1. Las comunidades de Puerto Gaitán Meta, desde hace mas de 6 años vienen reclamando de las autoridades municipales, departamentales, y nacionales, así como a las operadoras petroleras, la solución a una serie de problemas sociales, ambientales, laborales y económicos, sin obtener respuesta positiva alguna. 2. La multinacional petrolera española Cepcolsa, que opera los campos […]
1. Las comunidades de Puerto Gaitán Meta, desde hace mas de 6 años vienen reclamando de las autoridades municipales, departamentales, y nacionales, así como a las operadoras petroleras, la solución a una serie de problemas sociales, ambientales, laborales y económicos, sin obtener respuesta positiva alguna.
2. La multinacional petrolera española Cepcolsa, que opera los campos de Jaguar, Toro sentado y Cara Cara, en asociación con Ecopetrol, en el municipio de Puerto Gaitán – Meta, República de Colombia.
3. La Multinacional Cepcolsa, procedió a cancelar de manera arbitraria e irregular, el contrato que mantenía con la contratista Montajes J.M. dejando sin trabajo a mas de 1.100 trabajadores, que habían tomado la decisión de afiliarse a nuestra organización sindical, en una abierta acción antisindical.
4. La multinacional petrolera PACIFIC RUBIALES ENERGY, de capital canadiense explota los yacimientos petroleros en los campos RUBIALES y QUIFA, en asociación con Ecopetrol, en el municipio de Puerto Gaitán – Meta, República de Colombia.
5. La multinacional Pacific ha convertido este campo, en el que laboran aproximadamente 13.000 trabajadores de contratistas, en un campo de concentración donde se irrespetan los más elementales derechos humanos y laborales, y se vulnera la soberanía nacional.
6. Desde que se inició el conflicto laboral y social en Puerto Gaitán el pasado 14 de julio, y luego en Campo Rubiales, el pasado 19 de julio de 2011, los trabajadores y las comunidades han sido objeto de la más agresiva violencia institucional y empresarial, dejando como saldo 50 trabajadores heridos de consideración, más de 500 trabajadores despedidos y varios miembros de la comunidad afectados.
7. La USO, cumpliendo sus principios sindicales y en ejercicio de los derechos constitucionales, ha venido haciendo presencia en la zona, acompañando a los afiliados, indígenas, campesinos y pobladores de esta región petrolera en Colombia. Consecuente con su disposición de dialogo, acordó con el gobierno nacional una reunión de concertación con el gobierno que se realizó el 3 de agosto pasado. En esta se definieron mesas de trabajo en las cuales se discutirían los distintos problemas planteados por las comunidades, iglesia, autoridades locales y empresarios e la región.
8. Pasados dos meses de la suspensión de la protesta pacífica de los trabajadores, las mesas no han producido ningún resultado concreto para mejorar la situación de las comunidades, lo que ha originado nuevas protestas.
9. Esta vez la agresión de la fuerza pública con su escuadrón móvil antidisturbios ESMAD, ha sido más brutal que en ocasiones anteriores: En Puerto Gaitán han atacado a la población civil, menores, mujeres, sin ninguna discriminación, utilizando gases y granadas aturdidoras modificadas con metralla. En Campo Rubiales, se han lanzado gases lacrimógenos y balas de goma desde helicópteros estatales, han destruido vehículos y quemado carpas para responsabilizar a los trabajadores de dichos desmanes; se ensañaron con los vehículos de la organización sindical que sufrieron destrozos, dejándolos prácticamente inservibles. Además, la multinacional bloqueó la vía entre Puerto Gaitán y Campo Rubiales.
10. Denunciamos que el Gobierno de Colombia ha dado la orden al ejército y la policía nacional de desalojar en horas de la noche por la fuerza a los trabajadores de Campo Rubiales y campo Quifa. Advertimos de que esta acción puede desencadenar una «masacre» de trabajadores.
11. Todos estos acontecimientos se habrían podido evitar si el gobierno nacional, la empresa Pacific Rubiales y Ecopetrol hubieran cumplido con lo acordado en la reunión de las mesas de trabajo el 3 de agosto pasado. La situación se torna más peligrosa porque en Barranca de Upía, también en el departamento del Meta, circuló un panfleto en el cual se amenaza a los dirigentes sindicales de la USO y porque en Puerto Gaitán se ha corrido un rumor que dice que «quienes provocan los disturbios son los de la USO». Coinciden sus frases con las de los empresarios e integrantes del gobierno nacional: «les recordamos que esta es nuestra zona no de ustedes así que no vengan acá con maricadas de enseñarles a nuestros humildes pobladores a hacer bombas y a destruir todo…»
CONSIDERACIONES
El gobierno de Juan Manuel Santos y el diálogo social han asumido una conducta proclive a los intereses de las empresas multinacionales y de represión contra los derechos de los trabajadores y las comunidades, que pueden declarar territorios vedados para los colombianos, sin que sean objeto de ninguna clase de reclamo de parte del gobierno.
No puede haber diálogo social serio cuando las empresas irrespetan los más mínimos derechos de los trabajadores y las comunidades, y cuando la respuesta a las manifestaciones de la sociedad se reprimen y se penalizan.
Tampoco puede convertirse en axioma del gobierno la represión y la violencia contra la protestas social. Las comunidades y los trabajadores en el Meta han sido objeto de la feroz represión del Estado colombiano poniendo en riesgo incluso la vida, integridad y libertades de los trabajadores de las comunidades.
SOLICITUDES Y DENUNCIAS
1. Responsabilizamos al Estado colombiano en cabeza del Presidente de la República y su fuerza pública, a las empresas PACIFIC RUBIALES y ECOPETROL, a las autoridades administrativas que ordenan los ataques indiscriminados sobre la población y la humanidad de los trabajadores, por la seguridad, la vida e integridad de los manifestantes.
2. Exigimos al gobierno nacional que detenga de inmediato la represión y la violencia contra los trabajadores y las comunidades en Puerto Gaitán y demás regiones petroleras de Colombia.
3. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que respete los derechos fundamentales de los trabajadores y las comunidades y se brinden las garantías para el libre ejercicio de la actividad sindical.
4. Hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales con el fin que se pronuncien y condenen estos atropellos de que viene siendo objeto por parte de las empresas petroleras y el gobierno nacional y local los trabajadores y las comunidades.
5. Hacemos un llamado de solidaridad a nuestras organizaciones hermanas, de derechos humanos y a la comunidad en general para que no permitan que se sigan conduciendo y reafirmando la conducta antisindical de las empresas petroleras y el gobierno nacional.
JUNTA DIRECTIVA U.S.O – NACIONAL
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ U.S.O
rCR