Desde sus inicios, la administración del presidente Iván Duque manifestó su clara intención de promover la erradicación manual forzada y el método de aspersión aérea en zonas con presencia de cultivos de uso ilícito como estrategia central en la definición de la política antidrogas en el país.
Con lo anterior, se distanciaba de lo establecido en los Acuerdos de La Habana, en los que se avanzó en una nueva concepción del tratamiento del problema de las drogas, reconociéndose en lo pactado que las condiciones históricas de pobreza, marginalidad y débil presencia institucional en los territorios han sido condicionantes para que un sector importante de familias y comunidades rurales del país recurriesen al cultivo de los denominados ilícitos como estrategia de subsistencia. La administración actual ha insistido desde entonces en los métodos de erradicación forzada, antes que en el de sustitución voluntaria (PNIS), y reeditado con ello el retorno a la eufemística y fracasada estrategia de guerra contra las drogas que hasta antes del Acuerdo de Paz caracterizó a los sucesivos gobiernos en la definición de la política de lucha contra las drogas en el país.
Como señalamos en nuestra más reciente publicación*, en la que hacemos un balance de los primeros tres años de implementación del PNIS, el Gobierno de Iván Duque, con la expedición en el año 2018 del documento Ruta futuro: Política integral para enfrentar el problema de las drogas, dio por centro a la política antidrogas no la priorización de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito como fue pactado en el Acuerdo, sino la estrategia de erradicación forzada que desde entonces se ha implementado por vía manual mediante los Grupos Móviles de Erradicación (GME), en la que la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que también contempla, no ha sido más que un programa marginal y subordinado a la estrategia de erradicación forzada, en la que la reactivación del método de aspersión aérea en Colombia es pilar fundamental.
La expedición del Decreto 308 del pasado 12 de abril, es un paso más con el que el actual Gobierno busca avanzar en su desmarque de la concepción y del tratamiento al problema de las drogas que fue establecido en el Acuerdo Final, para darle centralidad y predominancia a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, en el marco de la fracasada y muy cuestionada estrategia de guerra contra las drogas en la que con gran insensatez aún insiste.
En reacción al proyecto del Decreto que fue puesto a consideración por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) y el Centro de Pensamiento Amazonía (CEPAM), el pasado mes de marzo y mediante solicitud escrita, conminamos al Gobierno nacional para que en línea con la Constitución Política y el Acto Legislativo 02 de 2017 cumpla de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera**.
En esta oportunidad, y atendiendo a la expedición del Decreto, quisiéramos advertir otro de los aspectos relacionados con la adopción del método de la aspersión aérea como estrategia de erradicación de cultivos de uso ilícito en el país: el de las implicaciones que el eventual inicio del programa de aspersión tendría para las comunidades rurales que en diferentes regiones del país y en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, firmaron acuerdos colectivos de sustitución voluntaria con la entonces Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI), en representación del Gobierno y del Estado colombiano durante la segunda administración de Juan Manuel Santos.
Como bien es sabido, al PNIS están vinculadas actualmente 99.097 familias de 56 municipios y 14 departamento del país en los que existe una significativa presencia de cultivos de uso ilícito, las que manifestaron su voluntad de adelantar procesos de sustitución con el acompañamiento y el compromiso del Estado colombiano. No obstante, es importante señalar que en el programa no están incluidas y reconocidas todas las familias que, por su voluntad, y después de adelantar importantes procesos asamblearios en cada una de sus veredas, firmaron acuerdos colectivos de sustitución voluntaria con el entonces Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, como representante del Estado colombiano.
Para la elaboración del primer informe que fue realizado por la Procuraduría General de la Nación, titulado Sobre el estado de Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación reportó que cerca de 130 mil familias habían firmado acuerdos colectivos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito con el Gobierno nacional durante el periodo 2016 – 2019, de las cuales solo 99.907 familias de 56 municipios del país habían sido vinculadas al PNIS mediante la firma final de acuerdos individuales de sustitución.
Sin embargo, meses después, la misma Consejería, en su Informe de Gestión PNIS del 31 de diciembre del año 2020, corrigió la cifra inicial, y señaló que fueron 215.244 familias, ya no de 56 sino de 99 municipios de 14 departamentos del país, las que firmaron acuerdos colectivos duranta ese mismo periodo. Lo que indica que en el marco de la implementación del PNIS, del total de esas 215.244 familias que firmaron acuerdos colectivos de sustitución voluntaria, el 54 %, ubicadas en 43 municipios adicionales, no lograron ser vinculadas formalmente al programa mediante la firma de acuerdos individuales de sustitución. (ver informe, pp. 9-13).
