En TeleSUR veo al compañero Evo, relatar cómo su primer encuentro con el inmortal Hugo, fue frustrado por algunos desubicados diplomáticos, que en el 2000 bloquearon la reunión del comandante con el parlamento indígena latinoamericano, porque «ahí había un diputado cocalero narcotraficante». Hoy pasa lo mismo en otras latitudes, valga entonces para apuntalar la necesidad […]
En TeleSUR veo al compañero Evo, relatar cómo su primer encuentro con el inmortal Hugo, fue frustrado por algunos desubicados diplomáticos, que en el 2000 bloquearon la reunión del comandante con el parlamento indígena latinoamericano, porque «ahí había un diputado cocalero narcotraficante». Hoy pasa lo mismo en otras latitudes, valga entonces para apuntalar la necesidad de divulgar los escenarios de agricultura cocalera colombiana, tan desconocida en Bolivia y Latinoamérica.
Dentro de la guerra más larga de la historia de América, además de los actores armados, también se enfrentan dos escenarios para los cultivos proscritos de la Coca, el de agricultura campesina y el terrateniente. Marx define los tres ángulos que enmarcan la contradicción del capitalismo, los llama Fórmula Trinitaria: Capital-ganancia, tierra-renta del suelo, trabajo-salario (El Capital, Tomo III, Cap. 48). En el escenario de agricultura campesina, el trabajo sumado a la tierra puede obviar al capital, mientras en el escenario terrateniente, el capital separa la tierra del trabajo, y gracias a ello lo sojuzga.
Escenario de agricultura campesina
En Colombia, el cultivo ancestral de la coca convive con explotaciones comerciales orientadas a un valor de uso narcótico, este último proceso se ha dado con trabajadores rurales desplazados de la frontera agrícola, con campesinos emigrados -de forma espontanea, o dirigida por el Estado- hacia terrenos baldíos de los bosques húmedos, en mayoría de la cuenca amazónica. Estos campesinos guardan similitud con los protagonistas de los lamentos del emprendedor Wakefield, quien como recoge Marx no pudo desarrollar su empresa en Norteamérica, en la medida que los obreros tercamente emigraban a las tierras del oeste, pasaban por alto el mercado laboral, y por ende el capitalismo, para procurarse ellos mismos su vida. (El Capital,, Tomo I, Cap. 25).
Pero en Colombia y Suramérica de la segunda mitad del siglo XX las causas de la migración, no fueron similares a las de los lamentos de Wakefield. En nuestro continente, la colonialidad adquirió ciudadanía republicana: instituciones coloniales como la hacienda, y vicios como el racismo, le han sobrevivido a 200 años de vida republicana. Así pues, la migración de los trabajadores agrarios, debe entenderse como un acto obligado por el monopolio terrateniente dentro de la frontera agrícola de nuestros países: es el poder latifundista, que monopoliza las mejores tierras cercanas a los mercados, lo que provoca la migración, no hacia las praderas del oeste norteamericano, sino hacía terrenos selváticos de suelos pobres en nutrientes. En el caso colombiano, este proceso se acelera por dos hechos: primero la guerra civil no declarada: la Violencia; y segundo como reacción a la Revolución Cubana. Así el Estado desde los años 60 del siglo XX, impulsa una supuesta reforma agraria, sin tocar al poder terrateniente, sino mudando campesinos sin tierra hacía los baldíos de las cuencas de 4 ríos: Amazonas, Orinoco, Magdalena y Catatumbo.
Estas cuencas tienen en común el bosque húmedo tropical, de suelos pobres y alta acidez, pero sobre todo lejos de los mercados, por las pésimas condiciones de la red vial del país. La colonización de estas zonas, en su mayoría impulsada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en ningún momento contó con una mínima planificación, y mucho menos con estudios agrológicos que evaluarán la vocación de los suelos selváticos que se estaban entregando. Estos colonos ahora tenían su trabajo y la tierra, pero les faltaba algo.
El problema central que generó el traslado a los baldíos, fue el choque entre la cultura agraria de campesinos desplazados desde los valles interandinos, y la realidad agroecológica de los suelos que los recibían. Por ejemplo con las familias que reclamaban tierras en Candelaria, departamento del Valle, desplazadas por los latifundios azucareros, se fundó en la cuenca amazónica, Puerto Limón, departamento del Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador. Estos campesinos conocedores de la cultura de la finca tradicional, que combina cultivos alimenticios, como frutas, verduras, plátano, frijol, café y cacao, con la cría de especies menores, empezaron a tener dificultades con los suelos amazónicos de calidad muy diferente, y con imposibilidad de sacar sus escasos excedentes a los mercados urbanos. Para que los colonos de los bosques húmedos colombianos, llegaran a equipararse con los farmers de la Norteamérica decimonónica, necesitaban un cultivo apto para sus suelos y comercializable.
