Un arreglo sobre garantías y «lucha contra organizaciones criminales» plantea un pacto nacional y nuevas entidades para evitar la violencia política. Este 23 de junio, en La Habana, Cuba, las delegaciones del gobierno nacional y la guerrilla de las FARC anunciaron, en un trascendental evento, la concreción de nuevos acuerdos hacia el fin del conflicto, […]
Un arreglo sobre garantías y «lucha contra organizaciones criminales» plantea un pacto nacional y nuevas entidades para evitar la violencia política.
Este 23 de junio, en La Habana, Cuba, las delegaciones del gobierno nacional y la guerrilla de las FARC anunciaron, en un trascendental evento, la concreción de nuevos acuerdos hacia el fin del conflicto, en particular el cese al fuego bilateral.
Con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y del comandante Timoleón Jiménez, las partes anunciaron, además, avances en los temas de garantías de seguridad y refrendación. En cuanto al primero, se concretó un arreglo denominado «Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales», que hace parte del punto «Fin del conflicto» de la agenda de negociación.
En el documento suscrito por las delegaciones del gobierno y de las FARC, se alude a impulsar un pacto político nacional para que «nunca más se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo que irrumpan en la vida de los colombianos».
También se plantea la conformación de una «Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones criminales», en particular las que «amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz».
Además, se orienta la creación de una «Unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres».
Esta entidad tendrá los propósitos de procurar la no repetición del fenómeno paramilitar, evitar la comisión de nuevas violaciones a los derechos humanos, y contribuir a la construcción de una paz estable y duradera.
Estas iniciativas se articulan con el «Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la política», medida formulada en el acuerdo sobre «participación política», segundo punto de la agenda.
Con todas ellas se busca, en particular, brindar garantías de seguridad para el nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC a la legalidad. Por esta razón, ha sido uno de los temas cruciales del proceso de negociación, y su concreción evidencia lo avanzado que se encuentra el proceso.
No obstante, el asunto también representa un riesgo y una amenaza, dados los antecedentes históricos que existen en Colombia con los combatientes desmovilizados y los dirigentes que emprendieron el camino de una negociación de paz.
Guadalupe Salcedo, guerrillero liberal en los años 50, y Carlos Pizarro, del M-19 asesinado en 1990, son apenas dos de los múltiples casos de exguerrilleros ultimados luego de un proceso de paz y cuando se encontraban en la civilidad. Dirigentes de otras organizaciones guerrilleras han muerto luego de una negociación y tras firmar acuerdos con el Estado.
Por eso, junto con el cese al fuego bilateral, representa un gran avance la concreción de este acuerdo sobre garantías de seguridad. Un tema que requerirá de efectivo cumplimiento para que los acuerdos de paz puedan materializarse. De lo contrario, se estaría frustrando esta oportunidad histórica para empezar a construir una Colombia en paz.
Fuente: http://www.marchapatriotica.