Una de las prácticas políticas más antiguas y preexistentes en Colombia, iniciada en el gobierno del arzobispo virrey Caballero y Góngora en el siglo XVIII, y con la cual se resolvieron las innumerables guerras civiles bipartidistas que sucedieron durante el siglo XIX y la de mitad del siglo XX y, con las cuales la oligarquía […]
Una de las prácticas políticas más antiguas y preexistentes en Colombia, iniciada en el gobierno del arzobispo virrey Caballero y Góngora en el siglo XVIII, y con la cual se resolvieron las innumerables guerras civiles bipartidistas que sucedieron durante el siglo XIX y la de mitad del siglo XX y, con las cuales la oligarquía dominante resolvía el «reparto del presupuesto nacional»; consintió en realizar un PACTO EN LAS ALTURAS, horizontal, que luego era roto o incumplido generalmente por la fracción gobernante para dar origen a la siguiente guerra y al siguiente pacto incumplido; generando un verdadero ciclo centenario de guerra-pacto bipartidista en las alturas-nueva guerra; lo que fuera magníficamente descrito y analizado por el olvidado sociólogo Fernando Guillén Martínez en su obra titulada «El Poder Político en Colombia». 1973.
Luego del pacto bipartidista de Sitges en 1957, entre el falangista conservador Laureano Gómez y el virrey liberal de EEUU en Colombia Lleras Camargo, que hizo posible a partir de 1964 la trasformación de los restos guerrilleros liberales en guerrillas comunistas en Marquetalia; guevaristas en el Carare , y maoístas en el Sinú (según la región campesina agredida) y posteriormente, en la década de los 70, cuando el conflicto social y político se enconó dando origen a varias otras guerrillas nacionalistas, indigenistas y hasta trotskistas; la oligarquía dominante (ya completamente dependiente del gobierno de los EEUU) continuó recurriendo a la vieja práctica tantas veces probada de los pactos de cúpulas y cooptación institucional de guerrilleros desarmados y fusilamiento clandestino de sus más destacados dirigentes políticos, con lo que resolvieron los conflictos habidos con ellos:
En 1984 Acuerdo de la Uribe con las Farc-EP. En 1990 Acuerdo con el M19. En 1991 Acuerdos con el maoísta EPL, con el indigenista Quintín Lame, y con el trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT. En 1993 Acuerdo con la Corriente de Renovación Socialista-disidencia del ELN.
Y en el 2003, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (AUV) haciendo una farsa con una versión bufa de la vieja práctica de los acuerdos de cúpula, firmó un acuerdo con los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) logrando desmontar parcialmente algunos grupos de los narco paramilitares que habían firmado en Ralito un año antes, con 50 jefes políticos de diferentes regiones del país entre senadores, representantes, concejales y alcaldes el proyecto fascista de REFUNDAR AL PAÍS, y, en una «jugada traidora» como la denominó el jefe narco paramilitar de Valledupar Jorge 40, separó a las tropas de sus comandantes a quienes envío «extraditados» a los EEUU como narcos, con el fin de callar en Colombia los innumerables crímenes de guerra cometidos, no como narcos, sino como paramilitares del Estado colombiano en su lucha contra insurgente.
