El 2015 es un año que seguramente jugará un papel de bisagra en la historia de Colombia. Este año guarda la particularidad de que muchos de los procesos históricos de largo, mediano, y corto plazo que ha vivido el país están empezando a mutar. Por poner algunos ejemplos, podríamos hablar de las dinámicas de transformación […]
El 2015 es un año que seguramente jugará un papel de bisagra en la historia de Colombia. Este año guarda la particularidad de que muchos de los procesos históricos de largo, mediano, y corto plazo que ha vivido el país están empezando a mutar. Por poner algunos ejemplos, podríamos hablar de las dinámicas de transformación que tuvo el conflicto armado interno en el país, ya que resulta evidente que en la actualidad el tema del «desescalamiento del conflicto» empieza a hacerse realidad en algunas regiones del país. Paralelo a ello, empieza a tomar fuerza en algunos sectores sociales, económicos y políticos la discusión sobre los caminos y escenarios posibles para lograr la paz de Colombia. De igual manera, vemos que nuevamente emergen discusiones sobre las dinámicas de la tenencia, uso y propiedad de la tierra en el país entre diversos sectores a partir de propuestas de ley que contemplan alternativas tan diversas que van desde las denominadas ZIDRES, hasta los territorios agroalimentarios, o las zonas de reserva campesina. Y lo más complejo pero interesante de todo este mosaico de situaciones, es que todos estos niveles o discusiones de alguna manera están entrelazados; es decir, el escenario de posibilidad de cerrar un ciclo de violencia, de alguna manera dialoga y se encuentra con las discusiones alrededor de la construcción de la paz, y del tema de la distribución, uso y acceso a la tierra.
Para estructurar un poco la siguiente reflexión quisiera primero hablar de algunos elementos de orden político y social, y luego hacer mención a algunos asuntos de orden económico. Claro está! Cabe advertir que no se pretende escindir ni separar ambos niveles, por ello al final se intentarán establecer los puentes y relacionamientos a los que haya lugar.
2016: el año de la paz
El proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC-EP, lleva más de tres años de caminar. Sin dudas los avances son significativos y por ello representan el escenario más claro en la historia de Colombia donde se puede lograr un acuerdo definitivo que permita poner fin a una disputa militar de más de cincuenta años entre esta guerrilla y el Estado Colombiano. Se habla de un mecanismo de plebiscito como la figura constitucional por medio de la cual la población estaría en la facultad de participar y decidir sobre si está o no de acuerdo con la firma e implementación de los acuerdos a los que se llegue en la Habana. Se rumora que ya hay definidas seis regiones del país que cumplen con tres características comunes: hay presencia de esta guerrilla, hay importantes áreas de cultivos de coca, y hay una presencia muy débil de la institucionalidad del Estado. Se habla entonces de éstas regiones como «laboratorios de paz», en las cuales se intentarán implementar programas de sustitución de cultivos, y donde habrá una acción mancomunada de la guerrilla con algunas autoridades e instituciones del Estado para transformar algunas situaciones de orden social y económico en las comunidades.
Sin embargo, esto a la fecha no son más que rumores, ya que aún no se tiene certeza de cómo se van a dar estos relacionamientos, ni de cómo se van a intervenir estos territorios, ni de los recursos y mecanismos a implementar, y mucho menos se conoce el papel de las comunidades en estos ejercicios. Por ello, a pesar de lo cercano que pueda sonar el escenario de la paz, a la fecha hay mucha incertidumbre, escepticismo y desconocimiento en las comunidades y en los sectores sociales sobre los alcances y posibilidades reales que este escenario abra a las comunidades y las transformaciones que se impulsen en los territorios.
