Revisando algunos de sus barrotes
“El propósito de estudiar economía no es el de adquirir un conjunto de respuestas prefabricadas para los problemas económicos, sino aprender a no ser timado por los economistas.” –Joan Robinson (economista británica)
Superada la euforia electoral de la primera vuelta, concentremos la atención en algunas cuestiones de fondo. Destaquemos, para empezar, que el escenario nacional, como nunca antes, se presenta en extremo complicado en todos los sentidos.[1] Gran parte del aparato productivo está colapsada. El desempleo se expande. Los narco-dólares permean -directa- o indirectamente- toda la vida económica. La pobreza crece, mientras los ricos no dejan de acumular y, en su soberbia, ni siquiera esconden su opulencia. La emigración se ha acelerado nuevamente. La destrucción de los territorios se expande indetenible de la mano de los extractivismos. La inseguridad aumenta sin parar, inclusive por efecto del “conflicto interno armado”; el pasado mes de enero marcó un record de muertes violentas, con 730 asesinatos, unos 25 por día. La institucionalidad política, ya de por si debilitada, está atravesada por los intereses del crimen organizado. Y todo con un gobierno, el del presidente Daniel Noboa, quien atropella la Constitución y las leyes, abiertamente al servicio de los intereses imperiales de Washington.[2]
Lo que es más grave y preocupante, seguimos atrapados en visiones ideológicas transformadas en verdaderas teologías indiscutibles. Mientras tanto no aparecen propuestas concretas de cómo desmontar esta dura realidad desde sus raíces, con impulsos que contribuyan a construir colectivamente horizontes esperanzadores.
Confrontemos la realidad económica con cifras y datos. Enfrentemos las lecturas superficiales. Desbaratemos las posiciones de economistas ortodoxos y conservadores, cercanos al poder, que proponen acelerar el paso por la misma senda de austeridad a ultranza y de bobo-aperturismo, causantes de tantas dificultades y padecimientos. Destaquemos, pues, algunos de los barrotes que tienen enjaulada a la economía ecuatoriana; barrotes objetivos e incluso subjetivos.
El año 2024 terminó con una economía en recesión. Sin asumir al crecimiento económico como la vía para resolver los problemas de una sociedad, cabe destacar que Ecuador es el único país de la región con números negativos en la evolución de su economía al finalizar el año 2024. En la medida que se acercaba el fin del año, las estimaciones preliminares se fueron difuminando. Las cifras del Banco Central hablaban de un 0,9%, las de la CEPAL de un 0,8%, las del FMI de un 0,3%; esas cifras “optimistas” desaparecieron. El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) ya anticipó el desastre con un -0,4%. La cifra real puede bordear un -2,2%, en medio de un inocultable deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de población.
Con esta evolución negativa se agudiza una tendencia recesiva que, se inició el año 2015 y que se empeoró rápidamente por la doble pandemia, la del Coronavirus y la neoliberal. Esta es una realidad aún más preocupante, si se considera que el aumento poblacional supera largamente las cifras de crecimiento económico. Y, más aún, pues bien sabemos que, incluso en medio de estas situaciones depresivas, los grandes grupos económicos no dejan de acumular, es decir el impacto de esta recesión sobre los sectores populares es mayor.
A cuenta de que hay que disminuir el tamaño del Estado, la inversión del sector público se ha restringido de forma brutal. Si el año 2013 se alcanzó una inversión de 8.506 millones de dólares, al año 2019 llegó a una cuarta parte: 2.132 millones. Y ese deterioró continuó año tras año, llegando el año 2024 a 446 millones de dólares, un 1,2% del Presupuesto General del Estado. Esta caída de la inversión pública, buscando “poner la casa en orden”, a como de lugar, pasó factura en diversos ámbitos de la vida nacional. Dicha austeridad a ultranza provoca un austericidio múltiple: social, productivo e inclusive energético. También impacta en el ámbito de la seguridad ciudadana, en la medida que no se han ejecutado los presupuestos establecidos para este fin. Sin pretender santificar las políticas represivas desatadas en el marco del llamado “conflicto interno armado”, ésta es otra muestra de la perversidad de este manejo neoliberal.