Esta corta introducción, sirve de contexto, para entender cómo el Acuerdo de la Habana entre el Estado colombiano y la guerrilla comunista de las FARC-EP, de ser un documento serio donde se pactaba y compendiaba la tesis central de los jefes fundadores de esa guerrilla de Solución Política CON TRASFORMACIONES SOCIALES Y POLITICAS, quedó convertido en un documento espurio, incluso en las instancias internacionales donde reposa y en otro PACTO ENTRE CÚPULAS; una vez se abandonó la fase de refrendación mediante una CONSTITUYENTE y apresuradamente se sustituyó por el plebiscito Santista, derrotado de antemano, lo que generó un punto de bifurcación caótica con una cascada de errores subsecuentes. Por ejemplo: la también apresurada entrega de armas. La «concentración» de guerrilleros y el abandono de sus bases sociales. La separación de los «comandantes parlamentarios» de las bases guerrilleras y de las bases sociales que quedaron desprotegidas. Incumplimientos y perfidias estatales de todo tipo. Adulteraciones y modificaciones «consensuadas» del texto original. Deserciones masivas de guerrilleros. Muertes sistemáticas de exguerrilleros y líderes sociales ejecutadas por los narcoparamilitares oficiales en las zonas donde había presencia guerrillera. Luchas armadas de diverso tipo por llenar el vacío político y militar dejado por las Farc. Armas por política y no por trasformaciones sociales, etc
El Acuerdo de la Habana, así mismo ha dejado de ser una bandera política, para ser convertido por la bancada parlamentaria del «partido del rosa» surgido del Acuerdo, en una salmodia diaria por su «implementación» a la que ya pocos prestan atención. Sin embargo, se debe resaltar que el Acuerdo firmado en la Habana, siegue siendo un campo y escenario de una intensa lucha de clases por recuperar su sentido y su texto originales.
Y el espacio político que contenía, siguiendo las presiones trasnacionales y globales del gobierno de los EEUU, se ha judicializado: La política se ha judicializado, tal y como lo ordenara hace 29 años el consenso neoliberal de Washington, quedando la «implementación» de lo acordado, NO en el Congreso como ilusoriamente lo cree la «bancada parlamentaria de la rosa», respaldada por 50 mil votos, sino en las oficinas del Fiscal Martínez Neira, ficha política de uno de los magnates de Wall Street más ricos del continente americano como Sarmiento Angulo, quien va decidir sobre la suerte de la justicia especial para la paz( JEP) así como la extradición del comandante Santrich, los casos de secuestros, los bienes no entregados por las Farc, los delitos sexuales, el reclutamiento de menores y otros crímenes de guerra que no prescriben.
A lo que se debe agregar el asunto de la financiación de sus «eventuales» implementaciones que definitivamente tal y como lo ha dicho repetidamente el actual presidente Duque; ha quedado sometida al crítico haber presupuestal y a las quebradas finanzas del Estado. Tenemos entonces que: la frase del ideólogo del Uribismo, el falangista y corrupto héroe de Invercolsa Londoyos, de que «se debía volver trizas ese maldito papel que llaman Acuerdo final con las Farc«, dicha en mayo de 2017, obviamente tenía sustento real y objetivo. Para esa fecha, el Acuerdo ya estaba hecho trizas, convertido en otro pacto entre cúpulas que presagiaba los nubarrones negros un nuevo conflicto político social y armado que empiezan a vislumbrase hoy en el Horizonte.
Pero hay más. El desborde de la ley trasnacional dictada por los intereses tanto económicos como políticos de Washington sobre el proceso revolucionario venezolano ha desbordado así mismo lo nacional colombiano, dándole un carácter trasnacional a la agresión programada para destruir ese proceso social autónomo nacional que debe ser respetado por la ley internacional; en donde el actual Estado colombiano juega un papel central en la conformación de la tal «coalición humanitaria internacional» para derrocar al presidente Maduro. En definitiva, la arbitraria ley Imperial impuesta sobre la ley internacional que está en ejecución, por ejemplo, sacando a Venezuela del proceso de paz y de la solución política entre el Estado colombiano con el Ejército de Liberación Nacional ELN, lo que finalmente desenmascara la doble faz del Estado colombiano y de su clase dominante (para no hablar de la doble carita de Duque): Por un lado se muestran como «humanitarios» pero por el otro, encarnan toda una práctica política fascista, cruel, militarista y depredadora, no solo explotando el trabajo humano y oprimiéndolos o matándolos. También con la naturaleza a la que están fumigando y envenenando y destruyendo para arrancarle sus riquezas naturales.
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