El jefe del Ejército colombiano, el general Nicacio Martínez, cuestionado por la oposición, los movimientos sociales y organizaciones humanitarias nacionales e internacionales por ejecuciones extrajudiciales de civiles realizadas por tropas bajo su mando, fue relevado de su cargo después de protagonizar un año lleno de polémicas. El presidente Iván Duque anunció el cambio, rodeado de […]
El jefe del Ejército colombiano, el general Nicacio Martínez, cuestionado por la oposición, los movimientos sociales y organizaciones humanitarias nacionales e internacionales por ejecuciones extrajudiciales de civiles realizadas por tropas bajo su mando, fue relevado de su cargo después de protagonizar un año lleno de polémicas.
El presidente Iván Duque anunció el cambio, rodeado de la cúpula militar. «Tuvimos una conversación profunda donde reconocimos su gran servicio al país y hemos tomado la decisión para que deje la comandancia del Ejército. Él me ha expresado sus motivos familiares, los cuales he acogido con sentimiento de gratitud», dijo el mandatario al anunciar al reemplazante de Martínez, el general Eduardo Zapateiro.
Zapateiro fue director de la Escuela de Cadetes del Ejército, de la Escuela José María Córdova; comandante del Batallón Colombia en el Sinaí y del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Lideró en 2008 la operación que resultó con la muerte del comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano, que provocó tensiones diplomáticas con el entonces gobierno de Rafael Correa.
La salida del general Martínez se da en medio de una crisis de popularidad de la administración de Iván Duque, con más del 70 por ciento de desaprobación ciudadana, y de los anuncios de cambios en su gabinete.
Martínez deja el cargo tras exactamente un año de gestión y al final de una semana en la que fueron asesinadas seis personas, entre ellas dos ambientalistas y líderes sociales en distintas regiones de Colombia y en medio de una crítica situación de seguridad en el país. Su gestión duró exactamente un año y estuvo marcada por un vendaval permanente.
Fu acusado de ser autor de una polémica orden castrense que exigía duplicar resultados (número de muertos) por su participación como segundo al mando de una brigada ya señalada anteriormente por el asesinato de civiles entre octubre de 2004 y enero de 2006.
En mayo, la comandancia del Ejército ordenó a sus tropas duplicar la cantidad de bajas y capturas en los combates. La directiva fue fuertemente criticada incluso por oficiales de alto rango, quienes vieron en la iniciativa una vuelta a un periodo donde se multiplicaron los escándalos de los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados como bajas de guerrilleros en combate.
Martínez negó su participación en el caso de los falsos positivos ocurridos hace 15 años, tras asegurar que su papel en la brigada se reducía a tareas administrativas. La Fiscalía considera que 23 de 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los departamentos de La Guajira y del Cesar se remontan a dicha etapa.
Además es investigado disciplinariamente desde mayo por la Procuraduría, que vigila a los funcionarios públicos, tras la publicación de un artículo ese mes del diario The New York Times sobre que ordenó a un mando militar duplicar el número de muertes en combate, capturas y rendiciones de guerrilleros, a cambio de incentivos económicos o recategorizaciones de puestos.
Pese a todos estos señalamientos, el presidente ultraderechista Iván Duque, lo mantuivo en su cargo, mientras el Senado lo ascendía a general de cuatro soles en medio de la polémica.
Las críticas al Ejército se recrudecieron cuando se conoció del asesinato a manos de soldados de un excombatiente de las FARC, Dimar Torres. La revista Semana afirmó que se trat´po de un asesinato, lo que revivió nuevamente el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales. La Fiscalía calcula que las fuerzas armadas perpetraron al menos 2.248 asesinatos entre 1998 y 2014.
El 59 por cientos de esas muertes ocurrió entre 2006 y 2008 bajo el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, acusado de genocidio, mentor de Duque. Los militares engañaban a jóvenes para llevarlos lejos de sus hogares, asesinarlos y presentarlos como guerrilleros abatidos en combate
Luego de ello, en noviembre se hizo público el bombardeo contra las supuestas disidencias de las FARC en agosto, y donde murieron siete menores de entre 12 y 17 años. El senador Roy Barreras, del partido del expresidente Juan Manuel Santos, denunció entonces que el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, intentó ocultar esas muertes.
Días después del hecho, Botero optó por dimitir del cargo. Barreras también denunció como falso positivo el caso de Flower Trompeta, que ahora investiga la Fiscalía. «Demostré que murió fusilado por la espalda cuando intentaba refugiarse en la casa de su abuela», sostuvo Barreras.
Camilo Rengifo Marín, Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)