Aquí gravita como pesada piedra de molino el endeudamiento externo y sus secuelas. El gobierno de Rafael Correa, que había dado señales claras de que se quería superar la historia de la “deuda eterna”, asumiendo la propuesta de la sociedad civil para realizar una auditoria del crédito público, terminó por volver a las viejas prácticas del endeudamiento agresivo.[3] Desde el 2009 hasta el año 2017, el acreedor de moda fue China[4], que si bien no impone condicionamientos de política económica, asegura el pago de los créditos otorgados a través del acceso al petróleo, minerales o construcción de obras públicas. Y luego, ese endeudamiento agresivo se aceleró en los gobiernos siguientes.
Desde el año 2007 al año 2017, la deuda pública -externa e interna- paso de 14.779 millones de dólares a 49.509 millones de dólares, es decir un incremento de algo más del 40% del PIB. Desde entonces, hasta noviembre del 2024, esta deuda registró un aumento superior al 40%, para llegar a 82.940 millones; monto cercano al 80% del PIB. El año pasado, por capital, intereses y recargos se debió haber pagado unos 8.800 millones de dólares, es decir, un 25% del Presupuesto General del Estado. Un peso que se perfila aún mayor en el año 2025, pues, pagos de capital, intereses y otros pasivos previstos en el Presupuesto suman 11.310 millones de dólares; así, en este año, se destinaría más del 31% de todo el Presupuesto General del Estado a servir la deuda pública.
A diferencia de lo que sucedía en el correismo, estas nuevas deudas no contribuyen a aumentar los activos del Estado, pues se destinan para servir las mismas deudas contratadas (o son recursos que se fugan del país…). Así, en una economía estancada, el servicio de la deuda pública, y sobre todo de la deuda externa, no solo asfixia el gasto e inversión del sector público, sino que termina por destruir o al menos deteriorar la calidad de los servicios públicos.
No nos olvidemos que, desde el 2020, en plena pandemia del COVID, el mayor prestamista es el FMI: Fondo Monetario Internacional. Con este organismo multilateral de crédito, los últimos gobiernos han suscrito varios acuerdos: Acuerdo de Servicio Ampliado (marzo 2019), Acuerdo de Facilidad Extendida de Financiamiento (septiembre 2020), renovación del Acuerdo de Facilidad Extendida (septiembre 2021), Acuerdo de Servicio Ampliado (mayo 2024, con una duración de 48 meses, hasta mayo 2028). Lo real es que estos arreglos para refinanciar la deuda externa son insostenibles, salvo que se sigan ahondando las imposiciones de un ajuste estructural interminable, con inversiones sociales y del sector público deprimidas, así como con las consiguientes privatizaciones, para extraer cada vez más recursos de una economía enjaulada en el mismo manejo fondomonetarista. Esta es, a no dudarlo, una situación perversa, pues dicho manejo bloquea la reactivación de la economía y, simultáneamente, merma la capacidad de repago de las deudas contratadas.
Para sostener el servicio de esa creciente deuda, se redujo el déficit fiscal. Así, entre los años 2023 y 2024, el déficit fiscal cayó de -2.871 millones a -358 millones de dólares. La reducción no se registro por que creció la economía, sino por recortes en la inversión pública y por mayores ingresos fiscales. Estos recursos adicionales provinieron del alza del IVA, nuevos impuestos, auto-retenciones temporales del impuesto a la renta y las ocasionales remisiones tributarias, a lo que se añade el incremento del precio de la gasolina.
El mencionado servicio de la deuda externa se apuntala también por el incremento de las reservas monetarias internacionales, que pasaron de 4.454 millones de dólares en diciembre del 2023 a 8.645 millones hasta noviembre del 2024. Inclusive parte del aumento de la deuda sirvió para apuntalar dichas reservas, que no son empleadas para la recuperación de la economía, ni siquiera para financiar situaciones de urgencia extrema como las vividas con el racionamiento de la electricidad. Es más, una posible utilización de estas reservas, más que justificada en tiempos de crisis como la que vivimos, es satanizada por los defensores de la teología neoliberal.
