1. Las palabras de los contendientes En la tarde noche de ayer 23 de septiembre de 2015 en La Habana, se llegó a un (pre)acuerdo sobre unos principios, unas reglas de procedimiento, un listado de eventuales sanciones, unas pautas y unos aparatos que regirían, en un conjunto de interacciones lógicas. Regirían para lo que hace […]
1. Las palabras de los contendientes
En la tarde noche de ayer 23 de septiembre de 2015 en La Habana, se llegó a un (pre)acuerdo sobre unos principios, unas reglas de procedimiento, un listado de eventuales sanciones, unas pautas y unos aparatos que regirían, en un conjunto de interacciones lógicas. Regirían para lo que hace unos años el Gobierno concibió como un «Sistema de justicia integral«, conocido también como modelo de «justicia transicional«. Con ese fin fue adecuando por años su juridicidad dominante, una de cuyas piezas fue y es todavía el denominado Marco Jurídico para la Paz (reforma constitucional de julio de 2012), disponiéndose ya mismo el Estado para nuevas reformas constitucionales y legales, para un ensamble jurídico-político, sin que haya terminado el proceso con las FARC-EP, y sin haber siquiera iniciado diálogos en etapa pública con el ELN. Esto puede predecir en perspectiva una nueva e importante brecha, a juzgar por los enunciados de fondo de esta última organización político-militar.
Inicialmente basado en una férrea posición punitivista, el Estado colombiano tuvo que virar y en el curso calculado de las conversaciones de paz que ya llevan más de tres años debió aceptar otra realidad a la esbozada, y en concreto un esquema propuesto por las FARC-EP desde 2013, basado no en la preeminencia del castigo, sino en la necesidad de una justicia reparadora, así como de verdad histórica que hiciera puente con una verdad extrajudicial casuística y una verdad judicial remitida tras procesos selectivos.
Todo ello se fue forjando en la dialéctica de dos partes sentadas en igualdad de condiciones formales, de las cuales una tiende a resguardar una institucionalidad y el statu quo, y la otra a potenciar compromisos y garantías instituyentes, que remuevan un oprobioso orden de exclusión, en el que con razón se ha justificado el derecho a la rebelión.
Dicho derecho a la resistencia en sí mismo conlleva límites en la tensión de su coherencia ética, en una sucesión política, cultural e histórica, motivo por el cual, en la vista de eventuales responsabilidades de naturaleza penal a establecer, y no de antemano, es una obligación de la rebelión producir veridicción (verdad) y reparación, no a las víctimas que dicte el adversario sino a las que realmente lo sean, por todo aquello que no hubiera estado en consonancia con los objetivos altruistas que definen no sólo el delito político y su más amplia conexidad, sino la propia capacidad auto-correctiva o reguladora de sí, que la insurgencia se supone tiene al plantear un nivel determinado de disciplina y juridicidad rebelde, sin que sea su deber acoger una jurisdicción que opere como extensión del sistema dominante.
Estamos entonces ante un (pre)acuerdo que se irá articulando en el tejido de las otras partes de la agenda ya tratadas o por ver todavía. Es decir, no es definitivo, aunque su celebración en Cuba, con testigos internacionales, comenzando por el Presidente Raúl Castro, y con despliegue en la prensa mundial, le definan ya ante público en general o ante foros de expertos, un significado histórico y un carácter casi irreversible, que sólo la historia juzgará como liberador o no, como acertado o no, pues hablamos hoy solamente de la posibilidad y no de la certeza de realidades jurídicas y políticas, congruentes con un ideario determinado, según sean los derroteros de cada parte.
