La movilización estudiantil del año 2006 puede ser interpretada como un llamado a la recomposición de los lazos sociales, haciendo hincapie en la transversalidad de la educación en la sociedad. Fue un llamado proveniente de este grupo que históricamente ha buscado ir constituyéndose como actor en la sociedad en que le toca desarrollarse. De esa […]
La movilización estudiantil del año 2006 puede ser interpretada como un llamado a la recomposición de los lazos sociales, haciendo hincapie en la transversalidad de la educación en la sociedad. Fue un llamado proveniente de este grupo que históricamente ha buscado ir constituyéndose como actor en la sociedad en que le toca desarrollarse.
De esa movilización, salió la Comisión Asesora Presidencial para la Educación. Esta fue polémica, y no por lo radical de sus medidas, sino más bien por las fuertes discrepancias, internas y externas, acerca del significado y objetivo de la educación. Como señal de esto, recordemos la salida del grupo llamado Bloque Social por la Educación, antes de terminar y entregar el informe final. En virtud de esto, el gobierno, y en particular, un equipo de ministros, generó el proyecto de la nueva Ley General de Educación LEGE. Esta fue cortada a la medida del capitalismo, pues, a pesar de poner énfasis en ámbitos tales como la equidad, la calidad de la educación, la participación de la comunidad educativa en las decisiones, la responsabilidad de todos los actores, la flexibilidad y la transparencia, finalmente no altera la situación de mercado que opera en el sistema y que sin duda es la principal responsable de los miserables resultados de nuestro sistema educativo. En pos de una supuesta libertad de enseñanza, se articulan allí argumentos poco convincentes de quienes antes lucraron con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza LOCE y seguramente con el nuevo proyecto de ley, encontrarán las bases para hacerse cada vez más ricos.
Evidentemente el centro del conflicto es la LOCE y mientras subsista su estructura, aunque sea con otro nombre, como la LEGE, las desigualdades y los precarios resultados de la educación para los pobres persistirán. Ese es el conflicto, el resto es palabrería, a las que la Concertación y sus aliados de la derecha que ya nos tienen acostumbrados.
Si bien es cierto que la LEGE toca ciertos puntos que pretenden ser un avance en la alicaída educación chilena, en términos de participación hace referencia principalmente a que «el principio de participación y colaboración constituye una pieza clave para la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con una educación de calidad con equidad. Por eso, este proyecto, acorde a las nuevas tendencias educativas, contempla la participación de los integrantes de la comunidad educativa, quienes tienen derecho a ser considerados en el proceso educativo.
Asimismo, promueve la formación de Centros de Alumnos, Centros de Padres y Apoderados, Consejos de Profesores y establece el deber de contar con un Consejo Escolar en la educación básica y media, el cual se hace extensivo a los establecimientos particulares pagados, entendiendo que estas vías de participación enriquecen y aportan al proceso educativo.
De este modo, se reconoce que una educación de calidad es fruto del esfuerzo común entre estudiantes, padres o apoderados, profesionales y asistentes de la educación, y sostenedores públicos y privados»
El medio para llevar a cabo esta participación, para el gobierno, es el conducto regular de los Consejos Escolares, que son expuestos en la ley N° 19.979, que fue promulgada en el mes de septiembre del 2004. Esta modifica la Jornada Escolar Completa Diurna y crea otros cuerpos legales, como los Consejos Escolares para todos los establecimientos educacionales que reciben aportes fiscales, por lo que no se podrá prohibir su constitución.
Con el Decreto Nº 24 de enero de 2005, se reglamentó el procedimiento de constitución y funcionamiento de los consejos escolares. Según el Ministerio de Educación de Chile deben tener, al menos, un carácter informativo, consultivo y propositivo, pudiendo ser resolutivo incluso, si el sostenedor del establecimiento así lo decide. Dicho consejo está integrado por el director y el sostenedor del colegio, el presidente del Centro de Padres, el Presidente del Centro de Alumnos, un representante de los docentes y aún otros miembros, si cada consejo así lo establece y requiere.
Según la normativa publicada, el Consejo debe ser informado en las siguientes materias: a) Logros de aprendizaje de los alumnos, que implica los resultados semestrales y mediciones externas; b) Informes de fiscalización del MINEDUC; c) Resultados de los concursos para llenar cargos docentes, directivos, profesionales y administrativos; d) Presupuesto de los ingresos y gastos y e) informe de ingresos percibidos
El Consejo también será consultado en cuanto a:
a) Proyecto Educativo Institucional; b) Programa Anual de Actividades Extracurriculares; c) Metas del establecimiento y proyectos de mejoras; d) Informe de gestión educativa y e) Elaboración y modificaciones del reglamento interno. Además, podrá ser propositivo en todas aquellas materias en que sea consultado.
Los consejos representan una gran oportunidad para la escuela de recibir de manera sistemática y organizada, una retroalimentación acerca del impacto que sus políticas tienen en la comunidad escolar y de generar alianzas con los diferentes estamentos representados para que dichas medidas sean entendidas y apoyadas.
La conformación de los consejos escolares así como la utilidad de estos ha sido un gran tema. A pesar de estar regulada su existencia y de ser obligatorios, claramente no se ejerce este derecho. Esto se ve patentado y reflejado en los datos a nivel nacional. La conformación de los consejos no llega al 46%. A nivel regional, la estadística se dispara, aunque sin una línea uniforme, siendo la región de Los Lagos una de las más bajas con sólo un 22,3%, la región del Maule un 26, 5% y la región de la Araucanía un 29,1% de conformación de consejos escolares. Por otro lado, la región de Aisén, posee un 84,3%, la región Metropolitana un 70,6 % y la región de Antofagasta un 70,3% de consejos escolares.
Además, podemos señalar que los consejos escolares forman parte de una discusión internacional, con experiencias que van desde ser simples órganos de información, hasta la co-gestión. Hay ejemplos en Canadá y Brasil. En EE.UU se ligan a la comunidad mediante el financiamiento a través de impuestos; en España y Francia, han respondido a la prioridad de reducir la de distancia familia-escuela. Allí los consejos escolares han requerido de un soporte legal que los defina y estructure. Cuentan en generalmente con el apoyo de asesoría técnica.
En consecuencia, podemos ver que no es un medio de participación nuevo. Pero tampoco es uno por el cual se apueste, Motivos pueden haber muchos, los que van desde la poca y escasa información, fundamento que estaba presente en el movimiento secundario del 2006, o simplemente que los estamentos que deben participar no toman este cuerpo como algo válido, o más bien por la escasa formación y educación entregada a los posibles integrantes de este consejo. Aunque este consejo es en general de carácter consultivo, es una apuesta que, aunque no debe ser la única, tiene la importancia de integrar una mayor cantidad de actores sociales, pudiendo articularse distintas problemáticas, vinculando a los estudiantes con los padres, profesores y otros. Resulta ser también un factor grande de incidencia sobre la calidad de la educación y la formación de sujetos críticos, propositivos y líderes de un cambio social, que aporten en gran medida a la conformación de una sociedad más justa, libre, democrática y revolucionaria.