Los resultados de la PSU majaderamente nos recuerdan el país que tenemos, con diferencias odiosas, que en buenas cuentas son el reflejo de lo que es hoy es Chile, un paraíso para los poderosos y un infierno para quienes viven de un sueldo o se encuentran cesantes.
Ahora que el congreso discute la Ley General de Educación, se hace necesario analizar -a lo menos a grandes rasgos- el proceso educacional de los últimos veintiocho años y un elemento central, está dado por la Ley Orgánica de Educación, aparentemente en vías de ser derogada, luego de una serie de movilizaciones estudiantiles que expresaron de diversos modos su rechazo a continuar regidos por el mismo marco educacional.
La LOCE se dicta, el último día que el dictador Pinochet estuvo en el poder, la modificación constitucional a dicho cerco legal requería de 4/7 de ambas cámaras del Parlamento.
Con el advenimiento post-dictatorial se han realizados algunos cambios que han permitido maquillar los enclaves autoritarios. Sin embargo, estas alteraciones no han logrado detener el estado actual de crisis de la educación pública en todos sus niveles.
El principio rector instaurado es el de la competencia, generando un Darwinismo educacional en que los establecimientos de menores recursos, son condenados a entregar una educación de mala calidad porque los aportes obtenidos de la subvención desconocen, los contextos sociales, fortaleciendo con ello la desigualdad.
Uno de los elementos elaborados para la corrección del modelo, fue la Jornada Escolar Completa, bajo el gobierno de Eduardo Frei hijo, dicha revisión no hizo otra cosa que profundizar las diferencias ya existentes y favorecer las propuestas privatizadoras de la educación, condenando además a los más pobres a reproducir su pobreza y a excluir a la educación como factor de movilidad social.
En esencia la LOCE consagra la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, asignando al estado una función subsidiaria en lo económico y de resguardo en lo legal de dicha libertad, cabe señalar que la Reforma Educacional de mediados de los noventa, dejó estos temas tal cual como estaban dispuestos en el proyecto dictatorial.
Los objetivos de la propuesta legal de educación eran evidentes: por una parte ampliar la cobertura educacional, entregando a los particulares el sistema de educación que en términos prácticos deja de ser público y se transforma en el mejor de los casos en empresas subsidiadas por el Estado, respetando por sobre todas las cosas la libertad de enseñanza.
El Estado como entidad es impotente a la hora de controlar y tener recursos efectivos que velen por la calidad de la educación en cualquiera de sus manifestaciones formales de enseñanza: básica, media, técnico profesional y universitaria.
Lo que se traduce en magros resultados en los sistemas de medición existentes SIMCE, PSU en lo que resta de educación pública (municipalizada).
El largo proceso privatizador, iniciado con la dictadura en la llamada municipalización de la enseñanza y aceptado por los gobiernos de la concertación, estableciendo una reforma donde el proceso privatizador se profundiza, destruyendo la educación pública en algunos lugares por ejemplo Quilicura, donde la cobertura educacional es amplia, pero la municipalidad no posee más de un 16% de los colegios y los resultados SIMCE, en términos generales son para olvidar.
Sin pretenderlo, estas políticas provocaron un forado en las bases fundamentales de la proyección del propio modelo, ya que los estudiantes y la comunidad en general han puesto en tela de juicio las políticas privatizadoras de la enseñanza, generando un elemento de crisis, hasta el momento insalvable.
Los expertos de la concertación hicieron énfasis a través de sus estudios en el gran consenso producido en la educación en los albores del retorno a la democracia.
Dicho consenso por supuesto suponía la aceptación de los principios esenciales ya descritos «Las políticas gubernamentales en educación configuran una acción de envergadura sin precedentes en el último cuarto de siglo, que intenta el mejoramiento y transformación del sistema escolar, en un marco de consensos amplios sobre el carácter estratégico del sector para el proyecto de desarrollo económico y democrático del país» Cristián Cox, La reforma de la educación chilena: contexto contenidos implementación, Colección de estudios CIEPLAN Nº45, junio 1997.
Todo indica que el nuevo cuerpo legal, pretende reencantar esta lógica de los consensos, introduciendo algunas regulaciones, pero asumiendo en buenas cuentas lo que existe y no desarrollando una propuesta cuya base sea la educación pública. El traslado de los establecimientos educacionales desde las municipalidades a corporaciones, significa muy poco, porque las lógicas con que serán administrados están dadas por el propio mercado, es decir por esta competencia irracional que no coloca en el centro de la discusión el bienestar de los estudiantes y el derecho de las familias de escasos recursos a una educación digna.
Cómo si el problema de la educación fuera el escoger un buen colegio, como si los pobres tuvieran mucho margen donde poder satisfacer sus necesidades educativas. La PSU una vez más nos recuerda, la deuda histórica de los gobiernos democráticos con los niños y jóvenes de la nación y este compromiso tiene nombre y apellido educación pública y gratuita ahora.
Omar Cid – Centro de estudios Francisco Bilbao
