Amparado en el estado de emergencia, el gobierno colombiano se ha dedicado a expedir decretos-más de 40- y violar acuerdos; saquear recursos del Estado y entregarlos a banqueros, grandes industriales y altos empresarios, militarizar campos y ciudades, y a evaporar la soberanía, como el acto de obediencia a Craig Faller, jefe del Comando Sur de los EEUU y de Goldberg embajador de los EE.UU en Colombia, la reciente entrada de la brigada élite del Ejército de EE.UU, es expresión de ello; ya estaban las bases, decenas de funcionarios y “asesores” norteamericanos en Colombia; hoy Duque oficializa el proceso de intervención militar.
Como era de esperarse, la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha sido convertida en dispositivo de contrarreforma y acondicionamiento para un Estado autoritario y represivo, que se amolde a una fase próxima de reacomodamiento del capital financiero militarista global; la excusa perfecta para desatar el absurdo previsible del Plan Colombia 2.0 en medio de la pandemia.
La llamadas operaciones antidrogas, tan desacreditadas por su demostrada inutilidad y tan usadas como coartada para la intervención militar extranjera, la violencia contra el campesinado, el favorecimiento a emporios como Bayer-Monsanto, y la entrega al capital privado y financiero de áreas del territorio nacional y sus recursos; hoy se relanzan sin mucha publicidad en varias regiones del país.
El gobierno Duque pasa por alto la sentencia de la Corte Constitucional T-236 de 2017, que impuso condicionamientos para reanudar las fumigaciones, entre ellas la participación de las comunidades afectadas en las decisiones que afectan el territorio, también soslaya la recomendación en el sentido que el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá tener en cuenta el Punto 4 del Acuerdo de Paz, firmado con las Farc y que hace referencia a la «Solución al problema de las drogas ilícitas».
Desde 2018, EE.UU., dijo estar “listo para reiniciar el programa de fumigación en cualquier momento”. A pesar de que el mismo Departamento de Estado había indicado en 2013, que la erradicación aérea se estaba volviendo ineficaz. https://www.las2orillas.co/monsanto-nos-enferma-y-bayer-nos-medica/. Hoy nos encontramos en una avanzada del Ejército en distintas zonas del país; región del Guayabero (Meta-Guaviare) Putumayo, Pacífico Nariñense, Nudo del Paramillo, Cauca y Catatumbo. Estas comunidades han realizado concentraciones pacíficas, en contra del incumplimiento por parte del Estado, en la implementación del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso ilícito (PNIS), del punto 4 del acuerdo de la Habana, y reclamando soluciones inmediatas a los efectos sociales derivados del manejo indigno de la crisis de la pandemia, en relación con el campo; ya que el gobierno no cumple con la sustitución de cultivos, más si importa toneladas de papa y maíz desde otros países.
Los campesinos cuentan con todos los argumentos a favor; han demostrado su voluntad de adelantar los planes de sustitución de cultivos de uso ilícitos, la misma ONU reconoce que los campesinos han cumplido ya en algunas regiones con el 97% de erradicación voluntaria, mientras que el gobierno no ha cumplido su parte.
Así, mientras los campesinos esperan al gobierno nacional y departamental, para concertar planes de sustitución, el régimen responde con violencia, los medios masivos hablan de enfrentamientos, pero ¿Qué enfrentamiento es posible, entre campesinos con palos y cientos de militares con fusiles automáticos, ametralladoras, cuerpos del Esmad y helicópteros que los atacan, incendian sus viviendas y queman sus alimentos de pan coger?
Lo que sucede realmente es que el procedimiento de erradicación forzada del gobierno y los EE.UU, es un instrumento para ejecutar, un plan integral de expulsión de los campesinos que ocupan las áreas de parques nacionales, y de reserva campesina, ya que necesitan dichas tierras para entregársela a las petroleras, a las multinacionales que quieren el control sobre las reservas de agua, empresas de turismo, y a otros negocios del capital transnacional.
