Estados Unidos «certificó» este viernes que el Gobierno de Colombia respeta los derechos humanos, pese a las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad como los falsos positivos. Esta ratificación es un requisito necesario para que el Congreso de ese país pueda desembolsar los fondos del Plan Colombia. Ian Kelly, portavoz del Departamento de Estado, ratificó […]
Estados Unidos «certificó» este viernes que el Gobierno de Colombia respeta los derechos humanos, pese a las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad como los falsos positivos. Esta ratificación es un requisito necesario para que el Congreso de ese país pueda desembolsar los fondos del Plan Colombia.
Ian Kelly, portavoz del Departamento de Estado, ratificó en un comunicado que con la «certificación», el Congreso estadounidense puede liberar los fondos restantes del año fiscal 2009 destinados a apoyar a las Fuerzas Armadas de Colombia, en su «lucha contra el narcotráfico». No obstante, Kelly admitió que existen ciertas áreas que deben ser mejoradas como las ejecuciones extrajudiciales o las intercepciones telefónicas y espionaje a opositores.
Para la cancillería estadounidense, Bogotá ha hecho «esfuerzos significativos» para aumentar la «seguridad» del pueblo colombiano y para impulsar el «respeto» a los derechos humanos por parte de sus tropas.
Según el portavoz del Departamento de Estado, «años de reformas y capacitación» están conduciendo a un «mayor respeto» y «entendimiento» de los derechos humanos por «la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas».
En este sentido, Kelly indicó que en el último año, la oficina de la Fiscalía detuvo a unos generales implicados en casos de irrespeto a los derechos humanos, y presentó cargos contra cinco miembros de un batallón del Ejército por actuar junto a paramilitares en la masacre de 20 civiles.
El comunicado del departamento de Estado, destacó que los militares y el Ministerio Público tomaron acciones de inmediato después de que en 2008 después que estallara el escándalo de los «falsos positivos», ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de soldados, quienes en busca de ascensos, beneficios monetarios o días libres, los hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate.
Por estos casos, se han expulsado a 51 miembros de las Fuerzas Armadas y se ha abierto una investigación sobre 75 soldados.
Por otra parte, el Departamento de Estado también calificó de «inaceptables» las intercepciones telefónicas y espionaje no autorizado a opositores y magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte del colombiano Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Falsos positivos
Sobre este tema, Álvaro Uribe, ha reconocido que han habido violaciones a los Derechos Humanos, especialmente en el llamado «Asesinato de Soacha», donde 11 jóvenes fueron hallados muertos el pasado 23 de septiembre de 2008, en Cimitarra y Ocaña, al norte del departamento de Santander (norte) y sepultados en fosas comunes.
Por su parte, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, indicó que para el 19 de junio de 2009, más de mil casos de homicidios, bajo la figura de falsos positivos, han sido perpetrados por funcionarios de la fuerza pública en Colombia.
Desde 2003 la Procuraduría General de este país, ha iniciado las investigaciones por la muerte de 812 personas en casos de este tipo. Hasta el 7 de julio de 2009 esta organización ha investigado a mil 603 militares por posibles falsos positivos.
Las Chuzadas
Desde febrero de 2009, medios de prensa colombianos comienzan a denunciar que el DASA adelanta escuchas telefónicas y seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y políticos opositores al gobierno de Uribe.
Los informes de las chuzadas, develan escándalos y acusaciones que vinculan a altos funcionarios del gobierno colombiano con la filtración de informes secretos a grupos paramilitares de ultraderecha.
El pasado 28 de mayo, la Fiscalía colombiana citó a cuatro ex directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia) Jorge Noguera Cotes, Andrés Peñate Giraldo, María del Pilar Hurtado y Joaquín Polo, por haber cometido lo delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores , abuso de autoridad y falsedad ideológica en documento público.