Rafael Pardo Rueda, la otrora arrogante y soberbia “lumbrera” alumbradora de la contrainsurgencia colombiana, inicia en 1.986 su deslumbrante carrera de las armas como “international advaisor” o el consejero ideal para asuntos de seguridad y paz en el gobierno descerebrado de “lilolá” Barco; quien un poco después lo asciende a la dirección del conocido plan nacional de rehabilitación (PNR) desde donde pudo dedicarse a tareas administrativas quizás más prosaicas (como “el manejo del vil metal sin el cual se pasa mal”) en la planeación y ejecución de dineros y recursos para la “rehabilitación” de las estigmatizadas “zonas rojas” o de influencia de grupos guerrilleros (M-19, EPL, PRT, movimiento armado Quintín Lame) que se encontraban en trance de negociar su Desarme-Desmovilización-Reinserción (DDR) que se dio en 1990 en el gobierno de Cesar (OEA) Gaviria y según cifras oficiales desmovilizó cerca de 5.000 guerrilleros de diferentes ideologías: peronismo nacionalista, maoísmo, trotskismo, e indigenismo, respectivamente.
En 1990, en nuevo presidente colombiano César Gaviria, lo asciende a su consejero de seguridad nacional para que coordinara el trabajo “integral y operativo” entre la presidencia de la república con las varias agencias de inteligencia tanto civil como militar, con la cúpula militar. Es así como después por los desarmes de los anteriores grupos guerrilleros antes mencionados, viaja a “casa verde” del Sumapaz, refugio de la comandancia de la Farc-Ep, para buscar también su DDR. Le ofrece a cambio de su entrega un par de cupos en la Asamblea Constituyente que el gobierno venía preparando para expedir una nueva constitución en Colombia, para la cual el secretariado de las Farc-EP pedía 20 cupos. Al no lograrse ningún acuerdo sobre el número de representantes guerrilleros, el gobierno Gaviria ordena el 9 de diciembre de 1990, víspera de la convocatoria de dicha constituyente, el ataque demoledor denominado “operación Colombia” con el fin de liquidar toda la comandancia guerrillera allí concentrada disponiendo la participación de 1.600 hombres apoyados por 46 aeronaves de la fuerza aérea. Acierto estratégico total desde el punto de vista contrainsurgente, pues la comandancia guerrillera fariana para burlar el cerco militar tendido debió abandonar esa zona montañosa de muy difícil acceso, buscar refugio en los llanos selváticos del Yarí y recomenzar un proceso de recomposición; iniciándose un nuevo ciclo del conflicto social armado con unas Farc en retirada y en reconstrucción; el ELN reducido a sus tradicionales áreas y, sin la diversidad que daba la concurrencia de los demás contingentes guerrilleros ya reinsertados.
Con este exitoso “experimento de coordinación estratégica operativa”, siete meses después, en agosto 1991, Gaviria lo asciende al alto cargo de primer ministro civil de defensa nacional, después de 17 altos generales que venían ejerciendo este cargo desde la dictadura rojaspinillista en 1953. Se había dado un paso más en la integración unificación y ejecución coordinada de tres de las ruedas dentadas más letales del Bloque de Poder Contrainsurgente: la presidencia de república, los múltiples organismos de inteligencia del Estado y las fuerzas armadas: La guerra contrainsurgente integral de todo el Estado.
Concluido el gobierno Gaviria, el “señor consejero” viaja a los EEUU, Universidad de Harvard, donde perfecciona sus cualidades asesoras, pero adherido a su señor quien ahora lo cobija en la dirección de la OEA que dirige. Regresa a Colombia en 1998 dedicándose a expandir su imagen de hombre público mediante el periodismo, y en 2002, da otro volantín para adherir al partido Cambio Radical como senador de la republica desde donde contribuyó a la redacción de la ley de justicia y paz que “desmovilizó” a los narcoparamilitares, durante el primer gobierno de Uribe Vélez a quien apoyó irrestrictamente.