Para una organización concebida como revolucionaria, no es lo mismo someterse a tribunales de hoy o a jueces futuros, por definición ajenos, que pueden reproducir la matriz que se quiso superar, y no se pudo, máxime cuando no se ha reconocido la complejidad del delito político y sus conexidades, ni se han aplicado amnistías generales e indultos incondicionales, mientras su contraparte, el Estado colombiano, puede someterse a cuantos compromisos de derechos humanos sean necesarios suscribir, sin cumplir la inmensa mayoría de ellos: ostenta la calidad hegemónica generada en la simbiosis exitosa de un Estado que es democrático en el papel, cuando simultáneamente en estos cincuenta años de guerra ha consumado estrategias sucias, de un verdadero genocidio político y un holocausto social.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, el terrorismo del Establecimiento, el paramilitarismo, la impunidad, no tienen hasta ahora más fronteras que las de su conveniente contención y reciclaje en una fórmula de pacificación. Haciendo tránsito las FARC-EP a la legalidad, no hay básicas garantías de no repetición por su adversario, no hay depuración del Estado, ni reformas que aseguren que nunca más se incurrirá en la barbarie, con la que se saluda hoy la esperanza en este cruce de caminos. Y quizá hubiera sido deseable atar esto primero, antes que aceptar someterse a unos procedimientos que pueden cargar sólo hacia un lado.
Como debo hacerlo por honestidad ante algunas organizaciones populares, gente de izquierda y víctimas de esa poderosa máquina de muerte y opresión dirigida por «los de arriba», colectivos y personas en lucha digna frente a las cuales lo mínimo es surtir ahora unas notas de asomo de pensamiento crítico para acompañar una opinión, eso intento cumplir modestamente, más por ser parte -quien esto escribe- del equipo de asesores jurídicos de la Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana desde 2013, con el apoyo de los países garantes, Noruega y Cuba. Labor desde la cual he dejado por escrito algunas reflexiones públicas que ahora sin duda ratifico.
Este análisis, exclusivamente personal, en la premura, no compromete a nadie más, pues mira con aproximación y sesgo hacia un escenario de afirmación política, ética y judicial, no hacia ninguna simetría en un burladero o escena teatral. Un escenario del que se están montando unas tablas. Las mismas pueden ser luego para mesas en las que se siga debatiendo con pruebas, o pueden ser para amplias y modernas celdas que simulando bosques sustituyan patíbulos. Cárceles simbólicas a donde no se imaginaron llegar como condenados los que emprendieron ayer una opción rebelde contra un sistema que sigue en pie y que ni siquiera promete desmontar pronto su doctrina letal de seguridad que apunta a un enemigo interno, ni desmantelar los organismos y relaciones que la aplican.
2. Las palabras del Presidente
«No todo el mundo va a quedar contento pero estoy seguro que a la larga será mucho mejor, porque no importa que unos queden descontentos. Nadie puede quedar totalmente contento, pero el cambio va a ser muy positivo«. Fue lo que expresó con sombras de realismo trágico el presidente Santos el martes 22 de septiembre de 2015, cuando se anunció que estaría próximo el acuerdo en materia de justicia transicional entre el Gobierno y las FARC-EP (http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-no-todos-van-a-quedar-contentos-sobre-acuerdo-de-justicia/16383950).
En últimas, la lógica de «todos ceden» estaría reflejándose en ese tema específico de la «justicia» a aplicar en relación con responsabilidades por hechos del conflicto armado. Lógica en la que se han desarrollado los «procesos de paz» no sólo en Colombia, hace unos 25 años con algunas guerrillas desmovilizadas, sino los que después tuvieron lugar en Centroamérica (con pactos firmados en El Salvador en enero de 1992 y en Guatemala en diciembre de 1996). Igualmente es lo que cabe concluir sobre el caso de Irlanda del Norte (1998) y otros países.
Es decir que lo suscrito en La Habana, en esa suposición, estaría en ese fatal marco de realidad histórica, con experiencias en las que se impone el peso de una correlación de fuerzas negativa para los movimientos revolucionarios o de independencia, que terminaron aceptando, no su derrota, pues ésta en muchos casos no fue total, pero sí acogieron fundamentales derroteros del sistema al que combatieron.
Podrían decir con pruebas quienes defienden la justeza y viabilidad de esa salida negociada, que mirar hoy cómo un presidente salvadoreño es un ex comandante insurgente, o cómo un corrupto ex general derechista acabada de ser obligado a renunciar a su cargo de presidente en Guatemala, es estar ante signos vigorosos y esperanzadores de una democracia que no es falsa del todo, sino que puede ensancharse a favor de los excluidos y empobrecidos.