Por otro lado, también se rumora con mucha fuerza que en los primeros días del 2016, se hará oficial la mesa de negociación entre el gobierno colombiano con la guerrilla del ELN. Con ello el gobierno estaría en la posibilidad de poner fin a un largo ciclo de violencia con las dos principales estructuras insurgentes el país del siglo XX. Sin embargo, habría que preguntarnos desde ya: ¿qué tiene o tendría de distinto el escenario de negociación de las FARC-EP con respecto al del ELN? Al parecer, el elemento distinto o novedoso es el tema de la participación, ya que los elenos insisten en afirmar que la sociedad ha sido un actor determinante en la evolución conflicto, y que para la solución del mismo lo más obvio sería entonces darle un lugar protagónico y activo en su solución. Lo complicado de eso, es que al parecer todavía no se han encontrado con la fórmula que les permita aterrizar su propuesta en una metodología que esté en relación con los escenarios de negociación y de dialogo existentes o posibles.
El punto gris en este panorama de diálogo e interlocución para la superación de la violencia en Colombia en el 2016 son las llamadas Bacrim o estructuras de narcotráfico herederas e hijas del paramilitarismo, que en muchas regiones del país mantienen fuertes y complejas estructuras de poder que controlan territorios de acuerdo a intereses políticos y económicos de mafias y poderes locales. El complejo e histórico fenómeno de construcción de para-poderes tuvo incidencia en muchas zonas de Colombia con presencia de terratenientes y latifundistas, y muchos territorios quedaron anclados a las dinámicas económicas, sociales y políticas del paramilitarismo que todavía persisten en la actualidad, en tanto mutó la presencia militar o coercitiva, pero se mantuvieron ancladas relaciones de dependencia, poder y control sobre algunas poblaciones. Por ello resulta equivocado pensar que el negocio del narcotráfico únicamente es responsabilidad de la guerrilla, y que con el escenario de diálogos entre las guerrillas y el gobierno el tema va a desaparecer, ya que muchos de los territorios que controlan estos grupos o estructuras herederas de los paramilitares hacen parte de corredores estratégicos y de centros de producción de drogas en Colombia.
Ahora bien, no podemos desconocer las amplias expectativas e incertidumbres que hay entorno a los movimientos y organizaciones sociales y populares de Colombia para el 2016 y su papel en la construcción de la paz. Resulta evidente la dinámica ascendente de la movilización popular en el país a partir de la Minga indígena del 2008, y en la actualidad, con la existencia de organizaciones sociales diversas de tipo campesino, afro, indígena, de mujeres, juveniles y urbanas el campo popular se ha ampliado, diversificado y fortalecido. Actores relevantes como la cumbre agraria étnica campesina y popular proyectan el 2016 como un año para la movilización y como un año determinante en las luchas de los sectores sociales que también están proyectando sus apuestas de paz en Colombia.
La paz entonces, será un tema transversal para este 2016 en Colombia, y las decisiones o acciones que tomen diferentes actores (Gobierno, insurgencias, sociedad) van a marcar la hoja de ruta de este tema complejo y diverso. Como no todos comprendemos la paz desde la misma óptica, habrá que ponerle mucha atención entonces a los caminos y escenarios que se vayan configurando.
2016: revienta la crisis económica.
Si el escenario político es complejo en Colombia para el 2016, hay que decir que el panorama económico lo estará en mucha mayor medida. La devaluación del peso colombiano con respecto al dólar, la caída internacional del precio del petróleo, el aumento de la inflación a nivel nacional, el posible aumento del IVA, la tendencia deficitaria en la balanza económica entre exportaciones e importaciones del país, la dependencia incremental de Colombia de los mercados internacionales hasta en la producción agrícola, el aumento insuficiente al salario mínimo, y las notables consecuencias de la desindustrialización del país. Todo ello es un mosaico que el gobierno colombiano debe afrontar con seriedad, transparencia y responsabilidad si no quiere hacer de la difícil situación económica que se avecina para el país como la principal zancadilla a la posibilidad de la construcción de una verdadera paz en Colombia.