Por eso no debe sorprender el que estas regiones vulneradas, coincidan con los puntos donde operarán las tropas élite de los EE.UU, que acaban de desembarcar ilegalmente en Colombia. Y Al igual que la Casa Blanca sólo hasta el año 2003 aceptó los verdaderos propósitos del llamado Plan Colombia, cuando el Congreso de EE.UU. autorizó el uso de sus recursos para combatir a la guerrilla y a la oposición social y política; que no quepa duda que actualmente el objetivo son las organizaciones campesinas e indígenas; menguarlas, debilitarlas y desplazarlas para copar y explotar el territorio.
Sólo en la semana que acaba de pasar fueron asesinados 7 líderes sociales; también familiares de exguerrilleros, un campesino, Ariolfo Sánchez fue ejecutado por el ejército en Antioquia, sin embargo la comunidad impidió que los militares se llevarán el cuerpo sin vida, y lo hicieran pasar como baja en combate. En los últimos días, tres campesinos y un indígena awá fueron asesinados en medio de operativos de erradicación forzada de cultivos de coca, el 2 de junio dos campesinos Arcángel Pantoja y Omar Agudelo, afiliados a la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba fueron asesinados, el 21 de mayo fue asesinada la líder social Olga Lucía Hernández en Cumaribo Vichada. La Coordinadora COCCAM, denunció que el pasado 18 de mayo tropas del Ejército Nacional asesinaron al presidente de la JAC y miembro de Ascamcat Emérito Digno Buendía e hirió a cuatro campesinos más, alegando intercambio de disparos cuando los campesinos sólo portaban palos y machetes.
El 4 y 5 de junio pasados, tropas de la Fuerza de Tarea conjunta Omega, FUDRA No. 1 adscrita al batallón de la Macarena, al mando del general Raúl Fernando Flores, atacaron protesta pacífica en la vereda Tercer Milenio en Vista Hermosa Meta; que hacía frente al operativo de erradicación forzada. A esta fuerzas se le sumaron 12 helicópteros militares y 300 hombres vestidos de Esmad aunque sin distintivos, quienes arremetieron contra la población civil con bombas aturdidoras, gases lacrimógenos, garrotes, ráfagas de fusil y ametralladoras, quemaron viviendas, y utensilios de los campesinos que esperaban a la delegación del gobierno nacional y departamental. Los hechos dejaron varios civiles heridos graves, entre ellos al periodista Fernando Montes Osorio, corresponsal de “Voces del Guayabero”. El comunicador fue víctima de “disparos de alta precisión”, uno de ellos le destrozó la mano amputándole dos de sus dedos, el otro averió su equipo de trabajo fotográfico.
Así también propietarios de las fincas aledañas denuncian “tala indiscriminada de bosques, daños a las cercas de los ganados, y ametrallamiento indiscriminado a las ficas por la Infantería de Marina”. Sobre el río Guayabero, las lanchas de la Armada Nacional intentan cerrar las cadenas de abastecimiento de alimentos, como intento por asfixiar la movilización de 1500 campesinos.
Es indudable que en Colombia habrá un levantamiento social, las causas son miles, los EE.UU y el régimen colombiano lo saben y se preparan para reprimirlo violentamente; según denuncia presentada por el senador Wilson Arias “se ha proyectado un gasto de 2 billones de pesos para comprar 47.000 cartuchos de gas, 11.000 granadas de aturdimiento, 23.700 balas marcadoras, 5.000 granadas multimpacto y 13.467 mil cartuchos calibre 12”. A lo anterior se suman 18 nuevas tanquetas para el Esmad.
“Si el gobierno no nos toma en cuenta continuarán las movilizaciones”, “El gobierno se aprovecha por la pandemia, pero hemos demostrado que somos unidos”. aseguran los campesinos del Guayabero, ¡Si no hay justicia, no hay paz!, es el lema que hoy recorre el mundo como eco de los recientes hechos en EE.UU.