3. Las palabras del mañana
Pero también pueden escucharse otras voces, como la de la ex combatiente del FMLN, Deysi Cheyene:
«¿Quién ganó la guerra? Uno dice que el ejército la perdió en tanto no la ganó. Esto quiere decir que, con ayuda del Pentágono y un millón de dólares diarios por parte de EE.UU., el ejército tenía que ganar: en tanto no la ganó, la perdió. Pero, a la luz de lo que hoy se analiza, quien ganó fue la derecha oligárquica, aun cuando nunca estuvo de acuerdo con la negociación (…) Desarmar a la guerrilla y convertirla en ese partido que empezó a dar los votos para el andamiaje del modelo económico favoreció a esa derecha oligárquica que era nuestro enemigo, contra el cual nos alzamos en un principio. Hay un camino muy conocido: desarmar a los insurgentes y convertirlos en partido político es la mejor fórmula para que el poder siga intacto» (http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/los-errores-de-el-salvador-sus-acuerdos-de-paz-articulo-579440).
En su paso por Colombia en agosto pasado, esta militante feminista nos recordó cómo al menos en El Salvador de «35 atribuciones que tenían las fuerzas armadas les quedaron tres o cuatro funciones, estrictamente de seguridad nacional«. En su balance también esbozó críticas a los acuerdos sobre derechos humanos y el modelo económico, al haber quedado en el papel compromisos de reformas. Concluye: «Viéndolo en retrospectiva, lo que verdaderamente se estaba negociando era que el modelo neoliberal que habían querido implementar, pero que por la guerra no se había desarrollado plenamente, tuviera la posibilidad de concretarse«.
Lo que Cheyene refiere para El Salvador hace 23 años en el campo militar, sobre ¿quién ganó la guerra?, en un ejercicio no libre de espejismos, puede ser pensado también para Colombia, pues es cierto que las fuerzas armadas estatales y paraestatales no vencieron del todo, aunque voceros civiles del Gobierno afirmen que la guerra estratégica ya terminó y fue ganada por el Estado. Se vanaglorian quienes al tiempo dicen que este escenario de conversaciones no hubiera sido posible sin una definitiva presión de fuerza militar múltiple por etapas, que sería la que llevó al desgaste paulatino de la guerrilla y a la necesidad de ésta de sentarse a dialogar para una salida política.
En este paralelismo, de ejércitos que no ganaron demoliendo al adversario, sino obligándolo a ceder, por un lado; y por otro, en la victoria resultante de un régimen oligárquico y neoliberal que cedió en un momento dado (por ejemplo en El Salvador no llevando a la cárcel a los comandantes guerrilleros, pues un tanto de sí les hubiera obligado a sus fuerzas armadas, como puede pasar en Colombia), para poder ganar progresivamente en el terreno fundamental de la legitimidad de un modelo económico y político, debe desentrañarse lo que precisamente ahora en nuestro caso significa el viraje de la Fiscalía General, concretado horas después del anuncio público en La Habana. Es a modo de ejemplo, que destaca por la elocuencia de la política que se patenta.
4. Las palabras del Fiscal
Dice el Fiscal Eduardo Montealegre, al exponer la medida material más importante desatada tras la firma del (pre)acuerdo del 23 de septiembre de 2015, que se procede a suspender todas la imputaciones de cargos contra la cúpula de las Farc, debido al nuevo modelo de justicia transicional que se pactó.
«´En este informe la Fiscalía General no hará imputaciones ni acusaciones, ni a los miembros de las Farc ni a sus dirigentes sino que se limitará a presentar un informe descriptivo con las pruebas con las que cuenta por las violaciones a los derechos humanos por parte de la cúpula de las Farc y por todos los miembros de la insurgencia colombiana’, explicó Montealegre al señalar que no se calificará si es un delito de lesa humanidad, crimen de guerra u otro, esto lo hará el Tribunal Especial» (Diario El Espectador, 24 de septiembre de 2015, noticias en desarrollo).
En esa dimensión histórica y funcional, hay que preguntarse por qué dicha Fiscalía cambia de opinión súbitamente, siendo parte de la maquinaria estatal con una tarea represiva establecida en el conflicto. Este «ente investigador», aplicando también un tipo de fuerza real, simbólica y material, que va de la mano con el código penal, no se nos olvide, manteiene órdenes de captura contra luchadores sociales, y tuvo y tiene, para ello, al igual que las fuerzas armadas, cuantiosísimos recursos del presupuesto nacional. Pese a esas cuentas abultadas, no ganó, como prometió, su guerra contrainsurgente, no al menos como buscaba. En términos de Santos: tuvo y tiene que ceder, y no quedará contenta. Sin embargo, esto puede ser mera apariencia.
