Las comunidades que habitan en los municipios de El Bagre y Nechí, desde el día lunes 14 de mayo vienen siendo víctimas de muy probables prácticas ecocidas, cuya responsabilidad recaería sobre la empresa Mineros S.A. El jueves 17 de mayo, con el apoyo del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, algunas personas de […]
Las comunidades que habitan en los municipios de El Bagre y Nechí, desde el día lunes 14 de mayo vienen siendo víctimas de muy probables prácticas ecocidas, cuya responsabilidad recaería sobre la empresa Mineros S.A. El jueves 17 de mayo, con el apoyo del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, algunas personas de estas comunidades aledañas, se encontraban en un proceso de capacitación ambiental, para lo cual realizaron un recorrido por el río Nechí, en las zonas de El Pital, la Esperanza, la quebrada San Pedro, los humedales El Socorro y San Pumoso, entre otros, ubicados en jurisdicción del municipio de Nechí. En dicho trayecto se percataron de una alta mortandad de peces y otras especies, así como de cambios drásticos en el aspecto y composición de las aguas que conforman estos ecosistemas, lo que podría configurar un posible ecocidio.
En dicho recorrido se logró establecer la ruptura de un jarillón ubicado en un caño de desvío de aguas construido por la empresa Mineros S.A., en la zona de El Pital, Ciénaga San Pumoso, en inmediaciones de la finca La Constancia; el cual funcionaba como mecanismo de represamiento y decantación de las aguas afectadas por el proceso de dragado, derivado del proyecto de explotación aurífera en la cuenca del río Nechí, que actualmente opera dicha empresa. Dichas aguas, de acuerdo con las comunidades afectadas, están altamente contaminadas y en estado de putrefacción, además de tener más de un año de estar represadas en dicho lugar. Señalan que una situación similar sucedió hace aproximadamente tres años.
Esta situación ha implicado graves daños socioambientales, teniendo en cuenta que las comunidades afectadas históricamente han obtenido buena parte de su sustento de los beneficios ecosistémicos que les ofrecen los humedales y ciénagas de estos territorios, máxime que en su mayoría son comunidades de pescadores artesanales.
Además de esto, las comunidades denuncian que se perciben malos olores debido a la putrefacción de las aguas, generada por la mortandad de peces, así como por las aguas que se liberaron y se han vertido sobre los humedales y ciénagas. Del mismo modo, se presentan brotes en la piel de niños y niñas, y existe un alto riesgo de situaciones de insalubridad, debido a que las aguas que consumen y usan las comunidades son precisamente las contaminadas.
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