Más allá de las cifras de seguimiento, eternamente debatidas, una apreciación adecuada de lo acontecido en la jornada de huelga general del 14 de noviembre requiere reconocer que, en una situación de emergencia como la actual, la huelga ha sido aprehendida por la ciudadanía como medio global de lucha popular. Así, tras los últimos […]
Más allá de las cifras de seguimiento, eternamente debatidas, una apreciación adecuada de lo acontecido en la jornada de huelga general del 14 de noviembre requiere reconocer que, en una situación de emergencia como la actual, la huelga ha sido aprehendida por la ciudadanía como medio global de lucha popular. Así, tras los últimos meses de movilización social continuada y de permanente manifestación del conflicto de clases en el espacio público, la huelga se aleja de la típica definición jurídico-laboral (paro concertado del trabajo frente al empresario en pos de una reivindicación concreta) para convertirse en una protesta global con visos de impugnación constituyente.
La masiva participación de la ciudadanía en las movilizaciones que han acompañado, desde su preparación a su ejecución, a la huelga obrera stricto sensu, demuestra que la misma ya es entendida en sentido amplio como instrumento al servicio de la lucha de clases, como una herramienta de la clase que sólo dispone de su fuerza de trabajo, dentro o fuera del mercado formal, para sobrevivir frente aquellos que detentan el poder económico. El 14N, la huelga general, ha sido una ocasión en la que estudiantes, desahuciados, parados, precarizados en general, han actuado junto con el y desde el movimiento obrero, en reivindicación de la transformación social con un fin concreto compartido por el imaginario colectivo: la superación de las desigualdades y la consecución de la justicia social.
Volvemos así a una figura común en la historia, porque mucho antes de ser recogida como un derecho fundamental, la huelga general ya había jugado ya este papel transformador en momentos fundamentales. De hecho, la cesación concertada del trabajo fue un instrumento de voluntad eminentemente política en términos globales, mientas que l a lucha económica fue un cambio de frente posterior. Así, la batalla de las clases populares contra el absolutismo se realizaba mediante cesaciones de trabajo, evolucionando con naturalidad de la lucha contra la tiranía y por el derecho de sufragio a una guerra ya más organizada contra la explotación laboral y en reivindicación de los derechos a la jornada y salario justos, sin perder nunca su papel como instrumento en defensa de la democracia.
Es más, la historia también demuestra que, para que la huelga cumpla este papel de transformación con éxito, requiere desbordar las fábricas, convertirse en un movimiento popular que arrastre a las batalla a las capas más amplias del proletariado. Y si en estos momentos el término proletariado chirría, podemos sustituirlo por trabajadores; más aún, si el término trabajador asalariado, con un 25% de desempleados, parece una especie en extinción, podemos sustituirlo por explotadas, o incluso por receptoras de las consecuencias de una crisis del sistema capitalista mediante la cual se están ampliando las tasas de explotación y dominación, tanto en el plano económico como político. De esta manera, desde dentro y desde fuera de las relaciones de laborales, las personas que secundan una huelga general mediante una manifestación de acuerdo con sus fines, ya sea con una huelga de consumo, con piquetes ciudadanos, rodeando el congreso, manifestándose delante de los bancos, sean o no trabajadores asalariados, ejercen su derecho a la huelga, a la huelga como ejercicio de libertad de protesta que impugna las relaciones capital-trabajo, a la huelga que reivindica un cambio en las mismas.
El 14 de noviembre de 2012 un amplio conjunto de organizaciones llamó a otra Huelga General. Podría parecer una más de entre las ocho últimas realizadas tras la aprobación de la Constitución de 1978, pero esta tenía condicionantes específicos. Entre los motivos de las últimas huelgas generales encontramos los siguientes: el aumento del desempleo; la rebaja de la cuantía de las pensiones; la adopción de un plan de empleo juvenil que instauraba la llamada «contratación basura»; el abaratamiento del despido, con la eliminación de los salarios de tramitación y la rebaja de la indemnización; la congelación de los salarios de los funcionarios; los recortes a la prestación del desempleo. Todas y cada una de estas medidas, adoptadas en diferentes reformas laborales del PP y del PSOE y apoyadas entusiastamente por CIU, se concitan y se agravan en las últimas reformas laborales y en particular en la de 2012. Desde este punto de vista, centrado en el trabajo productivo, había motivos de sobra para la Huelga General.
Pero la situación de crisis actual supera con mucho la esfera de la explotación laboral privada, habiéndose publicitado el conflicto intrínseco a las relaciones de trabajo de manera evidente. Por ello, la huelga general del 14N contó con un apoyo masivo también fuera del estricto binomio de las relaciones asalariadas, demostrándose claramente que la huelga había adquirido una importante dimensión como instrumento de transformación global y reinventándose sus dinámicas y estéticas. De hecho, el protagonista del 14N no han sido las cifras de seguimiento, eternamente manipuladas y contradictorias, sino como la masiva participación ciudadana en los piquetes, en la ocupación continuada y visible del espacio público, en las manifestaciones multitudinarias, en la represión policial medida en imágenes de las agresiones y en número de detenidos. Y, como ha pasado en otros momentos históricos, la huelga ha tenido un actor que ha compartido protagonismo con los trabajadores: el movimiento estudiantil. Los estudiantes, a la vanguardia de la protesta en la calle, de los piquetes más contundentes, de la resistencia más potente, han demostrado que la unión de obreros y estudiantes sigue siendo una alianza fundamental para la transformación social.
Y esta incipiente mutación de la huelga en instrumento de contra-poder popular no podía tardar, porque se agotan las demás vías tradicionales para la canalización del conflicto en términos jurídicamente previstos. Por un lado, el desmontaje de la dimensión democrática del Estado y de la dimensión del Estado de derecho es cada vez mayor, quedando el mismo reducido a su función coercitiva como mero habilitador de las políticas neoliberales dictadas por instancias internacionales en contra de los intereses de las mayorías sociales. El Estado pierde legitimidad social a la carrera y se evidencia, ya de manera clara para amplios sectores de la población, que de no existir una contundente respuesta popular, las próximas décadas son años de minimización de los derechos para las mayorías populares. En paralelo, por otro lado, los cambios en los modelos y formas de organización de los procesos productivos, el desempleo, la precarización, la multifragmentación del trabajo, provocan otra serie de vínculos, alianzas, consensos y movilizaciones que exceden los cauces tradicionales del conflicto laboral.
Por ello, junto con los instrumentos heredados fundamentales, la huelga laboral, surgen otros recuperados de un pasado anterior, la huelga lato sensu como el instrumento de lucha para condenar y rechazar, de manera global, el sistema establecido, como la vía para la construcción de solidaridades, de movimientos auto-organizados, de alternativas constituyentes. Una huelga social, una huelga para construir vínculos entre trabajadores, estudiantes, parados, jubilados, desahuciados, en definitiva, entre todos los explotados y aquellos los forzados a autoexplotarse para sobrevivir en este sistema injusto y caminar hacia el proceso constituyente desde la base.
Adoración Guamán es profesora de derecho de la Universitat de València
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