Blandiendo este doble “logro” -reducción del déficit fiscal e incremento de las reservas monetarias internacionales-, el presidente-candidato Noboa dice haber salvado la dolarización, profundizando aún más la equivocada idea -compartida por las dos candidaturas finalistas- de que sostener la dolarización debe ser vista casi como la meta de todo el manejo económico y de que una salida de la misma ocasionaría -como afirma incluso un agudo crítico del manejo neoliberal- un terremoto, negando así la sola posibilidad de conseguir un manejo monetario más flexible para oxigenar una economía deprimida. Lo cierto es que resulta alucinante que una política cambiaria y monetaria de rigidez extrema sea defendida inclusive por quienes se asumen como “liberales”; política que, en el colmo de la confusión reinante, tal como se constató en la primera vuelta de la reciente campaña electoral, se la equipara al mantenimiento de la democracia… Y en esta encerrona ideológica incide también el conocido como índice de riesgo país, a través del que, cobijado de un manto tecnocrático y contando con el eco de los grandes medios de comunicación mercantiles, “los mercados internacionales” inciden hasta en la vida política de nuestros países (llegando inclusive a apostar por el triunfo de Noboa en la primera vuelta); cuando, en realidad, esos índices no miden el bienestar de una sociedad y ni siquiera la capacidad real de pago de la deuda externa.[5]
La realidad social es dramática. Entre diciembre de 2023 e igual mes de 2024, casi 263 mil personas perdieron su empleo adecuado, pese a los incentivos laborales del gobierno. Así la tasa de empleo adecuado bordea el 35%; un porcentaje que debe ser leído considerando que muchas de las personas con empleo adecuado apenas ganan el sueldo básico (470,- dólares) que no cubre la canasta básica (800,- dólares). El 65% de la población restante está bajo condiciones de precariedad, es decir, no ganan ni el sueldo básico o están desempleados. Esto se refleja en el bajo porcentaje de personas con seguridad social. Por otro lado, poco menos de 5 millones de personas tienen un ingreso diario de menos de 3 dólares al día; casi 2 millones de personas sobreviven con menos de 1,7 dólares diarios. Estos índices son muchos más duros en la juventud y en las mujeres, particularmente indígenas y afros. En este contexto, existe una creciente y desesperada emigración de miles de compatriotas.
Con el fin simplemente de graficar la gravedad del momento concentramos nuestra atención en el sector agropecuario. Un sector abandonado por neo-desarrollistas y neoliberales[6], a pesar de su múltiple importancia. Basta recordar que este sector genera más del 30% del empleo a nivel nacional. A pesar del enorme potencial de dicho segmento productivo, la inversión pública agropecuaria en el período 2010-2022 nunca llegó ni al 2% del gasto del gobierno central. El deterioro es evidente en caminos vecinales, infraestructura de riego, silos para almacenamiento de cosechas, y qué decir del limitado acceso al crédito, a políticas de comercialización. Además, en ningún momento se ha tratado de poner en marcha la soberanía alimentaria y la redistribución de tierra y agua, tal como ordena la Constitución. Esta permanente marginación de este sector, sobre todo del campesinado, que sostiene la alimentación de la sociedad, explica porqué la pobreza e indigencia, e inclusive la desnutrición, están tan concentradas en el área rural.
En este complejo escenario para la mayoría de la población, la banca privada no dejó de acumular, incrementando sus ganancias en un 48% el año 2022; logrando en los dos años siguientes valores elevados, inclusive en el año 2024 en medio de la debacle económica. Y es aquí, en el sector financiero donde se encuentra uno de los nudos a desatar para impulsar una sostenida recuperación de la economía. Su estructura oligopólica y sus prácticas tipo cartel, con un control por parte de cinco bancos privados de más del 65% del mercado, constituye uno de los barrotes más duros de la jaula económica, no solo por su impacto en la economía, sino por su influencia en la vida política nacional. No nos olvidemos que este sector canalizaría más del 75% del lavado de activos: más de 6 mil millones de dólares, de acuerdo a conocedores de la materia. Y ya que abordamos esta concentración en el sector financiero, deberíamos extrapolarla a gran parte de la economía, en la que pocos grupos económicos controlan de forma oligopólica muchos sectores, incluyendo bienes estratégicos el agua y la tierra.
La estructura de la tributación gravita también negativamente en la economía. Los impuestos indirectos dominan largamente sobre los directos, más aún luego del incremento del IVA al 15%. Además, pesan las condonaciones de deudas tributarias a los grandes grupos económicos, que fueron de 2.039 millones en el actual gobierno de Noboa; condonaciones también realizadas en los años 2008 y 2015, en el gobierno de Correa, y en el año 2018, en el gobierno de Lenin Moreno. A eso se suman las enormes sumas de impuestos no cobrados en forma de exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios: 6.904 millones en el año 2023; valores que, desde hace más de 10 años, superan largamente a los ingresos petroleros y que en su mayoría benefician a los grandes grupos económicos… A estos recursos habría que añadir la evasión y elusión tributarias, estimadas en un 7% del PIB, según la CEPAL.
