«E: ¡Magnífica! ¡Es usted magnífica! ¡Es usted exquisita! Le felicito calurosamente, señorita. No merece la pena continuar. En lo que respecta a la suma es usted magistral. Veamos la resta. Dígame solamente, si no está agotada, cuántos son cuatro menos tres.
-L: ¿Cuatro menos tres?… ¿Cuatro menos tres?
-E: Sí. Quiero decir: quite tres de cuatro.
-L: Eso da… ¿siete?
-E: Perdóneme si me veo obligado a contradecirle. Cuatro menos tres no dan siete. Usted se confunde: cuatro más tres son siete, pero cuatro menos tres no son siete… Ahora no se trata de sumar, sino de restar… ¿Sabe usted contar bien? ¿Hasta cuánto sabe usted contar?
-L: Puedo contar… hasta el infinito…
-E: Eso no es posible, señorita.
-L: Entonces, digamos hasta dieciséis».
No es la transcripción de un diálogo entre fiscal y Ministerio Público[1]. Es una muestra del TEATRO DEL ABSURDO, en una pieza de Eugene Ionesco.
Pero es ilustrativa porque así está el derecho y así están los derechos históricos en Colombia. Una palabrería hueca, sin sentido, repleta de lugares comunes, incoherentes y disparatados. Pero a diferencia del teatro aquí los crímenes y los abusos grotescos son absurdamente reales, producen muerte y sufrimiento.
Así puede verse en el nuevo eslabón de la ya larga cadena de arbitrariedades, abusos y maniobras viles de fiscalía, policía y directivos del INPEC en el llamado “caso andino”.
Eslabón que suma, pero que pasa desapercibido en tiempos de masacre carcelaria, hambre extendida como enfermedad contagiosa, tragedias ocultas en cada casa pero maquilladas con aplausos desde altas ventanas, banderitas y miedo pandémico a domicilio.
Las ya clásicas mentiras, omisiones, silencios de funcionarios públicos que homologa en moneda corriente sus referentes éticos o en conveniencia política y elevación burocrática su sentido de justicia.
Mismos funcionarios que después de ordenar una Masacre en plena capital del país, sin disimular sonrisas felicitan a los autores materiales, al tiempo que hacen el ejercicio pedagógico de separarse dos metros en sus alocuciones. Pero, al mismo tiempo, obligan a miles a apoyarse hacinados en espacios insanos y cerrados en sus prisiones y hasta casas; otros, de los mismos, ocultan pruebas del más grande y vulgar fraude electoral de la historia de nuestro país y mienten con gran éxito para salvaguardar intereses de poderosos señores.[2]
Personajes de esos ajenos a la angustia de familiares y queridos que, encerrados, sin ingresos, con pocos alimentos, tos y en total incertidumbre se enteran del traslado injustificado, peligroso e inmoral, de varias prisioneras del «Buen Pastor» entre ellas las amigas y compañeras de infortunio y alegrías Lizeth Johana Rodríguez, Alejandra Méndez Molano y Lina Jiménez Numpaque, acusadas injustamente del crimen del Centro Comercial Andino y detenidas por otro fraudulento y tramposo proceso por rebelión.
Además de soportar las condiciones de reclusión en el Buen Pastor (donde habían llegado a negarles el ingreso de elementos de aseo y otros abusos[3]) ahora fueron trasladadas a la prisión de COIBA en Ibagué. Prisión en la que permanecen más de 20 horas diarias encerradas en celdas de 2 ×3 metros cuadrados, SIN AGUA, (una hora en la mañana y, a veces, una hora en la tarde) sin ventilación, sin espacios para ejercicio, sin luz del sol, sin visitas de abogados ni de nadie, sin toldillos, en un ambiente malsano y lleno de zancudos y sin que nadie se preocupe de la suerte, la salud mental y física de las mujeres allí recluidas.
Sin duda es otro de «los trucos» ingeniosos de algún funcionario (tipo Miguel Olaya Cuervo el «ñeñe fiscal») para ablandar a las prisioneras políticas y presionar «confesiones» y colaboraciones como las que ya logró aplicando esos métodos «sutiles» de Tortura psicológica y física.
