La grave crisis que vive la democracia colombiana nos está llevando a un dilema encarnado en el destino mismo del actual presidente Iván Duque Márquez: autoritarismo o apertura democrática, guerra o paz, golpe de estado o renuncia. Por ahora, estamos presenciando una nueva modalidad de autogolpe: el autogolpe gradual. Sin necesidad de anunciarlo al estilo fujimorista, Duque y su grupo en el poder concentran hoy más poder legal y real que cualquiera de sus antecesores tras la caída de Rojas Pinilla, lo que no implica lastimosamente que el desequilibrio antidemocrático no tienda a agudizarse aún más.
Se percibe un clima de caos, que al mismo tiempo que posiciona salidas autoritarias permite los mayores desafueros del Ejecutivo. Se vive una ola de violencia funcional a aquellos que promueven una mayor militarización del país y a darle continuidad al conflicto social armado ante la perfidia al Acuerdo de Paz. La escalada de muerte en Colombia parece la antesala a un golpe de estado. Las masacres en Nariño, el Cauca y buena parte de los territorios otrora ocupados por las Farc-EP, el genocidio a cuentagotas contra los excombatientes, la masacre contra manifestantes desarmados en Bogotá, el asesinato de Juliana en el Cauca por un miembro del Ejército no son hechos aislados, sino manifestaciones de una grave crisis humanitaria y de la generación de una zozobra que favorece el despotismo
Revisemos los pilares básicos de una democracia en la actual coyuntura colombiana: subordinación de las FF. MM. al poder civil; equilibrio de poderes entre las ramas y órganos del Estado; ejercicio efectivo de las libertades civiles y garantías democracia; confianza y legitimidad de los procesos electorales. Es tal la actual asfixia democrática, que es inevitable pensar respecto a Duque, que hijo de turbayista, sale represivo.
¿Cuáles son los logros militares del Gobierno Duque? Bombardeo a niños, perfilamiento a opositores, violación permanente a los DD. HH. de la población civil, cúpula castrense cuestionada por DDHH, presencia irregular de tropas extranjeras, participación en ejercicios de guerra internacional utilizando nuestro territorio, desconocimiento de las autoridades locales y de los fallos judiciales, masacre policial y represión violenta a la protesta con amparo jurídico del fuero penal militar e hipertrofia del presupuesto militar para el 2021 a más de 37 billones. Este apretado resumen expresa el poder real omnímodo de la Fuerza Pública, sus sectores económicos y sus áulicos como el ministro Holmes Trujillo, al punto que el presidente Duque termina literalmente uniformado con ellos. Con estas gabelas a militares y policía ¿Para qué se necesita un cuartelazo? Hay de facto en nuestro país un gobierno autoritario sustentado –y condicionado- por el poder militar, como lo llamara el Mayor Bermúdez Rossi, y es claro que el presidente respalda y es respaldado por la facción mayoritaria de la fuerza pública.
Miremos el llamado equilibrio de poderes. Duque y su partido tienen medio Estado en el bolsillo: fiscal, procuradora, defensor del pueblo, y próximamente podrían consolidar mayorías en el Banco de la República y la Corte Constitucional. Entre fichas gubernamentales y amigos personales del Presidente, la independencia de las ramas del poder y órganos de control ha sido reducida a una ficción. Esta concentración de poder no solo demuestra el anacronismo de los mecanismos actuales para la elección de los altos cargos del Estado, sino que exige una reforma política de fondo al respecto.
Pero la cosa no para allí, ratificando que el autogolpe gradual ya se está dando. No contento con coleccionar entes supuestamente autónomos, el Gobierno de Duque ha suprimido de facto las competencias de las autoridades locales en lo que respecta al manejo del orden público implantando primero las llamadas ZEEI ( Zonas Estratégicas de Intervención Integral) que pone territorios en conflicto a discreción de los mandos militares y ahora promoviendo la insubordinación policial en las ciudades, dando al traste con la descentralización desarrollada por la Constitución de 1991. De igual forma la pandemia y la crisis del orden público ha sido aprovechada para que el presidente gobierne bajo un estado de excepción permanente, haciéndonos recordar el nefasto estado de sitio perenne de la Constitución de 1886, recortándole las facultades a un legislativo virtualizado al que se le niegan mediante argucias de todo tipo, el ejercicio efectivo del control político. Entre un Congreso virtual con un presidente legislando por decreto, y el cierre del parlamento solo hay un tenue matiz, que en medio de la crisis propiciada por el mismo Gobierno Nacional se puede cruzar en cualquier momento y sin mucha resistencia de ciertas bancadas que han demostrado ser bastante venales.
