El movimiento estudiantil desarrollado en los últimos meses -junto con estar despertando al país- ha desnudado las falacias con que la derecha sustenta el injusto modelo educacional (y social) vigente; y las gigantescas inconsecuencias del liderazgo concertacionista al haber legitimado, consolidado y perfeccionado aquel modelo en sus veinte años de gobierno. De este modo, hemos […]
El movimiento estudiantil desarrollado en los últimos meses -junto con estar despertando al país- ha desnudado las falacias con que la derecha sustenta el injusto modelo educacional (y social) vigente; y las gigantescas inconsecuencias del liderazgo concertacionista al haber legitimado, consolidado y perfeccionado aquel modelo en sus veinte años de gobierno.
De este modo, hemos visto como el presidente Piñera y el ministro de Educación Felipe Bulnes sostienen desfachatadamente que el movimiento estudiantil, al plantear la gratuidad de la educación, están queriendo que los más pobres financien la educación de los más ricos. De partida, las miles de familias extremadamente ricas de la población (¿el 1%?) son tan opulentas que por muy altos que sean los actuales aranceles universitarios éstos no les hacen mella alguna en sus ingresos. En cambio -de manera distinta por cierto- las familias de los sectores medios y populares cuyos hijos no pueden obtener becas, o ven restringidos seriamente sus ingresos mensuales; o se endeudan de modo exorbitante, o simplemente no pueden acceder a la educación superior.
Además, es simplemente ridículo hacer esa acusación a los dirigentes estudiantiles, desde el momento que han sostenido que la gratuidad de la educación debe solventarse a través de un sistema tributario justo y progresivo como existe en los países europeos. Notablemente sí, Piñera y Bulnes parecen no darse cuenta que al decir aquello están implícitamente reconociendo ¡que el actual sistema tributario es tan regresivo que permitiría sostener que, al mantenerlo, la gratuidad pareja se traduciría en que los más pobres financiarían a los más ricos!…
¿Cómo no traer a colación, a este respecto, las falacias del ministro del Interior Rafael Sotomayor en la discusión parlamentaria luego de la matanza de Santa María de Iquique? En ella planteaba, a la vez, que en Chile «no hay más de una clase social» y acto seguido planteaba que habían clases, pero que no eran el producto de la ley: «Ábrase la ley de presupuestos y véase donde hay algún ítem o partida que signifique algo en beneficio exclusivo de la clase acomodada»; para terminar señalando que eran tan agudas las diferencias de clase que no se le podía permitir decir lo mismo a periódicos destinados a los sectores ilustrados de la población que a la prensa obrera: «No son lo mismo los periódicos que están llamados a circular en las clases altas de la sociedad, aunque en ellos se hable de sedición. Esos artículos no hacen mayor daño (…) No pasa lo mismo con el pueblo que discierne poco y que, fácilmente, se puede sentir animado para subvertir el orden público». (Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados; 2-1-1908)
Por si lo anterior fuera poco, el mismo Sotomayor señalaba que en las salitreras ¡los sectores privilegiados eran los obreros!: «En las relaciones entre trabajadores y patrones en las salitreras, existe la ley del embudo (…) Se dice que el patrón se impone al trabajador, y es al revés, el operario es quien se impone al patrón». Y había que luchar, por tanto, en contra de las injusticias que sufrían los patrones: «Hay que procurar que patrones y operarios queden en un mismo pie de igualdad. En esto debe empeñarse, con criterio de justicia y equidad, el legislador (…) Porque si no queremos que haya en el país clases privilegiadas, no convirtamos tampoco en privilegiada a la clase obrera». (Boletín de la Cámara; 30-12-1907)
Y en la culminación del sinsentido terminaba: «Las más distinguidas damas de la República entran a los lugares más inmundos, a lugares donde no entrarían en su propia casa, en sus propios fundos, a contribuir con su óbolo a aliviar pobrezas y a alentar con sus consuelos las miserias morales. Es que no hay aquí sino una sola clase social; y si hay alguna que vaya siendo privilegiada es precisamente aquella que se dice explotada por las demás». (Boletín de la Cámara; 2-1-1908)
Por otro lado, la ex presidenta Bachelet ha sugerido recientemente que la derecha no le facilitó su apoyo para efectuar las reformas educacionales que ahora piden los estudiantes. Parece no recordar, en primer lugar, que su programa de gobierno no planteó ninguna reforma sustancial de la LOCE ni de la ley de universidades. Que, además, durante su gobierno no solo no pretendió cambiar esta última (teniendo mayoría para ello en el Congreso durante más de dos años); ¡sino que ni siquiera hizo algo para hacerla cumplir en lo relativo a la prohibición del lucro para las universidades privadas!
Tampoco parece recordar la expresidenta que solo como reacción a la «revolución pingüina» se manifestó a favor de cambios en el sistema escolar. Y que, además, diseñó gigantescas comisiones de estudio para tal efecto que, por su composición, era evidente que solo consensuarían transformaciones no esenciales del sistema impuesto por la dictadura. Y que por último, en una manifestación de que la LGE (que sustituyó cosméticamente a la LOCE) contentaba a su gobierno y al liderazgo de la Concertación, vimos el jolgorio extremo e inusitado de una presidenta tomándose las manos con los máximos líderes de la Alianza y la Concertación al presentar el acuerdo al país.
Por último, la expresidenta tampoco parece recordar que quien encabezó la Concertación para sucederle (Frei Ruiz-Tagle) no incluyó en su programa presidencial ninguna modificación sustancial de la LGE ni de la ley de universidades. Y que ni siquiera expresó la voluntad de hacer cumplir la ley en el caso de la prohibición del lucro para las universidades privadas…