Durante el 2017 y en lo corrido del 2018, grupos armados organizados han reconfigurado situaciones violentas en sus disputas territoriales que han implicado el incremento de la vulnerabilidad de las comunidades, además hay una suerte de competencias entre varios grupos armados organizados o delincuenciales por el control del territorio empleado para el narcotráfico, la minería […]
Durante el 2017 y en lo corrido del 2018, grupos armados organizados han reconfigurado situaciones violentas en sus disputas territoriales que han implicado el incremento de la vulnerabilidad de las comunidades, además hay una suerte de competencias entre varios grupos armados organizados o delincuenciales por el control del territorio empleado para el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras actividades ilícitas, así como la consolidación de nuevas alianzas entre dichos grupos.
En estos escenarios de vulneración los grupos armados organizados y delincuenciales, con el objetivo de lograr el control de los negocios ilícitos, han procurado ejercer, de igual forma, un control social sobre la población, dinámica que ha repercutido en la ocurrencia de nuevos desplazamientos forzados, amenazas y delitos contra las libertades, en el que han resultado afectadas distintas comunidades rurales, líderes sociales y comunitarios, sin que se cuente con cifras exactas al respecto.
Bajo la luz de esta realidad, numerosos hombres armados legales, comandos operativos terrestres integrados al Batallón Rifles comandados por el Coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa perteneciente a la Brigada Once que está comandada por el Coronel Gabriel Fernando Marín Peñalosa han hecho presencia en el corregimiento Juan José y sus veredas circunvecinas pertenecientes al municipio de Puerto Libertador, departamento de Córdoba con el fin de «mitigar, conjurar e intervenir militarmente» para restablecer el «orden y las libertades» constitucionales, en tal sentido salvaguardar sobre todo la vida e integridad de las familias campesinas del territorio.
El 24 de diciembre, promediando las cuatro y media de la tarde, el campesino Luis Eduardo Garay Manchego de 47 años, padre de dos hijos fue asesinado en límites del cerro que está ubicado en la entrada del corregimiento Juan José, en el entendido que fue ultimado por disparo de espalda.
El asesinato tuvo ocurrencia criminal a manos de miembros de la fuerza pública, específicamente de soldados regulares miembros del Batallón Rifles comandados por el Coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa perteneciente a la Brigada Once que está comandada por el Coronel Gabriel Fernando Marín Peñalosa.
El campesino se trasladaba en una motocicleta desde el corregimiento La Rica, al corregimiento Juan José del municipio Puerto Libertador. En esa distancia carreteable fue interceptado por miembros del mencionado Batallón Rifles quienes en muy confusos hechos lo asesinaron.
Su cuerpo apareció a varios metros de la vía, sin portar ningún tipo de prendas de uso privativo de las fuerzas militares, sustancias psicoactivas o artefactos que pudieran representar la consumación de un delito contenido dentro del código penal colombiano.
Es este hecho luctuoso desde luego una violación al Derecho Internacional Humanitario, específicamente el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional y Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra.
Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article23811