La situación de los derechos humanos en Chile registra desde inicios de este año un marcado retroceso y en ello tiene que ver el gobierno del presidente Ricardo Lagos, afirmó hoy el abogado Eduardo Contreras. El jurista, querellante en varias causas que se ventilan desde 1998 contra el ex dictador Augusto Pinochet, dijo que eso […]
La situación de los derechos humanos en Chile registra desde inicios de este año un marcado retroceso y en ello tiene que ver el gobierno del presidente Ricardo Lagos, afirmó hoy el abogado Eduardo Contreras.
El jurista, querellante en varias causas que se ventilan desde 1998 contra el ex dictador Augusto Pinochet, dijo que eso tiene que ver con la promesa que hizo Lagos cuando asumió su mandato en marzo de 2000.
En una larga exposición sobre el tema, al que ha dedicado una parte importante de su vida, Contreras explicó a Prensa Latina su visión sobre la situación actual en esa materia y las perspectivas de que se aplique la justicia a Pinochet y otros connotados ex represores.
Irritado aún por el fallo emitido este martes por la Corte Suprema, que revocó el procesamiento dictado en diciembre pasado por el juez Juan Guzmán contra el ex militar por el caso de la Operación Cóndor, el jurista aseguró que ello «implica un retroceso, pero no el final».
«Yo creo que todo esto tiene que ver con la promesa que hizo el presidente Lagos durante su mandato de terminar con los temas de derechos humanos», afirmó el profesional, quien también atribuyó responsabilidad al Poder Judicial.
Dijo que ahora que está en el último año de su gobierno, el jefe de Estado chileno parece decidido a cumplir con esa promesa «a toda costa y cuenta para ello con la complicidad de una buena parte de la Corte Suprema, aunque no de todos los jueces».
«Tambien aquí hay jueces honestos que están dispuesto a buscar la verdad y la justicia y creo en ellos y gracias a ellos es que existe la posibilidad de mantener la lucha para resistir esas presiones, que estoy seguro se logrará», apuntó.
Explicó que el fallo del martes en el caso de Operación Cóndor será apelado en la Corte Suprema y «aún en el caso de que fueramos derrotado quedan otras causas criminales contra el ex dictador, como Caravana de la Muerte, Villa Grimaldi y Pisagua, entre otras».
Señaló que lo que ocurrió en este caso «es de alguna manera muy expresivo de fenómenos que trascienden al interior de la sociedad chilena» y muestra cómo el modelo neoliberal impuesto «influye en la conciencia y altera los valores del ser humano».
Indicó que se dió la paradoja que mientras el pleno de la Corte de Apelaciones dictaminó que Pinochet podía ser juzgado por violar el fisco, otra sala de mismo tribunal lo eximía de culpa por numerosos crímenes cometidos en el operativo más sangriento en América Latina.
Desde el punto de vista valórico -dijo- significa que a un sector de la sociedad chilena le importa mucho más el dinero que la sangre de las victimas. «Es decir, los jueces parecen haber pensado: tú puedes matar, pero no puedes dejar de pagar impuestos», precisó.
Ahondando en el tema político, Contreras insistió que no es casualidad la crisis de credibilidad que enfrentan el gobierno, el Poder Judicial, los partidos tradicionales, el congreso, las fuerzas armadas, la prensa y demas instituciones nacionales.
Recordó que en Chile la dictadura no fue derrotada. «Aquí no cayó Pinochet, se negoció su salida -que es distinto- entre los militares y un sector de la burguesía que antes se habían aliado a la izquierda para presionar cambios en el régimen militar», aseveró.
«Por eso hay un compromiso y parte con no tocar a Pinochet, de manera que no es solamente el gobierno de Lagos el que presiona, también lo hicieron sus predecesores y los partidos políticos, tanto oficialistas como de la derecha», apuntó.
Destacó que la clase política dominante acordó en 1989, cuando negociaron reformas a la Constitución que entregó Pinochet, que en Chile no podían haber juicios políticos por lo que hizo el ex dictador y los militares.