Igualmente, el gobierno Duque está convirtiendo las altas cortes en ornamento al desconocer impunemente sus sentencias. Si el rechazo presidencial a la medida de aseguramiento contra el exsenador Uribe Vélez ya era una intromisión inadmisible, el desacato en curso contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que protege el derecho a la protesta, o la burla al fallo del Tribunal de Cundinamarca que suspendía a la brigada militar norteamericana en el país, en la práctica equivalen a licenciar a los togados. A propósito, tras más de 3 meses de su proscripción legal las tropas gringas siguen aquí. ¿A dónde va a llegar el totalitarismo presidencial y su peligroso sometimiento a la campaña electoral de Donald Trump?
En tercer lugar hablemos de los indicadores reales de la democracia colombiana: las garantías de nuestros derechos civiles. Más de 60 masacres en lo corrido de 2020, más de 230 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados, al igual que 573 líderes sociales y de derechos humanos solamente durante el gobierno Duque. Complementan el panorama la represión violenta contra el derecho a la protesta, los seguimientos y hostigamientos legales e ilegales contra la oposición política y social, el linchamiento mediático y la promoción de ideologías fascistas, discriminatorias y antidemocráticas, así como la continuación de la llamada “guerra jurídica” que no es otra cosa que la criminalización de la oposición con el guiño de un Fiscal apéndice del Gobierno Nacional. La semana anterior hubo denuncias de que Barbosa y Holmes preparan una masiva cacería de brujas judicial, retornando a la triste práctica de montajes judiciales. Si esto llega a ser cierto estas “pescas milagrosas” de la Fiscalía harían ruborizar jornadas similares de las dictaduras del Cono Sur y el autogolpe estaría consumado. Sin embargo ni el Ejecutivo ni la Fiscalía responden.
Lo que para algunos países fue un nefasto periodo de abiertas dictaduras militares, para Colombia se nos vende solapadamente como una especie de “nueva normalidad”, que no obstante, no logra ocultar su carácter antidemocrático. Hoy están negadas de facto las libertades civiles para la mayoría de la población, tanto para las comunidades sometidas a la violencia en los territorios, como para los que realizamos oposición al autoritarismo presidencial o ejercemos el derecho a la movilización. Está avanzando el autogolpe.
Finalmente, miremos la transparencia electoral. La continuidad de Duque en la presidencia es en sí mismo la afirmación de la ausencia de garantías en el proceso electoral en nuestro país. En medio de la paquidermia de un CNE politizado y una Corte Suprema hostigada por el presidente, sigue abierta la investigación de la llamada “Ñeñepolítica” que solo demuestra la intervención de fuerzas ilegales para poner a Duque en la presidencia. Los elementos probatorios son de tal calado que la Corte mantiene la competencia sobre el exsenador Uribe y sobre varios parlamentarios del partido de Gobierno involucrados en este escándalo que sumado al testimonio de la exparlamentaria Aida Merlano, hacen ilegítima la elección de Duque, curiosamente el presidente que mayor poder haya acumulado en el último medio siglo. Incluso aplicando la vieja máxima turbayista de reducir la corrupción a sus justas proporciones, esto implicaría cuando menos la renuncia de Duque y de su fórmula vicepresidencial, hasta que no sean juzgadas estos hechos, y -ya que está de moda entre los uribistas- hacer público el caso de la Ñeñepolítica para que todo el país tenga acceso a la verdad, así como darle trámite a las necesarias compulsas de copias derivadas de las denuncias de Merlano.
No hay subordinación del poder militar al civil, no hay independencia de poderes ni de organismos de control, no hay garantías democráticas ni goce efectivo de los derechos civiles, y no hay transparencia ni equilibrio del sistema electoral. Todas estas transgresiones antidemocráticas, si bien vienen de atrás, han sido exacerbadas para y por Duque. Si Duque continua como si nada, las elecciones de 2022 serán en medio de una dictadura cívico-militar maquillada, porque el autogolpe en curso se habrá consumado. Gran reto tenemos las fuerzas comprometidas con la paz y la democracia en Colombia.