El «Plan Zeta», creación de mentes afiebradas, consistía, según se dijo en esos años, en asesinar masivamente a personal de las Fuerzas Armadas. La propia CIA reveló en 1999 que dicho plan «nunca existió», y que fue solo «una operación de guerra psicológica de Pinochet». Cambio21 obtuvo documentación exclusiva que revela los alcances de esta […]
El «Plan Zeta», creación de mentes afiebradas, consistía, según se dijo en esos años, en asesinar masivamente a personal de las Fuerzas Armadas. La propia CIA reveló en 1999 que dicho plan «nunca existió», y que fue solo «una operación de guerra psicológica de Pinochet». Cambio21 obtuvo documentación exclusiva que revela los alcances de esta gigantesca mentira.
«Estaba parado frente a mí, me tenían vendado y amarrado, inerte frente al torturador. Comenzó a hablar, le reconocí por el lenguaje profesional, era colega, un dentista. En Valdivia eran pocos en ese momento y fue fácil saber de quién se trataba. Él seleccionaba la pieza dentaria en que se debía aplicar el tormento, no tuvo piedad». Así relata el médico y científico Sandor Arancibia Valenzuela, quien fuera Intendente en esa sureña ciudad en 1973, su cara a cara con la dictadura.
Hoy, como querellante, acusa al ex teniente del Ejército, Patricio Kellet Oyarzún, quien reconoce haber torturado a prisioneros políticos al interior del Cantón Bueras, a Armando Robles Jensen, que en su calidad de dentista habría participado en sesiones de tortura, y también imputa al periodista Eduardo Hunter Abarzúa, dirigente regional de Renovación Nacional, quien comenzaba sus crónicas, dando por hecho el famoso Plan Z, con el cual se condenó a numerosas personas el año 73 y a otros ciudadanos, incluso fueron sentenciados a muerte, otros a cadena perpetua.
Estrategia golpista
«Los interrogatorios eran brutales, en ellos buscaban que se ratificara lo que ellos querían que se declarara, lo que estaba preestablecido. Luego se pasaba a hablar con el Fiscal, donde había derecho a café y cigarro, claro, siempre que se ratificara lo que había sido obtenido bajo tortura, sino allí mismo se acababa la «tertulia» y se volvía a la sesión de interrogatorios criminales. Entre los Fiscales que actuaron estaba Bernardo Puga, hermano del sacerdote Mariano Puga», recuerda Arancibia.
Han pasado muchos años, es cierto, por aquella época empinaba los 28 y se había transformado en el Intendente más joven de Allende en la zona. Aunque voces amigas, como una trabajadora de casa particular que le relató, antes del Golpe, que había escuchado en casa de sus patrones, que civiles daban nombres de «enemigos» con los cuales saldar cuentas y se organizaban para ello, no tuvo miedo ni dudó que los militares serían leales al gobierno constitucional. No fue así. Asegura el doctor Arancibia, que «eran los albores del Plan Z».
«Creo que en la estrategia militar, se trataba de condenar de una manera ejemplar a quien era la primera autoridad provincial en Valdivia. Esto estaba preparado desde hacía tiempo ya por civiles, no solo militares. Llama la atención -señala-, que el mismo 12 de septiembre ya estaban todas las autoridades del país designadas y en sus puestos. Con lo que cuesta a los gobiernos democráticos hacerlo, es un tema que no puede pasar inadvertido, fue lo mismo que aconteció con los comestibles que aparecieron en el mercado al día siguiente del golpe», reflexiona.
Documento revelador
Cambio21 tuvo acceso a un documento histórico, desconocido hasta ahora, con las declaraciones consignadas en el Parte de Carabineros de Chile, 1ª Comisaría de Valdivia, Tenencia Gil de Castro, firmada el 24 de noviembre de 1974 por René Quezada de la Plaza, Comisario y Mayor de Carabineros y por Rubén D. Aracena González, Teniente de Carabineros y jefe de la Tenencia.
En el documento dirigido a la Fiscalía del Ejército de Valdivia (causa rol 1455-73), se da cuenta que la «Unidad Popular, específicamente el Partido Socialista, con anterioridad al 11 de septiembre de 1973, elaboró planes destinados a la neutralización de las FFAA y Carabineros, como igualmente comenzó a planificar la acción a desarrollar ante la evidencia de un enfrentamiento, ya sea con civiles o las FFAA».
El documento detalla acciones consistentes en el «secuestro de familiares de jefes y personal de las FFAA y Carabineros». Los secuestrados, apresados en acciones tipo «comando», serían reunidos en un lugar y luego, ya en cautiverio, serían cambiados por «armas». Agrega, que los que se opusieran «serían fusilados». También asegura el documento por primera vez dado a conocer a la opinión pública por Cambio21, que las poblaciones de uniformados serían rodeadas y conminadas a entregar las armas y rendirse.