Después de décadas de luchar contra el suelo adverso y a duras penas ganándole la batalla al hambre, en los años 70 empezaron a aparecer en estas zonas los esquejes de la especie de Coca traídas desde el trópico de Cochabamba: la Erythroxilum Coca. La planta existió siempre en Colombia como parte de la cultura de las naciones originarias, pero en pisos térmicos intermedios de las cordilleras de los Andes, y de la Sierra Nevada de Santa Marta, en variedades tradicionales de la especie Erythroxilum novogranatense, cuyo cultivo se destinada a satisfacer el consumo ancestral de hojas en una modalidad de mascado llamada mambeo. Esta especie tenía bajos rendimientos por hectárea en las laderas andinas, y menores en las condiciones del bosque húmedo. Mientras los esquejes bolivianos de Coca, resultaron ser el algo que faltaba: un producto rendidor y al que con un procesamiento mínimo en la propia finca, hasta llevarlo a pasta básica de Cocaína, se le controla la perecibilidad, impidiendo que lo dañaran ni en las pésimas vías, ni la alta pluviosidad de los baldíos que la reforma agraria le había entregado a los campesinos.
Además un producto, al que las FARC, le empezó a fijar un precio de sustentación alto: por ejemplo en el Catatumbo a fines de 1998, obligaba a los narcos a pagarles a los campesinos 1.000 dólares el kilo de pasta. Entonces con el nuevo producto, el campesinado logra mantener su independencia, sin someterse como obreros al capital, pudiendo eludir al mercado de trabajo, equiparándose así a los farmers que trasnochaban a Wakefield. Las nuevas variedades bolivianas, de partida orientaban la producción hacia el mercado, lo que significó un salto desde la agricultura de satisfactores individuales y comunitarios, hacia una con valor de uso mercantil. De esta manera se consolidaba la agricultura campesina, donde trabajadores con tierra podían obviar al capital.
Con la agudización del conflicto, la guerrilla asumió una estrategia para impedir la entrada de los paramilitares detrás del narco, así en algunas zonas del país bajo su control, en los últimos años hay una pequeña modificación del modelo expuesto. Desaparece la transacción directa entre el campesino independiente y el narcotraficante, en cambio aparece un «propio» que acopia de los campesinos y afuera le vende al narco. Si bien cambian los actores de la transacción de pasta básica, no cambia la propiedad campesina: como en el modelo clásico, el trabajo y la tierra continúan del mismo lado.
Escenario de agricultura terrateniente
Uno de los ejemplos que expone Marx sobre la génesis del capital, son las llamadas Clearing of Estates, o limpieza de fincas, eufemismo para describir el desplazamiento de campesinos, de donde la limpieza era de personas. Este mecanismo, fue el que generó que en Europa al inicio del siglo XIX, si hubiera carne para el mercado laboral. Por ejemplo los campesinos escoceses agrupados en clanes, mayoritariamente explotaban la tierra como un bien comunal, fueron reprimidos con violencia para ser expulsados de sus tierras originales, y también de los lugares donde se refugiaban. Valga el ejemplo de la expulsión de los campesinos del clan Sutherland, por la condesa del mismo nombre ayudada por el ejercito británico, primero los desplazaron de la tierra para hacer haciendas ovejeras, luego del que había sido su refugio en la costa escocesa, donde habían desarrollado una incipiente industria de pesca. La segunda expulsión esta vez hacia las ciudades y hacia el exterior como fuerza de trabajo, mientras que las pescaderías que habían creado, la señora se las vendía a empresarios de Londres (El Capital, Tomo I, Cap. 24).
Cuando los campesinos, en los baldíos recibidos de la reforma agraria colombiana, abren una nueva frontera agrícola, al final del siglo XX, pasó algo similar a las pescaderías del clan Sutherland. Estos trabajadores agrícolas, a partir de las hojas de Coca consiguieron un producto rentable: la pasta básica, de forma que sus parcelas se volvieron apetecibles para el capital. Esta historia se conoce como contrarreforma agraria paramilitar y narcotraficante, y responde a la lógica del despojo del trabajador de sus medios de producción, su expulsión o muerte, para después remplazar el régimen de explotaciones rurales con pequeños propietarios que trabajan su tierra, por el de aparcería, es decir por campesinos que pagan alquiler por las parcelas Cocaleras, ahora expropiadas por terratenientes ligados al paramilitarismo.
