Cuba implementa una estrategia para incrementar la producción nacional de alimentos, captar divisas, consolidar el sector no estatal y dinamizar la economía nacional.
El anuncio por las autoridades competentes de la puesta en práctica de una “estrategia económica y social para el impulso de la recuperación” ha generado múltiples reacciones y expectativas.
El hecho cierto es que tanto quienes diseñaron esta estrategia como los académicos que se han pronunciado al respecto, coinciden en la necesidad de tomar medidas que permitan lograr en el corto plazo, un aumento de la producción de alimentos que tribute a una mayor soberanía alimentaria, y un incremento de los ingresos en divisas que oxigene al país tras el shock de comercio exterior sufrido en estos meses.
La estrategia se basa en nueve principios referidos a: mantener la planificación centralizada, que no significa asignación centralizada de recursos; defender la producción nacional y desterrar la “mentalidad importadora”; aplicar en mayor medida la regulación indirecta de los mercados; mayor complementariedad de los actores económicos; el papel dinamizador de la demanda interna; dotar de mayor autonomía de gestión al sector empresarial; implementar “aspectos claves ya aprobados” sobre las diversas formas de propiedad; garantizar a través de incentivos y otros resortes, la competitividad, el ahorro y la motivación por el trabajo; la protección del medio ambiente.
Bajo estos principios, se anunciaron varias medidas que pudieran agruparse en los siguientes propósitos: incrementar la producción nacional de alimentos, para garantizar una necesidad fundamental de la población; generar divisas en medio de una crisis profunda de recursos financieros externos a partir de la combinación de la caída de los ingresos y el incremento de los gastos; y dinamizar la actividad económica nacional con la participación de todos los actores de la economía.
Seguridad alimentaria, un tema pendiente
Sobre la urgencia de ampliar la producción nacional de alimentos y lograr que esos incrementos se traduzcan en mejoras del consumo de la población, todo bajo un enfoque de seguridad alimentaria, poco puede decirse que sea novedoso. Es, a opinión de esta autora, el mayor tema pendiente de nuestra economía y uno de los más acuciantes problemas que enfrenta la población cubana.
A pesar de los esfuerzos que realiza el Estado para garantizar cierta provisión de alimentos subsidiados para todas las personas, lograr una dieta equilibrada de manera sostenida, es un dilema para quienes administran los hogares ya que las provisiones subsidiadas deben complementarse en espacios de mercado con precios elevados.
El azote de la pandemia, ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestra producción doméstica, el atraso del sistema de comercialización (que trata de actualizarse aceleradamente pero con muchos desafíos a través de las compras on-line), la necesidad de repensar y modernizar nuestras redes de protección social y de actualizar los registros de consumidores, y la insostenibilidad de un modelo de consumo basado en las importaciones de alimentos.
No obstante, si miramos atrás, en todas las estrategias concebidas en períodos previos el sector agropecuario ha constituido una prioridad; tanto así que fue receptor de recursos antes de la crisis de 1991, los cuales no se tradujeron tampoco en incrementos significativos de los rendimientos agrícolas.
Por ello, lograr que esta prioridad que se le confiere hoy se traduzca en una transformación profunda y radical, bajo enfoques modernos de producción que garanticen el cuidado del medioambiente y con una lógica de encadenamientos productivos que permita la satisfacción real de la demanda, es un gran desafío.
Medidas de impacto político y social
Vinculado a ello, la apertura de tiendas en MLC con oferta de productos de primera necesidad, como los alimentos, se reconoce como una medida con un fin marcadamente recaudatorio, pero de alto impacto político y social.
Garantizar los bienes de consumo básico en estos cuatro meses de covid-19, ha resultado complejo para buena parte de las familias cubanas, tanto por el desabastecimiento de las tiendas en CUC dada la contracción de la capacidad importadora, como por el hecho de que varias personas vinculadas al empleo formal han quedado interruptas viendo disminuidos sus ingresos.
Se sugiere valorar el costo-beneficio de mantener estas tiendas en el mediano plazo, que generan mayor diferenciación social y cuyo potencial recaudatorio debe menguar en el tiempo por la ausencia de fuentes de captación de divisas adicionales a las remesas.
Por otra parte, siguiendo el análisis de las medidas anunciadas, se aprecia que se beneficia al sector no estatal a partir de: la creación de mercados mayoristas para su abastecimiento (reclamado desde la reapertura del trabajo por cuenta propia en 2010); el impulso a las cooperativas no agropecuarias (cuya aprobación está paralizada hace unos años); la posibilidad de exportar sus productos, a través de 35 empresas estatales autorizadas con este fin; y el impulso a la creación de pequeñas y medianas empresas (aunque se abre esta posibilidad al sector estatal).