El plan Z detallaba, según el parte policial que dio origen a los Tribunales de Guerra en contra del Intendente Sandor Arancibia Valenzuela y otras autoridades, incluía «emboscar patrullas (militares) y obtener la mayor cantidad de armamentos». Para llevar adelante su plan, Arancibia y las demás autoridades de la época, se valdrían del apoyo de barcazas cubanas que llegarían por el río a Valdivia.
¿De dónde salió el Plan Z?
Desde luego, el Plan Z solo tuvo existencia en la mente afiebrada y maquiavélica de unos pocos que buscaron, a nivel nacional, justificar la acción violenta emprendida en contra de los seguidores de Allende y por otra lograr la unidad, ante la amenaza común, de las fuerzas armadas y carabineros. Muchos eran capaces de jurar que sí existió. Hoy, la mayoría de quienes defendieron su existencia, mira con vergüenza el suelo cuando se les pregunta sobre el tema.
Lo grave, es que varios chilenos y chilenas fueron condenados, incluso a muerte, teniendo por justificación el mentado plan. El doctor Sandor Arancibia, quien reside actualmente en Francia y está de paso en el país para dar curso a la querella que tramita el Ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Juan Ignacio Correa, fue uno de los condenados por «traición a la Patria», de acuerdo al parte policial que acogió como verdad absoluta, el Consejo de Guerra.
«Así que voh hijo de p…. ibas a matar a mis hijos» le decían mientras le torturaban. No hubo defensa real, los pasaban a manos de los torturadores y cuando estaban «blandos», debían comparecer ante el Fiscal Militar. Si negaban lo que decían las declaraciones «voluntarias» prestadas frente a los torturadores, eran nuevamente enviados a sus manos, para que «meditaran» sus dichos.
Qué era el Plan Z
«Plan Z» es el nombre atribuido a un presunto proyecto del gobierno de Allende, para ejecutar una insurrección armada, una especie de autogolpe, con el fin de imponer por las armas un gobierno marxista. Para ello, buscarían descabezar las FFAA y a Carabineros. La supuesta existencia de este plan fue divulgada profusamente por militares y autoridades de la dictadura.
Archivos desclasificados por la CIA en 1999, acreditaron que el Plan Zeta nunca existió, y que por el contrario, fue una operación de guerra psicológica de Pinochet y los militares chilenos, particularmente de la Armada de Chile, en que impusieron la lógica del son «ellos o nosotros», para justificar la represión y violaciones a los derechos humanos llevados a cabo durante la dictadura militar.
Sin embargo, en aquella época, altas autoridades del gobierno cívico militar, aseguraban que era una realidad. Entre ellos el mismo Pinochet. Pero no se trató solo de un absurdo montaje, sino que de uno macabro, que llego a segar vidas y justificó atrocidades. Federico Willoughby, otrora activo colaborador del régimen, descartaría más tarde dicho plan denunciándolo como una «falsedad».
El 18 de septiembre del 73, El Mercurio titulaba a 8 columnas: «El ex gobierno marxista preparaba un autogolpe de Estado». ¡Aterradora información! Según esta, la Administración de Salvador Allende habría fomentado un plan de asesinato masivo de militares, dirigentes políticos y periodistas de la oposición, sin olvidar a sus familias. El nombre en código era «plan Z». La nota era firmada por Julio Arroyo Kuhn.
Dudas de la prensa
«General, ¿se pueden ver los túneles y armas?». Bastó esa pregunta de un joven periodista, de pelo negro largo y barba abundante, al entonces general Óscar Bonilla, durante una conferencia de prensa en que se aseveraba la existencia del Plan Z, para que el militar, molesto, preguntara quién y de dónde era el reportero que hacía la consulta -que por cierto quedó sin respuesta-.
Cuando se enteró que trabajaba en una revista de línea editorial opositora a la UP, no hubo represalias. La versión que se «filtró» a la prensa en esa oportunidad fue que bajo la elipse del Parque Cousiño (así se llamaba en esos años el Parque O’Higgins) había túneles, armas y explosivos con que supuestamente se daría de baja a 10 mil militares el 19 de septiembre de 1973, durante la Parada Militar. La prensa independiente no podía creer tal afirmación, y menos sin pruebas.
Días después, hubo otra descabellada información. El secretario de la Junta de gobierno, coronel Pedro Ewing, el 22 de septiembre de ese año en una conferencia de prensa, ante periodistas nacionales y extranjeros, informó que el 19 de septiembre, día del Ejército, «Allende proyectaba invitar a almorzar al Alto Mando al palacio presidencial de La Moneda.
Sorpresivamente, sus guardias, disfrazados de camareros, acribillarían a los oficiales, mientras que en el parque los militares que se aprestaban a desfilar y los dirigentes de la oposición serían ejecutados. En las provincias se producirían masacres similares». Al día siguiente se iba a instaurar la «República Popular Democrática de Chile».
Esa fue una de las tantas «confirmaciones» de la existencia de este imaginario Plan Z. Hasta hoy mentes afiebradas siguen creyendo en él, como el dirigente UDI Felipe Cuevas, detenido en Venezuela por sacarle fotos a un recinto militar sin identificación, quien describió la «persecución» que habría sufrido: «Mi abuelo estuvo en la lista negra del Plan Z».