Juan Manuel Santos desde su primer mandato en el 2010 tuvo la pretensión de ubicar como el principal objetivo del gobierno colombiano el tema del crecimiento económico. Con ello ganó la popularidad y el apoyo de sectores empresariales, financieros y comerciales a nivel local y mundial; un poco escudado en la imagen de un político pragmático, pero con mentalidad de hombre de negocios. Por ello incluso divisó y publicitó entre algunos sectores económicos y políticos el tema de la paz en sus inicios como un escenario favorable al crecimiento económico, ya que con ello se habría de fortalecer la confianza en la inversión y la estabilidad de algunas actividades económicas afectadas por la violencia.
Sin embargo, Santos y su ministro de hacienda Mauricio Cárdenas poco se habrían de imaginar que el 2015 fuera a sufrir un cambio tan importante en materia económica como el que tuvo lugar. Algunos economistas lo denominarían como un «castigo a la ingenuidad», ya que el gobierno colombiano proyectó al sector minero-energético en el 2015 como el principal sector de la economía colombiana, ubicando más del 60% de las actividades de la economía nacional en este sector económico. Fue un tremendo castigo a la ingenuidad en tanto siempre resulta arriesgado depender únicamente de un sector de la economía y no hacer mucho más dinámica la cadena productiva. Al dar un lugar tan sobresaliente a la minería y al petróleo, no se estimuló y se vino abajo la dinámica de industrialización, e incluso de la producción de alimentos; por ello el país se hizo cada vez más dependiente de la importación de alimentos, y de productos que tenían algún grado de transformación productiva (tales como electrodomésticos, automóviles, maquinas).
En el 2014, durante el séptimo foro urbano mundial realizado por la ONU en Medellín, el propio economista Joseph Stiglitz recomendó a Juan Manuel Santos que no encarrilara la economía colombiana al sector minero energético de una manera tan desproporcionada, en tanto los riesgos y vulnerabilidad financiera eran inminentes, así mismo le advirtió a Santos sobre los riesgos que tiene no apostarle a la industrialización y dinamización de otros sectores de la economía, y del manejo poco responsable de los recursos tales como las denominadas regalías, ya que si las utilidades del sector minero energético no le están aportando o generando impulsos en otros sectores de la economía, no están contribuyendo al desarrollo económico y al bienestar, sino que están dejando atrasos y daños irreversibles a los territorios, todas estas advertencias se están empezando a materializar y a hacer palpables algunas consecuencias.
Vemos entonces que hablar en Colombia de la posibilidad de una crisis económica no resulta descabellado; según el profesor Daniel Libreros, dos factores van a producir para el año que recién comienza un déficit aproximado de 30 billones de pesos en el Estado Colombiano: La devaluación del peso colombiano con respecto al dólar (un déficit de 8 billones), y la caída del precio del petróleo (un déficit de 22 billones). De igual manera, si tomamos en consideración asuntos relacionados con la variación de la tasa de cambio del peso con respecto al dólar y la respectiva inflación, vemos que ello va a incidir negativamente en el consumo y en la dinámica económica nacional, de igual forma, los rumores sobre el aumento del Impuesto indirecto del IVA del 16% al 19%, ha suscitado muchas críticas y comentarios negativos en tanto se evidencia la continuidad del gobierno nacional por impulsar políticas tributarias totalmente nocivas y regresivas para las mayorías en tanto castiga directamente a los consumidores, en lugar de crear políticas fiscales progresivas y justas que hagan pagar proporcionalmente a quienes más tienen mayores cantidades de las que actualmente deben aportar.
El panorama económico sin dudas es el primer gran termómetro a la popularidad y legitimidad del segundo gobierno de juan Manuel Santos, y podríamos decir que parcialmente se «está rajando», en tanto hay muchos sectores que actualmente están insatisfechos e inconformes con el manejo económico que se está dando en el país y las consecuencias que está dejando a la gente: el aumento insuficiente al salario mínimo, el posible aumento del IVA, y la posible vente de ISAGEN, está despertando diversas críticas a las políticas fiscales del gobierno que podrían verse reflejadas en dinámicas bien sea de abstención o de insatisfacción con relación al tema de la paz.