Para entender el rol de la Fiscalía en esta estrategia a largo plazo, y por dónde puede ir en la práctica una importante parte del engranaje de la jurisdicción especial para la paz que se acaba de pactar en La Habana, hay que pararse un momento a ver la clave que nos develan unas informaciones sobre un «escándalo» calificado de corrupción.
A riesgo de ser coyuntural y recaer sobre un asunto aparentemente aislado y banal, ante la importancia de algo monumental como dicho (pre) acuerdo sustancial sobre «justicia» logrado hace unas horas en Cuba, debo explicar de manera resumida y no en detalle la inconsistencia simulada del Fiscal y la consistencia histórica que tendría su apuesta más adelante, junto con los emplazamientos de otras agencias del régimen, precisamente en tanto actúan coordinadamente y pueden tergiversar mediante mecanismos políticos lo que sería un buen sistema de justicia, si no es interferido por esas necesidades del statu quo.
La cadena de hechos aparentemente secundarios es la que sigue (cientos de notas en Internet la corroboran):
Tras Luis Camilo Osorio, señalado de ser funcional al paramilitarismo, y otros Fiscales Generales de dudosa trayectoria, como Mario Iguarán, en 2012 fue nombrado en el cargo Eduardo Montealegre. Se ha mostrado como no enemigo del proceso de paz con las FARC-EP, organización a la que dijo acusaría como responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad, para lo cual la Fiscalía estaba desarrollando un modelo de imputación «novísimo» contra los «máximos responsables», el cual hemos descrito someramente en otros artículos. A lo largo de julio de 2015 lo aseguró de nuevo: «En este segundo semestre vamos a formular las primeras imputaciones por crímenes de guerra contra el estado mayor y el Secretariado de las Farc«; «Si las Farc no aceptan esos mínimos de justicia, es mejor que el Presidente se levante de la mesa de negociación…».
A finales de agosto de 2015 es descubierta la millonaria contratación de tenebrosos consultores de la Fiscalía, como el español Baltasar Garzón o Natalia Springer (o Lizarazo Tocarruncho), es decir asesores privados, a quienes se les suministra información de expedientes judiciales y bases de datos contra la insurgencia, para que sirvan a una pretendida irrebatible estrategia jurídica. Springer, basada supuestamente en aplicaciones y operaciones matemáticas había prometido resultados implacables e impecables contra los asesinos guerrilleros, pero fue rápidamente detectada en su falacia por reflexivos e importantes fiscales que ven peligrar las investigaciones contra la guerrilla si se basan en esa chapuza. Así, el formado jurista Alejandro Ramelli, quien, pensando en trabajos de calidad contra la guerrilla, dijo que aquello no serviría para llevarlo «ante ningún juez«. El Fiscal Montealegre no consideró mal lo hecho por Springer, y por el contrario le encargó más obra a dicha consultora, quien además busca ahora usar su método contra el ELN.
Desde que estalló la controversia, que ahora decae, y que es probable sea tapada con los hechos de La Habana, quedó en entredicho no sólo la transparencia u honradez que algunos esperaban del Fiscal, sino que para algunos también se ve en juicio algo de su intelligentia (intus [«entre»] y legere [«escoger»]: etimológicamente saber elegir). Se cuestiona no sólo la forma y el volumen de los millones depredados en esos contratos señalados de leoninos (bolsa de favoritismos en un «carrusel» de encargos supermillonarios, reprobables éticamente), sino también que haya elegido dar impulso a una consultoría y a un enfoque de mala o baja calidad, cuyo resultado sería un fiasco, estando en contra de las líneas de investigación y metas que buscaba originalmente la propia Fiscalía, pues es evidente la escasa higiene de su base científica, que tiene la coherencia de un «corta y pega» sobre un cartón de alucinaciones teóricas.
