El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) objeta y se opone a la reelección del actual presidente y con ella, la de su política de Seguridad Democrática y Estado Comunitario convocando el 6 de marzo de 2010 a actos simbólicos en Colombia y el mundo. Desde el 2002 persiste el carácter sistemático de […]
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) objeta y se opone a la reelección del actual presidente y con ella, la de su política de Seguridad Democrática y Estado Comunitario convocando el 6 de marzo de 2010 a actos simbólicos en Colombia y el mundo.
Desde el 2002 persiste el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, la criminalización y persecución de la oposición política, el exilio, el desplazamiento forzado y la imposición de un modelo económico que profundiza la pobreza, la destrucción de la biodiversidad y la posibilidad de garantías y satisfacción para los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.
En los meses de enero y febrero de 2010, el presidente Uribe y su Ministro de Defensa han reiterado en varias oportunidades que ocho años de «Seguridad Democrática» no han sido suficientes para recuperar la seguridad en el país y que tienen sus dudas sobre las intenciones y capacidades de los precandidatos presidenciales frente a continuar esta política. Así, lo que se pretende reelegir es un ejercicio del poder, un modo de enfrentar la crisis de derechos humanos, del conflicto social armado y de la disminución de la pobreza y la miseria.
En los últimos ocho años la política de Seguridad Democrática se ha expresado en:
– Una «Ley de Justicia y Paz» que se ha caracterizado por su alto grado de impunidad. De los 35.353 paramilitares que se han desmovilizado, solo 698, o sea un 1.98%, están siendo procesados por los delitos cometidos y solo uno ha sido condenado, condena que fue anulada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
– Una infiltración paramilitar en todas las esferas del gobierno, siendo hasta el momento más de 133 congresistas y ex-congresistas quienes han sido investigados por sus presuntos nexos con paramilitares, un gobernador tres alcaldes y seis concejales, elegidos todos para el periodo 2007-2011 se encuentran también bajo investigación, igual que 14 ex gobernadores, 7 ex diputados y 35 ex alcaldes, la gran mayoría de estos perteneciendo a la bancada Uribista.(1)
– La legalización y mimetización del paramilitarismo en la sociedad y la profundización del control paramilitar en las grandes ciudades. Los «nuevos» grupos paramilitares a finales de 2009 alcanzaron a tener alrededor de 11.000 miembros armados. (2)
– Una constante infracción al Derecho Internacional Humanitario con la utilización de la población civil en el conflicto armado bajo diferentes modalidades como «la red de informantes», «soldados por un día», «familias guardabosques», «estudiantes informantes» (Medellín), «taxistas informantes» (Cali), entre otros.
– Una práctica sistemática de persecución y criminalización de la oposición política, con señalamientos detenciones masivas e individuales de líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos.
– La falta de garantías para las víctimas. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado desde su nacimiento en junio de 2005 ha sido víctima de una política sistemática de agresión, muestra de ella las alrededor de 170 agresiones documentados, entre ellos asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, detenciones, amenazas, intimidaciones y estigmatizaciones por parte de funcionarios del gobierno. La Procuraduría General de la Nación recibió 800 solicitudes de protección por parte de víctimas en el año 2008. (3)
– La extradición de 23 jefes paramilitares a los Estados Unidos, silenciando a perpetradores de crímenes de Lesa Humanidad que estaban dispuestos a compartir con la sociedad sobre sus nexos con políticos, sectores económicos y el actual gobierno.
– La falta de garantías para paramilitares en procesos de desmovilización, lo que se traduce en los más de 2000 reinsertados asesinados en cárceles y en las calles de diferentes ciudades, sin que hasta la fecha haya un preso por estos crímenes.
– Un incremento en el desplazamiento forzado. Según la consultoría CODHES el desplazamiento forzado bajo la política de Seguridad Democrática ha sido de 2.4 millones de personas, constituyendo casi la mitad de los 4.9 millones de personas que se han tenido que desplazar en los últimos 25 años. La mayor parte de estos desplazamientos ha estado ligado a proyectos económicos como la palma aceitera, la minería y la extracción del petroleo.
– La Fiscalía General de la Nación está investigando más de 1200 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza Pública, lo que demuestra el carácter sistemática de una practica que se considera por el Derecho Internacional como Crimen de Lesa Humanidad. Los llamados «falsos positivos» son un resultado directo de una política que incentiva con el dinero las bajas de integrantes de los grupos al margen de la ley. Estos falsos positivos se tienen que entender de una forma más amplia como son también falsos positivos montajes judiciales y desmovilizaciones forzadas.
– Incremento del gasto del 5.2% del PIB para Defensa en 20024 en 2010 el presupuesto para defensa es de 14.2% del PIB (11.057 millones de dolares), superando por primera vez el presupuesto para la educación (13.9% del PIB).
– Liberalización del mercado. Las nuevas leyes de zonas francas, hidrocarburos, minería y las propuestas para aguas y la ley forestal han buscado poner un precio a todo recurso existente en el país y ha ido acompañado con la privatización de sectores públicos, despedidas masivas y la precarización de la situación laboral.
– El Departamento de Seguridad (DAS), órgano que depende directamente del presidente de la República, ha pasado de un escandalo a otro, entre otros por nexos con paramilitares, interceptaciones ilegales de las comunicaciones de la oposición política, la creación de un órgano ilegal (G3) que tenía como fin hacer seguimiento e intimidar a magistrados, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos.
– La excarcelación de militares implicados en ejecuciones extrajudiciales por supuestos vencimientos de términos y que está excarcelando parapolíticos, involucrados en crímenes de Lesa Humanidad por haberse acogido a sentencia anticipada, mostrando la incapacidad de la justicia colombiana a defender los derechos de las víctimas y la necesidad de una intervención de la Corte Penal Internacional en el país.
El MOVICE invita a la sociedad colombiana a participar en esta jornada de expresión contra la reeelección de la seguridad democrática y estado comunitario, llama a los diferentes precandidatos presidenciales a distanciarse públicamente de la política de Seguridad Democrática, y a comprometerse en una política que propicie la verdad, la justicia, la reparación integral, la paz con justicia y el cese de la mercantilización de la salud y de los territorios.
16 de febrero de 2009
(1) Verdad Abierta 13/05/2009
(2) «El declive de la Seguridad Democrática» Corporación Nuevo Arco Iris Noviembre 2009
(3) Revista Cambio en su edición del 29 de enero de 2009
(4) «El gasto en Seguridad y Defensa en Colombia: de la contención a la ofensiva» Fundación Seguridad y Democracia 17/11/2004