencia externas.
Ese principio de la soberanía se ha venido atacando mediante el uso de diferentes argumentos o el despliegue de discursos neo-colonialistas por los centros de poder mundial, como si tuvieran autoridad moral, de la que ciertamente carecen, cuando hablan de democracia, derechos humanos, derechos de los pueblos o libertad.
La falacia de origen
Cuando tras los hechos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Pennsylvania y Washington, se produjo una «respuesta» de los EE.UU., muchas de sus decisiones se vieron lógicas, pero poco se sabía, como sí se conoce hoy con amplia documentación, que esa «reacción» era parte de un plan concebido para la conquista armada de amplias zonas del planeta, donde existían graves conflictos generados precisamente por la política de los EE.UU. y sus aliados, algunos de los cuales, como los Talibán en Afganistán, pasaron de ser «necesarios» a ser «incómodos», estando de fondo la explotación de recursos, particularmente del petróleo, y la apertura de rutas estratégicas para el acceso a bienes fundamentales para la globalización capitalista, en pro de la mayor concentración de riqueza por parte de compañías privadas y el posicionamiento de determinados Estados en el reparto mundial.
De ese modo, parte de las consideraciones y alcances de las Resoluciones que la ONU adoptó desde 2001, como la que Duque menciona hoy, son falaces o están viciadas en el origen, es decir nacieron de manera ilegítima al estar basadas en la manipulación y tergiversación, pues dicha reacción de los EEUU hacía parte de una estrategia, que luego se confirmó con las mentiras que desembocaron en invasiones como la que en 2003 hizo contra Irak, argumentando la existencia de armas químicas y de destrucción masiva.
Vino entonces la guerra, la ejecución de Sadam Husein, y las más de un millón cien mil muertes en ese país, que han quedado en la impunidad, causadas por las maniobras que EE.UU. lleva a cabo en busca de petróleo y dominio político; como lo hizo al patrocinar al Estado Islámico y otras marcas, o como lo quiere hacer hoy en Venezuela. Todo eso gracias a la llamada «guerra antiterrorista» que desde 2001 se extendió para gloria de Bush y desgracia de la humanidad, siendo Uribe un acólito, y que hoy Trump reedita asignándole a Duque un papel vasallo.
El argumento es que: hay terrorismo internacional, hay Estados protectores de grupos terroristas, hay un derecho inmanente reconocido de legítima defensa individual o colectiva y debe darse una respuesta a esa amenaza. De ahí que esa Resolución 1373 de 2001 [2], indique que no se pueda dar cobijo ni proporcionar apoyo alguno a los terroristas extranjeros. Se interpreta que los buenos policías del mundo, como los EE.UU., deben velar por la seguridad de todos, acudiendo a la ONU y a las obligaciones internacionales de prevenir y reprimir todas las acciones que tengan que ver con esas agrupaciones que causan terror.
Así, lo que Duque busca es que la gente se crea que Venezuela promueve o colabora con el «terrorismo del ELN». Eso autorizaría no sólo que no haya un proceso de paz, sino una invasión contra ese país «cómplice», derrocando al «dictador», estableciendo las bases de la «democracia», asegurando el patio y cumpliendo con el papel de guardián del mundo. De paso la riqueza del petróleo estaría en mejores manos, y no en las del pueblo venezolano. A renglón seguido agregó Duque que el mandatario venezolano sería un «criminal de lesa humanidad».
¿Sabe Duque dónde se mete? ¿O Macías sabe?
¿Sabe el Presidente lo que es abrir la caja de Pandora con todos los males del mundo invocando la «lucha anti-terrorista», legada por Bush? ¿Sabe éste todo lo que hoy existe probado en el mundo entero sobre el terrorismo promovido directamente desde hace muchas décadas y en tiempos recientes por EE.UU? ¿En sus tiempos en Washington leyó alguna vez a Noam Chomsky?
Duque en su reciente viaje a Europa tuvo tiempo de reflexionar sobre lo que Johan Galtung, el teórico noruego de paz más famoso, ha escrito desde los noventa sobre el «Fundamentalismo USA» y los pilares teológico-políticos de la política exterior gringa. ¿Ha leído los informes preliminares sobre Colombia producidos por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? ¿Sabe qué es la cadena de mando y que él es el comandante en jefe de unas Fuerzas Armadas indiciadas por sistemáticos crímenes de lesa humanidad y por crímenes de guerra? ¿Sabe que durante su administración ya van cerca de cien asesinatos políticos de líderes y lideresas sociales, así como de defensores de Derechos Humanos?
Un Camino de Solución
El 30 de marzo de 2016 el Estado colombiano firmó un Acuerdo con el ELN [3], que contiene una Agenda de conversaciones para «terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad». Lo hizo mediante representantes que actuaron por orden directa del Presidente y autorizados por leyes que se mantienen vigentes. A los once días de esa firma en Caracas, el Estado colombiano ratificó esa voluntad y expidió la Ley 1.779 de abril 11 de 2016, en la que claramente afirma que este proceso de paz nos concibe como una organización insurgente, con unos rasgos tales, «de conformidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario», como tener o estar «bajo la dirección de un mando responsable», y que ejercemos «sobre una parte del territorio un control tal» que nos permite «realizar operaciones militares sostenidas y concertadas», véase el Parágrafo 1º del artículo 1º de esa ley [4].
Misma Ley que deja claramente la siguiente disposición: «Se entiende por miembro-representante, la persona que el grupo armado organizado al margen de la ley designe como representante suyo para participar en los diálogos, negociación o suscripción de acuerdos con el Gobierno nacional o sus delegados».
Presidente Duque, no pase a la historia imitando a Bush o a Uribe, quienes sí tienen deudas con la humanidad por crímenes que justificaron en una supuesta lucha contra el terrorismo. Vea los instrumentos de su propia juridicidad, su ley, vaya a la Mesa de conversaciones, respete la decisión del ELN de nombrar sus miembros-representantes.
Notas:
[2] https://undocs.org/es/S/RES/1373%20
[3] http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/Documents/agenda-dialogos-paz-gobierno-eln.pdf
[4] http://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/NORMATIVA
Fuente: http://eln-voces.com/duque-anti-terrorista-juez-parte/