Estamos en vísperas de la reactivación de la guerra contra las drogas por parte del gobierno uribista de Iván Duque.
En medio de la tormenta desatada por la gigantesca movilización popular, con visos de insurrección revolucionaria en algunos territorios (Cali, Cauca y Bogotá), y con la emergencia de nuevos liderazgos como la Minga Indígena y los Misak, el aparato militar y policial está prácticamente listo para poner en movimiento la flotilla de avionetas ubicadas en San José de Guaviare con el objetivo de avanzar en la fumigación con glifosato de amplias zonas con cultivos de la hoja de coca en Nariño, Putumayo, Meta, Cauca, Guaviare, Caquetá, Sur de Bolívar, Choco y el Catatumbo.
Esta funesta campaña se adelantará no obstantes las advertencias sobre los daños ambientales, cancerígenos y sociales del uso de un plaguicida comprobadamente letal.
La fumigación en su fase inicial es más bien otro capítulo de la “guerra contra las drogas” promovida por el gobierno del señor Biden que tiene todas las características de las guerras contrainsurgentes para sofocar los focos de rebeldía y resistencia contra la dominación oligárquica con la consiguiente tragedia en materia de derechos humanos objeto de la más sangrienta vulneración en los escenarios de la confrontación de esta campaña antinarcóticos.
La fumigación con el glifosato es prácticamente la destrucción de la política de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito que se pactó en los acuerdos de Paz del gobierno del señor Santos. Adicionalmente es la negación de la Reforma rural integral incluida en dichos pactos para superar la guerra contra las Farc, que es la alternativa para dotar de tierra y apoyos técnicos y financieros a miles de campesinos cocaleros que han debido dedicarse al cultivo de la coca como forma de supervivencia.
Hay un ingrediente político que no debe descuidarse en esta movida de Duque y es desviar la atención del Paro nacional, en momentos en que su impacto ha sido demoledor para el régimen político en su conjunto.
Por supuesto, las fumigaciones ya están siendo contestadas por los campesinos cocaleros con formidables movilizaciones en Algeciras, Huila, donde se han concentrado centenares de cogedores de coca del Caquetá, Huila y Putumayo; en el Meta y Guaviare, con la Marcha campesina cocalera del Guayabero, que exige la eliminación del Plan Artemisa, supuesta campaña ambiental del Ejercito, y la democratización de las inversiones de las regalías petroleras, monopolizada en procesos de corrupción por el señor Zuluaga, el Gobernador del Meta, con veleidades neo paramilitares, como representante de la nueva “oligarquía Llanera”; en el Zulia, con columnas campesinas del Catatumbo, al igual que en Ariguani, Departamento del Cesar; en el sur del departamento de Córdoba con extensión al Bajo Cauca antioqueño; el Cauca, con las concentraciones en el Bordo y el Tablón, Nariño; y en Tumaco, principal complejo cocalero colombiano.
En los próximos días veremos bloqueos y cortes de carreteras (Panamericana, Taraza, Villavicencio, Norte de Santander, Llorente, Guayacana, Pitalito, Algeciras y San José del Guaviare), e incluso bloqueo de algunas ciudades, con la presencia de los nuevos repertorios de lucha adquiridos en el reciente Paro nacional (como la “Primera Línea”, los puntos de resistencia y las Asambleas populares), que parece entrar en repliegue por cuenta del Comando nacional del paro y del candidato presidencial Gustavo Petro, ocupados en menesteres electoreros y en cálculos politiqueros presidenciales, típico de su oportunismo político.
La movilización de los cocaleros confirmara lo complejo y heterogéneo del reciente Paro nacional que ha ocurrido sin las lógicas de las viejas luchas centralizadas y burocratizadas del inveterado sindicalismo reformista acomodado a las prebendas y migajas concedidas por los dueños del capital y del poder político estatal en manos del uribismo.
Entramos pues en un nuevo capítulo del alzamiento nacional popular colombiano y seguramente asistiremos a nuevos episodios de violencia militar y policial con el Esmad al frente de las acciones más sangrientas contra los manifestantes.
Esta violencia está advirtiendo, por lo demás, que Colombia entro en un Tercer ciclo de la guerra que tendrá sus principales escenarios en los espacios urbanos de las grandes ciudades del país.