Durante el primer período del presidente Álvaro Uribe, 11.292 personas fueron asesinadas o desaparecidas por motivos de violencia socio-política. Después de su desmovilización, las autodefensas fueron responsables de la muerte y desaparición de 976 personas cada año.El panorama en derechos humanos en Colombia ha variado poco en los últimos cuatro años. A pesar de la […]
Durante el primer período del presidente Álvaro Uribe, 11.292 personas fueron asesinadas o desaparecidas por motivos de violencia socio-política. Después de su desmovilización, las autodefensas fueron responsables de la muerte y desaparición de 976 personas cada año.
El panorama en derechos humanos en Colombia ha variado poco en los últimos cuatro años. A pesar de la desmovilización de 31 mil paramilitares, la ofensiva militar contra los grupos guerrilleros y la disminución de secuestros, los derechos humanos y el derecho humanitario en Colombia se sigue violando por grupos ilegales y organismos del Estado. Según la Comisión Colombiana de Juristas, en los últimos cuatro años murieron asesinadas o fueron desaparecidas 11.292 personas, y el 75 por ciento de estas acciones fue responsabilidad del Estado.
Gustavo Gallón, director de esta ONG, atribuyó la alta cifra a tres razones: las exigencias de la Política de Seguridad Democrática, la presión a la fuerza pública para que entregue resultados positivos y la falta de distinción entre civiles y combatientes. «Es cierto que han disminuido los homicidios en ciudades como Bogotá y Medellín, pero cabe recordar que estos son cometidos por grupos de delincuencia común», dijo Gallón.
El estudio de la Comisión da cuenta de las 908 víctimas (14%) que dejaron agentes estatales como policías o militares; 3.907 víctimas murieron o están desaparecidas «por tolerancia o apoyo a grupos paramilitares» (60.98%); y a las guerrillas como las Farc y el Eln se les atribuye el 24,83 por ciento de los casos, es decir 1.591 víctimas entre 2002 y 2006. Además, se calcula que 6.192 personas fueron detenidas arbitrariamente.
Casos como el de las torturas a un grupo de soldados en el batallón Patriotas en Piedras (Tolima), ocurrido en enero de 2006; o la detención y posterior ejecución a tres sindicalistas en TAME (Arauca), en 2004; o los escandalosos falsos positivos que entregó un grupo de uniformados de inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares el año pasado, son algunos de los ejemplos que la Comisión cuantificó para entregar el preocupante resultado. «En la mayoría de los casos, las violaciones estuvieron precedidas por detenciones arbitrarias y, en algunos casos, de desapariciones forzadas (…) en una muestra de 98 casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre julio de 2002 y junio de 2006, 46 personas civiles fueron presentadas como muertas en combate en algunos de los operativos militares», dice el informe.