Denunciamos – otra vez- está ridículamente interminable y tragicómica serie de bestialidades cometidas en este proceso político-penal que busca encubrir a los culpables de un crimen atroz, del mismo modo que encubren otros crímenes (narcotráfico, homicidios, compra de votos, fraude electoral, tráfico de influencias) para proteger a diestros maestros de lo siniestro.
Lean esta denuncia, compártanla, denúncienla, plágienla, háganla canción, pintura, danza, performance, elévenla, distribúyanla, indígnense y guarden esa indignación en un rincón que algún día saldremos todos del encierro.
[1] Hace referencia a dos de los funcionarios que intervienen en el caso Andino, aquí sus meritorios prontuarios: Adalgiza Neira Palacios. Representante del Ministerio Púbico. (Procuradora)
Esta funcionaria de la arbitrariedad antes de ser procuradora ocupó los cargos de magistrada y de fiscal especializada antiterrorismo.
Siendo magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, firmó la sentencia condenatoria contra un General del ejército, atribuyéndole una afirmación que jamás hizo, y dejando sin investigación a muchos otros oficiales del ejército relacionados con la masacre de Mapiripan en la impunidad.(https://www.semana.com/opinion/articulo/descuido-fatal/265930-3. )
Cómo fiscal, fue la encargada del montaje hecho al profesor universitario Francisco Tolosa que, cómo novedad, se sustentaba en testimonios falsos. Para justificar la imposición de la detención en una cárcel para el profesor, aseguró sin vergüenza, que “no es peligroso porque porte armas, sino por las ideas que profesa” (https://www.ivancepedacastro.com/nuevo-montaje-judicial-contra-la-oposicion-politica-y-el-pensamiento-critico/. ) y Miguel Olaya Cuervo fiscal 21 DECOC. Fiscal que mantuvo privado de su libertad a Castro por hacer una publicación en Facebook sobre los hijos de Álvaro Uribe. La justificación: “intentar persuadir a otras personas para que asesinaran al hijo del presidente.” (https://amp.elespectador.com/opinion/la-estupidez-tambien-es-un-crimen-columna-175640. )
Recibió los procesos del Centro Comercial Andino y de Mateo Gutiérrez. En este último insistió, a pesar de la contundencia de las pruebas de manipulación de testigos y la ausencia absoluta de cualquier relación de los procesados con los hechos, en apelar las decisión que lo absolvió e incluso llevarla a Casación.
Luego de hacerse cargo del proceso del Centro Comercial Andino buscó mantener ocultas las pruebas para asegurar la imposición de la detención de todos nosotros y que presentaron públicamente como las “pruebas reinas”. En su momento este fiscal dijo, sobre el informe elaborado por la policía francesa sobre el atentado, que la fiscalía no lo tenía. Ahora, el siempre ético MOC asegura, luego de más de dos años y medio de detención, que el contenido de ese informe no lo encuentra pertinente. (https://www.las2orillas.co/fiscalia-a-destapar-pruebas-que-no-quiso-mostrar-de-bomba-en-el-andino/.)
[2] Miguel Olaya Cuervo es el mismo fiscal al que la DIJIN le dio a conocer los informes y las conclusiones de la interceptación de los audios hechos al Narcotraficante “Ñeñe” Hernández donde queda más que clara la coordinación entre el partido político de gobierno y su estrecha relación con la ilegalidad para mantener el poder político. (Comprando votos en este caso). Su labor: mantener cómo fuera posible esas pruebas ocultas para que no existiera ninguna investigación. https://www.laopinion.com.co/politica/organizaciones-piden-que-fiscal-se-declare-impedido-en-caso-del-nene-hernandez-193611; http://m.lapatria.com/nacional/informe-confirmaria-que-audios-del-nene-hernandez-si-estuvieron-en-el-bunker-de-la-fiscalia.
[3] https://www.elespectador.com/coronavirus/tension-en-la-carcel-buen-pastor-por-medidas-del-inpec-para-enfrentar-el-coronavirus-articulo-909862.