Un sector heterogéneo
El sector no estatal es heterogéneo en Cuba, tanto por tipo de actor como por la actividad a la que se dedica, la escala en la que lo hace, el mercado al que se dirige, entre los elementos más importantes. Incluye cooperativas (agropecuarias y no agropecuarias), trabajadores por cuenta propia (dueños y empleados), campesinos y otros privados.
Habrá que garantizar que todos tengan igual acceso, lo que no se logra con iguales oportunidades dadas sus diferentes condiciones de partida. Las políticas horizontales (fiscal, monetaria, crediticia) deberán jugar un rol mucho más activo y deberán diseñarse políticas de fomento para garantizar acceso real.
La ampliación del sector no estatal y su articulación con el estatal, es realmente una necesidad del país. Urge ampliar la oferta de bienes y servicios, generar empleos de calidad, y aprovechar al máximo todas las potencialidades internas en muchos casos subutilizadas.
Se recibe con beneplácito la decisión de eliminar el listado de actividades aprobadas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia y en su lugar establecer uno de actividades proscritas de ser realizadas.
Esta es una medida sugerida por el gremio académico desde el comienzo, en tanto el listado concebido limitaba el ámbito de acción del trabajo por cuenta propia a labores muy básicas, prácticamente obligaba a quienes deseaban realizar actividades más profesionalizadas a enmascararse tras una licencia que poco tenía que ver con su misión real, y lo que es más importante aún, no permitía aprovechar el mayor recurso de que dispone Cuba: la fuerza de trabajo calificada.
Potencial e inquietudes
Las medidas dirigidas a la ampliación del sector no estatal, y la creación de pymes, tienen un potencial para incidir en otras áreas como por ejemplo reducir la migración de personas jóvenes y formadas a partir de que vean mayores posibilidades de desarrollar sus proyectos de vida en Cuba; y mejorar la Tasa de Actividad Económica, sobre todo la femenina, siempre y cuando se implementen políticas de fomento adecuadas, como se ha expresado con anterioridad.
La posibilidad de crear pymes estatales, genera varias inquietudes cuya respuesta debe encontrarse en el texto de la estrategia: ¿bajo qué estructura organizativa surgirán estas pymes es decir, ¿pertenecerán a una OSDE? ¿una Unidad Empresarial de Base (UEB), podrá convertirse en una pyme?, entre otras interrogantes.
Más recientemente, se ha manifestado la puesta en vigor de facilidades para impulsar proyectos de desarrollo local, en los cuales todos los actores de la economía deben estar involucrados de manera coordinada lo que debe propender al logro de economías de escala con los recursos disponibles y al avance de territorios con desventaja socioeconómica.
En sentido general, opino, como muchos otros colegas economistas que se han pronunciado al respecto, que las medidas anunciadas van en la dirección correcta, pero que su éxito dependerá en gran medida de su implementación.
Por ejemplo, para hacer más coherente la implementación con los principios, debe abrirse la posibilidad de crear empresas no estatales o mixtas que compitan con las estatales en la actividad de exportación, en vez de pre asignar esta función a un grupo seleccionado de empresas.
Hoja de ruta
Aunque no se cuenta aún con la estrategia en su totalidad, se considera que esta es la hoja de ruta que debió acompañar a los Lineamientos para la Política Económica y Social aprobados desde 2011.
Todos los elementos expuestos hasta el momento, se contemplan de una forma u otra en esta plataforma programática, que constituye el estado de deseo al que se aspira pero que adolece de las medidas para lograrlo así como la secuencialidad, gradualidad, e interconexión de ellas.
Siendo así, la estrategia anunciada no debe considerarse una nueva estrategia, sino más bien la aplicación de varios elementos clave para la economía cubana, aprobados desde hace ya varios años.
Quizás, no existía entonces el necesario consenso para su puesta en práctica, y tal vez tampoco se haya logrado del todo en nuestros días, sin embargo, la crisis socioeconómica ocasionada por la covid-19 ha impuesto un desafío que exige acciones de impacto en el corto plazo.
Finalmente, la implementación de esta estrategia debe contemplar el diseño de políticas con criterios de equidad, ya que se conoce que, dada la heterogeneidad social existente en Cuba, su impacto puede significar la ampliación de brechas ya existentes.
Betsy Anaya, directora del Centro de Estudios de la Economía Cubana