Queda muy fácil comprobar cómo en decenas de entrevistas se prometieron resultados sólidos, alardeando la Fiscalía con su nuevo fetiche jurídico: una técnica de impugnación en la cabecera mundial, una miscelánea doctrinal, una caleidoscopio de dogmática penal frente a la criminalidad organizada, un arsenal con el que se daría la estocada inquisitorial moderna a la guerrilla, señalada de ser una empresa criminal que se propuso y cometió, según Montealegre y Springer, delitos en masa, sistemáticos, de lesa humanidad, de guerra, una barbarie en toda regla.
Lo ya dicho: ante los productos confeccionados por Springer, que entrañan de alguna manera mentiras, considerando algunos fiscales que no tenían soportes para llevarlos ante un juez, que serían insustentables ante tribunales serios, la posición del Fiscal Montealegre fue y es avalar hasta el día de hoy todo cuanto ha sido fabricado como conjetura.
No obstante, en camaleónico esfuerzo de adaptación, como en estas horas se confirma, no sólo porque sabe que aquello se derrumbará, sino por la realidad de un proceso político de búsqueda de una salida negociada, en el que las FARC-EP han logrado una relativa prefiguración de un «sistema integral de justicia» más equilibrado que el que se les quería imponer a rajatabla desde el trámite de la reforma constitucional de 2012, el Fiscal Montealegre ha tenido que reversar o paralizar sus investigaciones prototípicas.
Ha manifestado claramente que ya no; que detendrá su marcha por ahora; que es prudente y sensato aplazar las imputaciones prometidas para este semestre; que deberá prepararse y ajustarse el modelo de investigación a lo que se pacte en La Habana, y acoplarse o remover las estructuras procesales que quedarían desfasadas tras ese acuerdo político (http://www.elespectador.com/entrevista-de-cecilia-orozco/el-poder-me-ha-cambiado-no-usted-cree-eduardo-montealeg-articulo-585694 y http://www.noticiascaracol.com/colombia/quieren-graduarme-de-corrupto-por-impulsar-contratos-para-la-paz-fiscal). Lo venía diciendo y lo subraya cuando el pacto de La Habana está en la cresta.
De esta manera se nos constata una verdad sabida: el Derecho nace de la política, y más aún el derecho penal, y todavía más lo que se elude calificar o puede validarse como medio del delito político, que es lo más puramente político del Derecho. Por eso es posible transformar los cánones jurídicos por fuera de sus moldes convencionales y reglados. Para bien o para mal. Por ejemplo para asegurar derechos de las víctimas de los crímenes de Estado o para restarles vigor.
Esto no sólo se hace en una Mesa de diálogos, sino que puede crearse como sentido histórico, a partir de las luchas sociales y los avances de mandatos políticos de movimientos y sectores que puedan encarnar nuevos contenidos o paradigmas relativos de justicia transformadora.
Si tuviera fundamento lo que venía construyendo el Fiscal y seguirá probablemente re-componiendo con variables contra la guerrilla, si tuviera asidero en nombre de los valores imaginarios que configuran el llamado «injusto penal» y de la necesidad de investigar a fondo las autorías máximas de hechos considerados graves crímenes, que antes el Fiscal calificaba como de responsabilidad insoslayable de las guerrillas, los mismos no podrían regatearse por momentáneas lecturas políticas o al vaivén de circunstancias de negociación. Si un crimen es de lesa humanidad, lo es, independientemente de los pactos a los que hayan llegado las partes en guerra, en cualquier parte del mundo.
El problema es que así como cambia frente a la insurgencia, al calor del pretexto de adecuar modelos o líneas según utilidades o ventajas políticas, lo cual es bueno en el caso de las guerrillas, puede pasar multiplicado y de hecho ya está sucediendo frente a las responsabilidades de mandos militares y de policía, así como de paramilitares políticos o empresarios, que verán reducidos los elementos cernidos sobre ellos, en una simetría o distribución perversa y una estratagema de homologación que incorpora la comisión de crímenes de lesa humanidad en el marco de necesidades colindantes y rasgos del conflicto armado, cuando no es así por definición.
Aunque existan hechos o prácticas que absolutamente deban calificarse de crímenes de lesa humanidad a la luz de las características de su comisión, como los que ha ejecutado sistemáticamente el Estado colombiano, el Derecho resulta flexible o deviene como dúctil si hay una conjunción de factores que obliguen a ello. Eso ha pasado en La Habana, en una Mesa de conversaciones, en donde un previo encaje de pruebas políticas por verificar, demuestran la suerte y el costo que tendría una parte de las evidencias penales, pues se corrobora que las FARC-EP y el ELN son en realidad organizaciones alzadas en armas, y que son incompatibles dichas pruebas con el endeble acumulado que se arrastra y con el que se pretendía un impacto con el pérfido fin político perseguido de castigar al rebelde sin escucharle.