Pero adicional a ello, en el mismo documento, en el que se advierte una deficiente gestión documental, la Alta Consejería reconoce que solo posee archivos de un número de 188.036 familias que firmaron acuerdos colectivos, de las cuales se estima un compromiso de erradicación de 166.774 hectáreas de cultivo; cifra que es muy superior a las 43.711 hectáreas que la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) reporta en su más reciente informe como erradicadas por las 99.907 familias que actualmente hacen parte del programa. Lo que indica que, por vía de la sustitución voluntaria, existían para ese entonces (o existen aún) expectativas de erradicación de cerca de 123.063 hectáreas de cultivos de uso ilícito, adicionales a las 43.711 hectáreas que por vía del PNIS han logrado ser erradicadas durante sus primeros cuatro años de implementación.
Cifras como las anteriormente expuestas, que son claramente conocidas por la Consejería para la Estabilización, permiten argumentar, el despropósito de reanudación de la aspersión aérea como método de erradicación forzada, ya no solo por las afectaciones ambientales y a la salud que han sido ampliamente documentadas y que llevaron a que la Corte Constitucional emitiese mediante la Sentencia T-236 de 2017 la orden de suspensión del programa de fumigación, sino que además evidencian al menos dos aspectos que consideramos como fundamentales:
- El claro incumplimiento por parte del Estado colombiano a las 116.147 familias cultivadoras que manifestando su voluntad de hacer parte del PNIS, firmaron acuerdos colectivos de sustitución voluntaria y que actualmente no hacen parte del programa, a pesar de que la Procuraduría General de la Nación, recomendara en el año 2019, en su primer informe sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz la necesaria formulación de «un plan de choque inmediato que permita atender las demandas de la población que manifestó voluntariedad en la sustitución de cultivos y que se está viendo afectada por las fallas de planeación del Programa». (ver informe, p. 207).
- Los graves efectos de la reanudación del programa de aspersión aérea en la ya de por sí deteriorada legitimidad de las instituciones de Gobierno y Estado en aquellos territorios con presencia de cultivos de uso ilícito, en los que estos han constituido parte de la economía local y de subsistencia de la población rural, agravados por el hecho de que las familias con cultivos de uso ilícito que cumplen con las condiciones para hacer parte del PNIS, que firmaron acuerdos colectivos de sustitución, que están ubicadas en 43 municipios diferentes a los que ya hacen parte del programa y que no hacen parte de su focalización, podrán ser objetivo del programa de aspersión aérea, en tanto lo que permite su vinculación al PNIS, es justamente que ellas no sean objeto de penalización ni sometidas a la implementación de erradicación forzada alguna.
El despropósito del Gobierno nacional actual, por promover la reactivación del método de aspersión aérea como parte de su estrategia de erradicación forzada, corre el alto riesgo de deteriorar aún más la legitimidad de las instituciones de Estado no solamente en aquellos territorios en los que las comunidades rurales, con el acompañamiento de sus liderazgos locales decidieron firmar acuerdos colectivos de sustitución voluntaria y hacer parte de la estrategia de transformación estructural y de construcción de paz en sus propios territorios; sino que además envía un mensaje hostil a las familias cultivadoras que no hicieron parte de la firma de este tipo de acuerdos pero que aún pueden tener expectativas en hacer parte del PNIS, en zonas en las que la presencia del Estado es mirada con recelo y que históricamente se ha mantenido entre la desconfianza, la sospecha y el entredicho. Y alimentar las ya complejas conflictividades que son características de los territorios con presencia de este tipo de cultivos, que además constituyen la economía de un sector importante de las comunidades rurales que los conforman, corre el riesgo de declaración de guerra contra ellas, que saben bien que el eufemismo con el que durante décadas ha sido promovida la guerra contra las drogas en el país, y en la que el método de aspersión aérea es solo una de sus expresiones, pretende esconder que son el objetivo.
* De los ríos, Edwin (2020). Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito: balance, rediseño y desafíos. Bogotá: ILSA.
** El pronunciamiento completo puede ser consultado en: http://ilsa.org.co/aspersiones-aereas/
Edwin De los ríos Jaramillo, Sociólogo, investigador. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA