Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, organismos de control como la defensoría del pueblo y procuraduría, las violaciones a los derechos humanos y montajes judiciales a los que están siendo sometidos los labriegos CRISTIAN CARDENAS, WILDER PEREIRA, EDIL BENITEZ, JHON MONTAÑO, DENIS COY, ROBIRO RODRIGUEZ, GEOVANNY MESA y EDUAR LOBO, miembros comunales y quienes por información de la comunidad, fueron detenidos el 26 de junio de la presente anualidad, cuando miembros de las Fuerzas Militares adscritos a la Primera División llegaron sobre las 6:00 a.m., a la vereda Santa Lucia del municipio de Chimichagua (Cesar) y la vereda Tierras Nuevas que es colindante y que se encuentra en los límites entre el departamento del Cesar y Norte de Santander.
Una vez en el sitio, los militares con listado de nombres en mano, muy al estilo paramilitar, iban buscando a las personas del listado, y en el camino iban golpeando a los campesinos que se encontraban hasta llegar al sitio conocido como La Estación, punto en el cual llegan los alimentos que no se producen en la región y punto de control de la Guardia Campesina designada por las diferentes Juntas de Acción Comunal y la Asojuntas del Bobalí, para evitar la propagación del COVID-19 en la zona.
Según lo manifestó la comunidad, a medida que los miembros del ejército avanzaban por ese sector, labriego que encontraban, lo iban deteniendo, amarrando y golpeando; lo mismo hicieron con el Presidente de Junta Acción Comunal de la vereda el desengaño, a un menor de edad primo-hermano de uno de los detenidos lo amenazaron de muerte y le apuntaban con un fusil en la cabeza, le colocaron una pistola y le decían que hablaran o lo asesinaban, varias familias residentes en el sector, también fueron objeto del trato arbitrario e injustificado.
Los miembros de la Guardia Campesina fueron amarrados, amenazados con asesinarlos, sometiéndolos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Igualmente se tiene conocimiento que el joven EDUAR LOBO, quien es miembro comunal, recientemente cumplió los 18 años, lo torturaron, recibió golpes de punta pies en la espalda y abdomen, al parecer también lo golpearon en la cabeza y rostro, el ejército le colocó un arma de fuego y un proveedor, con el cual lo está haciendo pasar como miembro de la insurgencia; presenta graves signos de maltrato y tortura, al punto que dicen personas de la comunidad, que lo vieron sangrando por la boca cuando se lo llevaron.
Las comunidades fueron amenazadas y atemorizadas por los miembros del ejército, el GROIC de la DIJIN, llegó al sitio de los hechos sobre las 9:00 a.m., para apoyar los procedimientos irregulares y arbitrarios que se estaban realizando, los que claramente son violatorios de los Derechos Humanos. En horas de la tarde, sobre las 4:00 p.m., aterrizó el helicóptero del ejército en el sitio de los hechos, trasladando a los labriegos detenidos al parecer al Batallón energético y Vial No. 2 con sede en el municipio de la Jagüa de Ibirico.
Desde el momento de su detención y hasta la presente, nadie da información exacta de su paradero, mucho menos de las razones de su arbitraria detención, los campesinos han sido incomunicados totalmente, no han podido comunicarse con sus familiares, ni con sus abogados de confianza, derechos fundamentales que les asisten y que se les ha negado; sumado a la imposibilidad de que alguien de la región pueda trasladarse a la unidad militar donde supuestamente están detenidos, por cuanto hay cuarentena y toque de queda en el departamento del cesar, las sedes judiciales (Palacio de justicia y Fiscalía) están cerradas lo que dificulta poder obtener información a tiempo y saber del paradero de los labriegos.
Se tiene conocimiento que las diligencias de judicialización se están llevando al parecer dentro de las instalaciones del Batallón Energético y Vial No 2 – BAEV 2 de la Jagua de Ibirico, lo que es arbitrario, sumado a la incomunicación a la que son sometidos por parte de miembros del ejército, motivo por el cual exigimos se garantice sus derechos humanos, el debido proceso y el respeto a las garantías procesales. Exigimos a la Fiscalía General de la nación y Procuraduría se investiguen los tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por agentes del Estado.