Ahora no. Se le deberá escuchar a la insurgencia, como igual oportunidad tendrán de ser escuchados todos los estamentos que participaron en el conflicto. Escuchados con posibilidad de descargar responsabilidades y con la obligación de enfrentar una muy posible controversia.
Así, aunque en estos momentos el Fiscal cambie de opinión y salude el (pre)acuerdo de la Habana, así vuelva pronto a modificar su postura, hay ya una imagen circunstancial o transitoria que, si nos equivocamos, podríamos considerar de derrota del sistema, creyéndonos que han declinado, que renuncian a ese objetivo de castigar a las guerrillas como adversarios políticos. No por crímenes que sean realmente de lesa humanidad o de guerra, sobre lo cual habrá veridicción de la rebelión, verdad de la guerrilla, sino por haberse levantado en armas contra el régimen, que insistirá en una imposible simetría, a la que aspiran los agentes de crímenes del Establecimiento.
Sin embargo, dicha derrota no es tal, se insiste, pues otros signos ya no de la Fiscalía sino del conjunto articulado del poder, representan la mayor inconsistencia funcional, la esquizofrenia que sirve para firmar una cosa y hacer lo contrario, remontando a esa institución y a otras que se vieron limitadas.
Este aparente fracaso sólo se verá redimido estratégicamente por el arrastre que constituye la relegitimación histórica del conjunto del régimen cuando logre desarmar y desmovilizar a la guerrilla a cambio de promesas de cambio. Ojalá me equivoque radicalmente.
Me explico: si fuera por la Fiscalía sola, la guerra en el plano jurídico no la gana el Estado, como tampoco la ganó en lo militar sólo por su puño el ejército o las fuerzas armadas. Acudieron al paramilitarismo y a la acción de los medios de comunicación para ello. Es el conjunto articulado del Establecimiento, y el sentido de sus autorizaciones e intereses, el que triunfa o proyecta una victoria, en la medida que la combinación de sus «formas de lucha» anti-subversiva se impone sobre la que hubiera podido desplegar la insurgencia.
5. Las palabras recuperadas
Queda ver cómo defiende el campo popular un avance significativo irradiado en este histórico acuerdo que no alcanza por obvias razones a todas las organizaciones en lucha rebelde, como el ELN, que deberá estudiarlo con todas sus implicaciones, y que no parece acoger todavía la dura realidad de los inocentes castigados por un sistema penal degradado.
Se complementa con otras piezas de un sistema que se pretende integral, el cual debería contrastarse con unidad y diversidad política y cultural, para que otros derroteros sin derrota todavía, se puedan conjugar en alternativas más amplias de justicia.
Sin triunfalismos, pues igual evaluación pueden estar haciendo del otro lado. Sin duda.
Estamos ante pasos apenas, para pensar cómo esclarecer la verdad y señalar a los más altos responsables de la guerra sucia, sus métodos y beneficios. Queda ver si lo prematuro aparente de lo acordado en La Habana se conjura con el emplazamiento de sincronías, para que el Estado desmonte sus aparatos criminales, así como circuitos de empresas y redes de políticos impunes.
Por ello la gran falencia es la columna de la No repetición. Pues mientras una parte de la guerrilla acoge la posibilidad de ir en calidad de victimaria ante tribunales, y se presta a dejar las armas, sin que se le haya reconocido previamente y en hechos jurídicos amnistías e indultos, con una necesaria nueva legislación sobre las conexidades del delito político, mientras emprende ese camino sumamente arriesgado, el Estado continúa persiguiendo e infligiendo dolor injusto a miles de seres resistentes. Ha firmado hoy, sin dar garantías de remover sus instrumentos criminales.
Carlos Alberto Ruiz Socha es abogado colombiano, Doctor en Derecho, asesor jurídico en el proceso de paz en La Habana, autor del libro «La Rebelión de los Límites» y diversidad de ensayos.
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