La expulsión del ciudadano venezolano Carlos Pino García, ocurrida en la mañana del pasado 20 de diciembre, por disposición administrativa de la oficina de Migración Colombia, constituye no solo una ofensa y una afrenta a las tradicionales relaciones de hermandad y cooperación pacífica entre los pueblos de Colombia y Venezuela, sino un episodio desafortunado que […]
La expulsión del ciudadano venezolano Carlos Pino García, ocurrida en la mañana del pasado 20 de diciembre, por disposición administrativa de la oficina de Migración Colombia, constituye no solo una ofensa y una afrenta a las tradicionales relaciones de hermandad y cooperación pacífica entre los pueblos de Colombia y Venezuela, sino un episodio desafortunado que se inscribe dentro de la escalada de provocaciones contra el gobierno del hermano país, y recrea un ambiente propicio para un futuro rompimiento de relaciones, objetivo ya anunciado por el presidente Iván Duque, para el mes de enero próximo.
Carlos Pino, residente en Colombia desde hace 18 años, funcionario no diplomático de la Embajada de Venezuela en Bogotá, casado con una ciudadana colombiana y padre de un hijo, es una persona de extraordinarias cualidades humanas, de honestidad política a toda prueba. Un estudioso de la realidad política venezolana, colombiana y latinoamericana. Los mayores esfuerzos de su trabajo los dirigió hacia el afianzamiento de la paz entre dos pueblos hermanos, a alejar cualquier asomo de confrontación bélica a través de la frontera.
Es lógico que, en un ambiente de constantes provocaciones contra su país, como lo demostraron las anteriores administraciones de Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, y ahora la de Iván Duque, Carlos Pino estuviera atento y vigilante en la defensa de los intereses de su gobierno y de su pueblo. A la cancillería colombiana, esto le parece que se asemeja a una conducta de «espionaje», de un peligro para la «seguridad nacional» colombiana. Pero en términos sencillos, eso se llama patriotismo. El ejemplo del trabajo de Pino se funde en el ideario bolivariano, que hermanó a nuestros dos pueblos, desde la cuna de la independencia del yugo español.
La expulsión de Carlos Pino se da en el marco de una mayor escalada antivenezolana por parte de las autoridades colombianas. Cuando la política exterior de nuestro país dirige sus mayores esfuerzos a buscar una coalición de países que propicie un mayor aislamiento del gobierno legítimo de Venezuela, cuando está próximo a iniciarse un nuevo período presidencial de Nicolás Maduro. Y esa política es orientada hoy por la gestión guerrerista del asesor de seguridad de los estados Unidos, el señor John Bolton.
Quienes nos agrupamos en el Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba, en las casas de solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela, en el movimiento de solidaridad con los pueblos de Bolivia y Nicaragua, hoy agrupados en un naciente movimiento de solidaridad con los pueblos del ALBA-TCP, condenamos la expulsión del funcionario venezolano Carlos Pino García.
Expresamos la solidaridad con su esposa, la destacada defensora de derechos humanos Gloria Flórez Schneider; abogamos por el reencuentro de Carlos Pino con su hijo.
Compartimos el criterio de la familia y los allegados de Pino en Colombia que estamos ante un «falso positivo», pues la medida contra Pino no es producto de una decisión judicial, sino de un acto administrativo del gobierno de Iván Duque.
Rechazamos la idea de que este incidente sea utilizado como chivo expiatorio para deteriorar aún más las relaciones con el gobierno venezolano, en momentos en que se acercan las celebraciones del bicentenario de nuestra Independencia y del anhelo de construcción de una patria latinoamericana común.