Salvo el considerable aumento de alumnos con puntajes nacionales y el éxito contundente del Instituto Nacional, los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) tuvieron este año pocas sorpresas. Una vez más quedó de manifiesto el carácter discriminatorio que tiene la educación chilena, que justifica que haya sido comparada con el sistema de apartheid […]
Salvo el considerable aumento de alumnos con puntajes nacionales y el éxito contundente del Instituto Nacional, los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) tuvieron este año pocas sorpresas. Una vez más quedó de manifiesto el carácter discriminatorio que tiene la educación chilena, que justifica que haya sido comparada con el sistema de apartheid que funcionó en Sudáfrica bajo el control de los racistas blancos. Una situación que se prolonga desde los tiempos de la dictadura, que asegura educación de calidad para los hijos de familias de altos ingresos y entrega una educación precaria a los sectores más desprotegidos, que seguirán reproduciendo la pobreza. Hay excepciones, por cierto. Sin embargo, no cambian el cuadro general que tiende a agravarse. Hace siete años, cuando se estableció la PSU, la distancia entre los colegios municipalizados y los particulares pagados era de 118 puntos. Ahora es de 154,8 puntos. Algo semejante ha ocurrido entre los colegios particulares pagados y los colegios subvencionados. Se mantiene la concentración de los más altos puntajes en comunas ricas como Las Condes, Providencia y Lo Barnechea y a nivel nacional los mejores puntajes se concentran en establecimientos educacionales de la Región Metropolitana. Según el Departamento de Análisis Institucional de la Universidad Católica de Valparaíso, el promedio del puntaje de los alumnos de colegios particulares pagados fue de 611,1 puntos, versus 489,9 que promediaron los alumnos de colegios subvencionados y 457,9 de los estudiantes de colegios municipalizados; más de 153 puntos de distancia. En un cuadro general de crisis de la educación, los jóvenes que acaban de rendir la PSU sólo contestaron bien -en promedio- una de cada tres preguntas a que fueron sometidos. Los egresados de colegios municipalizados tuvieron 24 respuestas correctas en lenguaje y los de colegios privados pagados respondieron correctamente 48, el doble. En matemáticas, los egresados de colegios privados pagados respondieron bien 41 preguntas y los de liceos municipalizados solamente 7. Dos parecen ser causas fundamentales de esta situación. Por una parte, la mercantilización de la función educativa, que significa que con más dinero es posible comprar mejor educación. En otras palabras, la educación es vista como un negocio -como una «industria» como se dice en jerga neoliberal-, que condena a los que viven en municipios pobres a una educación de inferior calidad, que lleva a los hijos a repetir la vida de sus familias sumidas en la miseria y la explotación, ajenas a los bienes de la cultura.
Todo ello en un contexto de jibarización y bancarrota de la educación municipalizada, invento de la dictadura de Pinochet, que disminuye en importancia y calidad debido al éxodo de alumnos hacia la educación subvencionada provocándose despidos de profesores, cierre de escuelas y disminución del nivel educativo. Al explicar el éxito del Instituto Nacional, su rector lo atribuyó «al buen clima de aprendizaje» que existe en ese plantel y a los «buenos alumnos», explicación que permite entender mejor el problema. ¿Será posible, en términos generales, que exista un «buen clima de aprendizaje» en escuelas o liceos abarrotados de alumnos, con profesores mal pagados y recargados de tareas y en los cuales se refleja el clima de precariedad que existe en las casas de los estudiantes y los problemas que afectan a sus barrios? ¿Será posible contar sólo con «buenos alumnos» en colegios que no pueden (ni deben) seleccionar a sus estudiantes porque tienen la obligación legal y ética de educar a todos, con educación de calidad, sin discriminación y con atención preferente a los más desprotegidos? Es evidente que detrás de los buenos puntajes, aparte del sacrificio de estudiantes que se esfuerzan, de padres y apoderados responsables y de la preocupación de los profesores, hay recursos familiares y sociales que se ponen a disposición de la educación. Hay dinero para asegurar buenas condiciones de estudio, dinero para pagar adecuadamente a los profesores, dinero para laboratorios, bibliotecas y computadores, dinero para campos deportivos, dinero para preuniversitarios y dinero para profesores particulares, en caso necesario. Nada de eso cambiará en este gobierno, a juzgar por los términos de la reforma que se tramita en el Congreso a toda máquina con el apoyo de la Democracia Cristiana. La educación particular seguirá basada en el lucro. La educación pública continuará en manos de los municipios, que en la mayoría de los casos la administran pésimo. Los profesores seguirán siendo mal pagados y peor considerados. La creación de liceos de excelencia no solucionará el problema general de la educación básica y media, ni tampoco será solución la supresión de horas de historia u otras asignaturas a fin de dedicar más tiempo a las matemáticas y al lenguaje. Y tampoco será muy distinto lo que ocurra en las universidades, convertidas también en negocio. Se necesita una reforma integral. La educación democrática, gratuita, igualitaria, laica y de buena calidad es esencial para el país. Esa fue la base de los mayores progresos que se han alcanzado en nuestra sociedad y que la convirtieron en algún momento en ejemplo para otros países. A eso debemos aspirar.
(edición Nº 726, 7 de enero, 2011)
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