No se busca venganza
Sandor Arancibia vive desde que fuera exiliado por conmutación de la pena de presidio perpetuo, en la ciudad de Montpellier, al sur de Francia. Allí destacó como un importante científico al igual que su esposa Lucy. Acaba de llegar a Chile para cumplir trámites judiciales como querellante en contra de quienes le secuestraron, mantuvieron ilegalmente privado de libertad, torturaron y condenaron en un Consejo de Guerra sin fundamento ni base legal.
Señala estar respondiendo a lo que le ordena su conciencia. Dos son sus motivaciones: «La primera es estrictamente personal, fui condenado por un delito de traición a la Patria, que no cometí y debo ser reparado moral y legalmente por ello. No puedo terminar mis días concibiendo que en mi país se me haya acusado de un delito de traición. La segunda razón, es que nuestra querella, contribuye a esclarecer los hechos de lo que realmente pasó en Chile», asegura.
«En Valdivia hubo genocidio, con más de 3 mil presos políticos, torturas aberrantes, crímenes y tantos otros abusos que resulta difícil de relatar. Es una buena muestra de lo que aconteció en el país entero, a partir del 11 de septiembre del 73», afirma Arancibia. Y al igual que en las demás causas intentadas por derechos humanos, Valdivia no ha estado exenta de un increíble inmovilismo en el trámite de querellas que terminen en condena.
Paramédico se decidió a hablar
Su testimonio ha sido vital en la causa, se trata del paramédico Rolando Jaramillo, quien declaró a fojas 485 con fecha 15 de mayo de mayo del presente año ante el Tribunal, por la querella presentada por el doctor Arancibia. A fines de septiembre del 73 se desempeñaba en Gendarmería, desde allí fue llevado a la enfermería por un médico del Ejército de «apellido Saldías, que al parecer se llamaba Francisco, me pidió que fuera a trabajar y ayudar allí (ya que) habían muchos heridos producto de las torturas».
Entre otros, aparece de sus declaraciones el nombre del médico (Marcelo) Jara de la Maza, «quien atendía algunos casos y también constataba el estado en que regresaban algunos presos políticos que habían sido sacados del lugar por patrullas militares (…) quien daba las órdenes de sacar a los presos era el teniente (Patrico) Kellet (Oyarzún), recuerdo que cuando devolvía a las personas las tiraba como estropajo, en muy malas condiciones y yo debía ir a atenderlas», afirmó Jaramillo en el proceso.
«(…) Vi quemaduras de cigarro en distintas partes del cuerpo, también por electricidad y quedaban lesiones moradas y rojizas, también vi manchones en la piel que pueden haber sido golpes, pero en la zona de los genitales se notaba que era por electricidad», son algunas de sus declaraciones judiciales.
Roberto Ávila: «Se culpan y exculpan unos a otros»
Hoy están dadas las condiciones para procesar a los culpables, declara a Cambio21 el abogado de la causa, Roberto Ávila. «Existen testimonios abundantes, alrededor de 20, entre los cuales no solo se encuentran los de las víctimas, sino que de a lo menos 3 personas que declaran acreditando la tortura y que eran parte de instituciones armadas, que estaban en ese lugar y ese momento, que presenciaron directamente estos terribles hechos».
Para el profesional, «Existe también abundante documentación, incluidos informes médicos internacionales (y peritaje del Instituto Médico Legal de Chile), que acreditan la pérdida de piezas dentales producto de la acción traumática de la tortura, por ejemplo, pero no solo eso, sino que además confesiones como la de Patrico Kellet, quien reconoce golpes y tratos crueles y degradantes a los prisioneros políticos», señala.
«Es increíble que el Mayor de Carabineros que suscribe este parte policial, documento inédito que da cuenta de la aplicación del Plan Z, si bien reconoce la firma, achaca al teniente que también puso su rúbrica, como el responsable del contenido, a quien inculpa además por haber pasado posteriormente a prestar servicios a la CNI», indica Ávila.
«Además -asegura el profesional-, este proceso ha derivado en la perversión absoluta de distintas profesiones, militares que se alzan en contra del gobierno legalmente constituido, al cual tenían la obligación de darle la fuerza para la ejecución de sus resoluciones; profesionales de las ciencias médicas como Marcelo Jara de la Maza y Armando Robles Jensen, cuya ciencia está dirigida a mitigar el dolor y no a crearlo; periodistas como Eduardo Hunter Abarzúa, que deben entregar a la ciudadanía el conocimiento de la realidad y él fabula, construye mitos que dan lugar a la tortura, a la prisión y muerte de personas y también profesores, como el caso de doña Layla Mahuad Chabair, cuya profesión es formar muchachos, pero que se transformó en una delatora», concluye el abogado Ávila.
http://www.cambio21.cl/cambio21/stat/movil/articulo.html?ts=20141115022752