El estancamiento económico, que, como lo dijimos, comenzó a registrarse desde el año 2015 y que se agudizó con la doble pandemia: la del COVID-19 y la neoliberal, desató una nueva estampida emigratoria. Si tomamos como punto de referencia el Darién, Ecuador llegó a ocupar el segundo lugar después de Venezuela. Y tal como aconteció al inicio del milenio, las remesas volvieron a ser una bienvenida bocanada de oxígeno para la economía: el año 2021, alcanzaron los 4.362.6 millones de dólares; el 2022, 4.468 millones; el 2023, 5.448 millones; y, para el 2024 habrían superado los 6.500 millones; es decir un monto mayor al de las exportaciones de camarones, e, inclusive, un valor que supera los desembolsos de créditos de los organismos multilaterales de crédito. En realidad, las remesas, desde la crisis del tornasiglo, han sido una bombona de oxígeno para la economía de un país como Ecuador, que exporta seres humanos, muchas veces en condiciones deplorables.
A todo este cúmulo de problemas, a los que habría como añadir los derivados de la corrupción, se suma el impacto de los racionamientos de electricidad, a los que se los presenta como derivados del estatismo. La realidad desnuda esa falacia. Lo que vivimos era evitable y fue de alguna manera hasta deliberado. Al menos desde enero del año 2023, luego de haber escapado por un pelo de racionamientos de electricidad el año anterior, se conocía que los estiajes serían mucho más complejos. No solo eso, ya entonces se propuso un plan de acción para enfrentar el problema: dar mantenimiento a las plantas térmicas, reemplazar algunas que estaban obsoletas y adquirir los combustibles para su funcionamiento. Lo terrible es que, existiendo los recursos, no se hizo nada. En la mira de este irresponsable manejo energético estaba y está la privatización del sector eléctrico, e inclusive la entrega del mayor campo petrolera: Sacha, a capitales extranjeros.
Debemos reconocer que no todos los problemas son de reciente data. Hay barrotes estructurales derivados de la dependencia de una economía primario exportadora, presa desde los orígenes republicanos de la teoría de las ventajas comparativas. Una cuestión que se agudiza más y más con cada nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC); tratados que, como bien sabemos, no son libres ni solo de comercio. Este encadenamiento librecambista de nuevo cuño empezó a ser forjado en Ecuador, cuando, en el año 2016, se firmó el primer TLC con la Unión Europea. Es evidente que esta histórica dependencia no fue enfrentada con seriedad cuando existían recursos y un amplio respaldo durante la gestión del presidente Correa. [7] Entonces, lejos de dar paso a una real transformación de la matriz productiva, se forzaron más y más los extractivismos, particularmente el minero.[8]
Conviene dejar sentado un punto para el análisis político. En tiempos electorales -y el gobierno de Noboa vive en ese contexto desde sus inicios-, cuando rige lo que se conoce como el ciclo político de la economía[9], no es común que se adopten medidas de carácter impopular, como subir impuestos o retirar subsidios. Justamente eso ha hecho Noboa. Subió el IVA e incrementó el precio de la gasolina, hechos que en otras ocasiones habría provocado masivas protestas populares. Eso no sucedió. Es más, todo indica que con esas medidas de política económica impopulares no se afectó la aceptación del mandatario, algo que tampoco parece haber ocurrido con los racionamientos de electricidad. Aquí cabe dejar sentada la necesidad de revisar varias lecturas anteriores, que bien podrían necesitar un replanteo profundo considerando, por ejemplo, el impacto de lo que podríamos definir como “la democracia del tiktok”, con sus boots y algoritmos.
El saldo de esta evolución económica es angustioso. Lejos de superar el impacto del COVID-19, la economía ecuatoriana, atrapada en este pandemonio neoliberal, enfrenta una situación inédita. No solo que la economía arrastra los problemas estructurales de su dependencia en tanto exportadora de materias primas, sino que está siendo estrangulada por la violencia criminal y por la misma militarización de la sociedad, que han afectado duramente casi todas las actividades económicas; ahuyentando aún más la siempre escasa inversión extranjera, que sigue concentrada en el ámbito de los extractivismos minero y petrolero, en donde, como se ha comprobado una y otra vez, estos capitales doblan la mano a los gobernantes para imponer sus condiciones.