Valga el ejemplo de la cuenca del Catatumbo, zona de frontera con Venezuela, donde existió desde los años 60 del siglo XX, un programa de colonización oficial, alrededor del pequeño poblado de La Gabarra. En esa región entró el cultivo de la Coca a fines de los años 80, con lo cual se dinamizó la economía, de la manera descrita en el escenario de agricultura campesina. Hasta el final del año 98, existían en el casco urbano del poblado ejército y policía, mientras en el área rural había presencia de dos grupos guerrilleros: las FARC y el ELN. Ante las tomas guerrilleras en todo el país, el gobierno decidió evacuar sus bases policial y militar de La Gabarra. Seis meses después en mayo de 1999, se dio un operativo conjunto entre 150 paramilitares comandados por Salvatore Mancuso, y el batallón Saraguro del ejército al mando de un mayor Llorente (está colaboración entre paramilitares y militares oficiales, fue demostrada en los estrados judiciales). Luego de algunos días de resistencia guerrillera contra el avance por vía terrestre de los paras, el desembarco aerotransportado del ejército y la policía en el poblado, definió que éstos tomarán posesión del área urbana, y los paras el área rural de influencia inmediata. El balance fueron más de 200 muertos (la mayor masacre de la historia de Colombia), y 3.000 campesinos desplazados.
Al mes siguiente, el narcotraficante que había financiado la operación, estableció en el casco urbano del poblado y a solo 500 metros de la restablecida estación de policía, lo que podríamos llamar una «oficina inmobiliaria», los cerca de 600 predios abandonados por las familias desplazadas, con matas de Coca en producción, se le asignaban en arriendo, a inmigrantes traídos desde zonas de control paramilitar. Además en contraste con el precio de sustentación alto que manejaba la guerrilla, la misma «oficina» que cobraba la renta, rebajó el precio a 600 dólares. Se conforma así el escenario de agricultura terrateniente: campesinos tributarios, renta del suelo y precios bajos, característico de las zonas Cocaleras de control paramilitar.
Comparación y confrontación de escenarios
Bien vale comparar los dos regímenes de explotación Cocalera: el terrateniente de áreas controladas por el paramilitarismo, y el campesino, que caracteriza a las zonas de control guerrillero. Este contraste se puede ver como la causa, al nivel de la economía política, de la prolongación infinita -en las zonas de cultivos proscritos- de la guerra colombiana.
Con los altos precios de sustentación para la pasta básica, la guerrilla -cual Estado alternativo- se garantizaba un alto impuesto como porcentaje del 10%, pagado por el narco-comprador. En paralelo como ejercicio de control social, normaba la obligación de aportes equivalentes de los campesinos: 10% de lo que le había pagado el narco, a cooperativas desde donde se pagaban los sueldos de los maestros, las enfermeras etc., y en términos productivos normaba la destinación de tierra al cultivo de alimentos: por cada hectárea cultivada de Coca, un área similar cultivada en plátano, frijol etc. Es decir que enfrentado al abandono del gobierno central, se establecía un incipiente Estado alternativo de gestión comunitaria, cuyo instrumento político garante de la autonomía campesina eran las FARC. También le aparecía una especie de esquema fordista, al pequeño propietario trabajador y al recolector o raspachín, es decir que en la producción de Cocaína, se iría en contra del modelo clásico de salarios para la periferia.
En cambio con el modelo de aparcería impuesto para el agro cocalero en las zonas de control paramilitar, y resultado de sus limpiezas de fincas, la producción retoma cauces normales para el capitalismo de periferia, es decir la competitividad se basa en la reducción drástica del pago de la fuerza de trabajo, en su sobre explotación. Cuando los paramilitares controlan los cultivos proscritos de Coca, son garantes del control de la tierra por el capital, y garantizan que el trabajo pierda su autonomía, y lo obliga a volverse asalariado, mientras retorna el abandono tradicional del Estado de las áreas rurales, y no se vela por la seguridad alimentaria. Tal es la economía política de la agricultura cocalera bajo el latifundio.
Cuando hace un mes, las FARC propusieron en la mesa de negociación que los cultivos de Coca dejaran de ser proscritos, enviaban un mensaje claro en pro de la agricultura campesina. Falta ver la reacción del gobierno, o mejor dicho, falta saber si Santos, tiene capacidad de deslindarse de los intereses del latifundismo narcotraficante y paramilitar, que tan bien representa su antecesor. En buena medida, de tal capacidad depende el éxito en La Habana.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.