¿Cómo financiar la paz, y como apaciguar la crisis?
Ante el panorama esbozado, habría entonces que preguntarnos hasta qué punto el contexto económico podría afectar la dinámica política sobre la construcción de la paz en Colombia, y con ello abrir la reflexión de qué tipo de modelo económico se requiere para el país si verdaderamente se está apostando a la ampliación de la democracia y la consolidación de la paz, ya que resulta evidente que en un país como Colombia, donde reinan vergonzosas cifras de desigualdad económica, pobreza, desigual acceso a tierras, se deben impulsar políticas fiscales que sean congruentes y coherentes con la construcción de la paz, ya que la paz no puede ser únicamente vista como la tranquilidad de los ricos y de las multinacionales, sino como la posibilidad de garantizar el acceso y el reconocimiento de derechos, servicios y oportunidades a muchas comunidades excluidas y marginadas. Resulta totalmente inapropiado y vergonzoso que en la actualidad, mientras se está hablando de paz, se siga castigando con más impuestos a los más pobres, para alivianar las dificultades de los sectores económicos que más ganancias han recibido y menos impuestos han pagado.
La paz implica también entonces una dimensión de justicia tributaria. Y ello podría sin dudas servir como impulso al financiamiento de la paz en Colombia. Pala la construcción de la paz no nos podemos quedar únicamente supeditados a la solidaridad y caridad de la comunidad internacional, sino que debemos impulsar y exigir desde ya la implementación de políticas fiscales serias, progresivas, responsables y coherentes con lo que es la paz para los colombianos. Por ello, la paz también implica dejar de alimentar la corrupción y hacernos los de la vista gorda con «la mermelada», ya que los recursos de las regalías siguen alimentando y fortaleciendo al clientelismo, la corrupción y el manejo de los recursos del Estado a dedo entre sectores políticos enquistados en las instituciones.
En caso de estallar, apaciguar la crisis económica implicaría que no se descargaran las consecuencias de este panorama de manera desproporcional sobre los sectores sociales más vulnerables. En muchos casos, los más pobres son los que terminan pagando los platos rotos de las decisiones tomadas por los ricos, resultaría totalmente contradictorio y problemáticos que los trabajadores y los sectores con mayores limitaciones económicas tuvieran que pagar las consecuencias del mal manejo de los recursos y de la desacertada proyección económica del país hecha por el gobierno y sus ministros.
Otra gran posibilidad que se vislumbra al cruzar el contexto político con el panorama económico reside en la movilización social y la dinámica de los sectores sociales que de alguna manera reclamen más seriedad y compromiso por parte del gobierno en estos dos temas fundamentales. Si los sectores populares organizados logran aprovechar el escenario de crisis que se vislumbra y logran mantener e intensificar las dinámicas de movilización seguramente serán el actor protagónico que logre dar algún viraje a la construcción de la paz y a la discusión del modelo económico que según Santos debe ser invariable y no está en cuestión, pero que a los ojos de la realidad de miles de colombianos requiere de profundos cambios si lo que realmente se quiere es la paz de Colombia.
Entonces, vemos que en caso de reventar, la crisis económica seguramente habrá de afectar los discursos y la dinámica misma del proceso de paz en Colombia, y que de manera recíproca, al repensar o reflexionar sobre lo que es, o debería ser la construcción de la paz en Colombia, salta a la vista que se deben dar cambios sustanciales en el manejo fiscal y económico del país, porque de seguir profundizando la desigualdad económica no se estarán dando pasos hacia la paz; la paz no se construye con miseria, con hambre y con asistencialismo; la paz se hace con oportunidades, responsabilidad y transparencia (incluyendo la dimensión fiscal).
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