En este complejo y conflictivo entorno habrá que considerar los cambios geopolíticos mundiales, teniendo en cuenta, en todo momento, el colapso ecológico y social en el que la Humanidad se encuentra inmersa. El mundo vive momentos en donde la desigualdad social e inclusive la pobreza se acelera de forma imparable, los límites ecológicos están siendo superados uno tras otro, los extractivismos se han desbocado por una suerte de colonialismo verde, en medio de una creciente expansión de las extremas derechas y de la cultura de la guerra, con el consiguiente impacto en las débiles institucionalidades democráticas. Mientras las potencias imperiales se disputan a dentelladas territorios, recursos (sobre todo los considerados como minerales estratégicos) e inclusive pueblos, en los países de América Latina -atrapados por el espejismo del desarrollo[10]– asoman cada vez más lejanas las posibilidades de una integración regional genuina.
En definitiva, vivimos una hora compleja. Más allá de los matices y alguna diferencia de fondo, las candidaturas finalistas coinciden en respuestas dentro de un sistema que prioriza el lucro a la vida misma; un sistema, el capitalista, que “vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida, en un proceso llevado a tal extremo, que la reproducción del capital solo puede darse en la medida en que destruya igual a los seres humanos que a la Naturaleza”, como afirmaba el gran filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría.
Economista ecuatoriano. Compañero
de lucha de los movimientos sociales. Presidente de la Asamblea Constituyente
del Ecuador (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República por la
Unidad Plurinacional de las Izquierdas (2012-2013).
[1] Consultar el texto de Natalia Sierra y Alberto Acosta (diciembre 2024): “Ecuador: ¿Un Estado en disolución? Consecuencias de un sistema político y económico fallido”, publicado en la revista Ecuador Debate 123, CAAP, Quito. https://rebelion.org/ecuador-un-estado-en-disolucion/
[2] Alberto Acosta (2025); “La mira imperial puesta en Galápagos – Breve repaso de amenazas y agresiones recurrentes”. https://www.cadtm.org/La-mira-imperial-puesta-en-Galapagos
[3] Alberto Acosta, John Cajas Guijarro (2018). “`La deuda eterna’ contraataca: cómo el correísmo nos regresó al pasado”, https://www.academia.edu/39865861/Acosta_Alberto_y_Cajas_Guijarro_John_2018_La_deuda_eterna_contraataca_c%C3%B3mo_el_corre%C3%ADsmo_nos_regres%C3%B3_al_pasado_
[4] “Correa afirma que “no hay límite” a endeudamiento con China” (2012). https://www.sinembargo.mx/152695/correa-afirma-que-no-hay-limite-a-endeudamiento-con-china/
[5] Consultar el texto de Alberto Acosta (2005): “El riesgo-país convencional, un riesgo para el desarrollo”, en el libro Eduardo Gudynas (compilador), El otro riesgo país: indicadores y desarrollo en la economía, ILDIS, D3e y Editorial Abya-Yala. https://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=1427
[6] Cabría recordar que al final de la gestión progresista (2007-2017) ya se empezó a retornar a las prácticas neoliberales. Ver Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro (2019); “Correa, un neo-neoliberal”. https://rebelion.org/correa-un-neo-neoliberal/
[7] Ver un deetallado análisis en Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro (2017); Una década desperdiciada: Las sombras del correísmo, CAAP, Quito. https://caapecuador.org/2018/04/04/una-decada-desperdiciada-las-sombras-del-correismo/
[8] Sobre el tema se puede consultar en Alberto Acosta, John Cajas-Guiarro, Francisco Hurtado, William Sacher (2020): El Festín Minero del Siglo XXI – ¿Del ocaso petrolero a la pandemia megaminera?, Abya-Yala, Quito. https://rosalux.org.ec/pdfs/festin-minero.pdf
[9] Consultar en Jürgen Schuldt (1994); Elecciones y política económica en el Ecuador, 1983-1994, ILDIS, Quito. https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/105683-opac
[10] Ver la entrevista a Alberto Acosta: “El desarrollo es un espejismo”, por Kathrin Hartman (2017). https://rebelion.org/alberto-acosta-el-desarrollo-es-un-espejismo/
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