Aun los más refractarios a las reformas emprendidas por la administración de la presidenta Bachelet, reconocen que se trata de apuestas -como se suele decir- «cargadas de futuro». Ni los ciegos de oficio o los sordos por afición, pueden negar en términos absolutos la legitimidad y la urgencia de los cambios que se están emprendiendo. […]
Aun los más refractarios a las reformas emprendidas por la administración de la presidenta Bachelet, reconocen que se trata de apuestas -como se suele decir- «cargadas de futuro».
Ni los ciegos de oficio o los sordos por afición, pueden negar en términos absolutos la legitimidad y la urgencia de los cambios que se están emprendiendo.
Si a ello se añade el abrumador respaldo entregado por la ciudadanía que concurrió a las últimas elecciones -parlamentarias y presidencial- queda claro que las cosas, como estaban, ya «no daban para más».
La ignominiosa desigualdad consagrada por un modelo impuesto en dictadura, se hizo imposible de defender ni aún amparados en el dogma del «mercado redistribuidor de las riquezas», «el piloto automático» o el solo crecimiento de la economía como garantes de mayor justicia social.
La Reforma Tributaria tiene, por eso, no sólo como propósito establecer un conjunto de normas que permitan el financiamiento regular de transformaciones sociales que abarcan sectores tan vitales como la educación, la salud, la vivienda y la previsión social. También es un acto de racionalidad y una manera efectiva de poner coto a los abusos de algunos exponentes del gran empresariado que explotan a trabajadores y consumidores más allá de «lo razonable».
Y tal vez por eso la derecha, en representación de esos privilegiados, se ha allanado a dialogar, aunque… cuidando el núcleo de sus intereses, alzando cortapisas, obstaculizando los procesos. Y, ¡atención! varias señales nos advierten de que no les está yendo tan mal.
Y en materia educacional, ¿quién se atreve hoy a negar la extrema urgencia de una reforma de fondo? Es que es indefendible que la educación pública sea la última «prioridad» del Estado, que las modalidades en vigor no sirvan sino para mantener y -lo que es más- acentuar las desigualdades, o que el lucro sea el motor del sistema.
Se habla del «derecho de las minorías», lo que no ha estado jamás en discusión. Pero a condición, ciertamente de que se lo entienda así: «…de las minorías». En ningún caso, veto, como quisieran imponerlo desde las trincheras de la derecha más recalcitrante.
Lo proyectos se están enviando para sus trámites parlamentarios, se preparan otros hasta completar el intento más ambicioso de nuestra historia por avanzar en la educación, la ciencia, el manejo idóneo de las herramientas de los oficios y la cultura en su acepción más amplia.
Y el espectáculo que se nos ofrece, casi circense, es el de pseudo especialistas que lanzan cifras al boleo, confunden los conceptos, asumen defensas que nadie les ha pedido. Y, lo que es más curioso, se presentan como intransigentes defensores de la dignidad y los sueldos de los profesores… abogan por que «paguen los ricos»… rechazan indignados toda forma de discriminación y levantan la «libertad de proyectos educativos» como el principio supremo, dogma de dogmas, non plus ultra de la modernidad y la democracia.
¿Quiénes son?, ¿de quiénes estamos hablando? Las respuestas son fáciles y están a la vista de todos. Tan «racional» y legítimo, moderno y variado es lo que ofrecen, que no pasa mes o semana sin que un «colegio» guiado con esas normas cierre estrepitosamente, dejando al desnudo el carácter y catadura de algunos de esos pilares del modelito llamados «sostenedores».
La calle -la denostada calle que los despertó de su hondo letargo- ya los ha notificado: las reformas van…