En 2005, desengañado, da otro volantín, esta vez hacia atrás para regresar a las “toldas liberales” y probar suerte ya como candidato presidencial de ese partido, donde obtiene 500 mil votos que lo ubican en el segundo lugar después de Horacio Serpa. Con el apoyo de Gaviria, sigue manteniendo su aspiración de llegar “al solio de Bolivar” y finalmente en 2010, obtiene la candidatura presidencial liberal, consiguiendo la exigua votación de algo más de 600 mil votos. Con esta votación el ex consejero y ex ministro de defensa había dejado de ser elegible para convertirse en nombrable: Entonces, en el 2011 es recogido por su otro ex copartidario liberal JM Santos, quien como presidente de la república lo ubica para que devengue, en el cargo gris de ministro de trabajo y abandone la dirección del “glorioso”, donde ya no juega ningún papel. Adonde si vuelve a necesitarlo Santos y lo nombra, es como reemplazo burocrático del “destituido” alcalde de Bogotá, Petro, quien si había sido elegido por voto popular.
En 2015 vuelve a probar suerte electoral y se lanza como candidato a la alcaldía de Bogotá donde había sido nombrado, pero las urnas, a pesar del apoyo del partido U del presidente le son adversas, y debe dejar el puesto al bolardo Peñaloza. Entonces, JM Santos lo vuelve a recoger para nombrarlo en el jugoso cargo de “ministro del posconflicto” con el fin de que junto con su estrecho colaborador Eduardo Díaz Uribe, maneje los ingentes dineros (el vil metal sin el cual se pasa mal) tanto nacionales como internacionales destinados a la reinserción de los guerrilleros de las Farc acogidos al Acuerdo de la Habana, hasta mayo de 2018, antes de la llegada de nuevo presidente Duque, cuando una severa enfermedad cardio vascular y cerebral le impone dos cirugías extensas y un programa amplio de recuperación de sus severas secuelas cerebrales y orgánicas.
Ahora, febrero 2020, pese a tales secuelas clínicas regresa nuevamente a la política colombiana aprovechando la edición de un libro titulado “la guerra sin fin”, para adelantar una ofensiva mediática a través de la gran prensa adicta al régimen contrainsurgente dominante en Colombia, sacando de su bagaje intelectual una serie de rancios y trasnochados argumentos, lugares comunes, simplismos cuando no burdas tergiversaciones de la historia colombiana; para citar una, el origen de la de dependencia capitalista de Colombia a los EEUU que se ubica según los datos de la historia en las últimas décadas del siglo XIX y se finaliza después de la amputación de Panamá en 1904, y NO como lo dice el advaisor con la política del “réspice polum” del gobierno del sacristán antioqueño Marco Fidel Suarez 1918-1921.
Además de toda la serie de datos maquillados mitad falsos y el resto amañados (fake) sobre la derrotada geoestrategia estadounidense de la fracasada “ecocida y genocida War Drugs” o guerra contra las drogas que él desde 1986 ayudó a implementar en Colombia y que pone en evidencia su incomprensión y simplificación malintencionada del complejo conflicto social armado de Colombia (reducido al asunto de las drogas, desconociendo la complejidad de la histórica lucha por la tenencia de la tierra, así como la resistencia social al despojo de 6 millones de hectáreas mediante la guerra contrainsurgente del mal interpretado Plan Colombia, ect) Todo con el fin de presentar a los colombianos su libro como la panacea que esta vez sí dará el resultado esperado en Washington, vendiéndole a los ingenuos la fantasía de que la victoria de la War Drugs está muy próxima, si se toman seriamente sus tres “consejos” especializados.
Han sido varias las entrevistas y publicaciones sobre el tan esperado “biblión” de la guerra sin fin que, al repasarlas en calma, sinceramente nos han evitado en su lectura, y un gasto innecesario en dinero y sobre todo en tiempo. Resultaría demasiado engorroso comentar una a una cada tergiversación que el autor nos anuncia en su libro. Y por lo tanto (previendo que muy posiblemente sus mecenas decepcionados la quiten del ciberespacio) me tomo el derecho de copiar íntegramente la más densa de sus entrevistas presentadas en la revista Semana.com (¿dónde habría de ser si no?) en donde el lector podrá por su propia cuenta verificar lo que escribimos sobre la incomprensión y reducción malintencionada del histórico conflicto interno colombiano. Juzguen Ustedes estimados lectores:
Entrevista revista semana.com/ 15/02/ 2020 4:00:00 AM:
“Como vamos, no le ganaremos la guerra a la droga”
Este miércoles, a las 6:30 de la tarde, en un diálogo entre Alejandro Gaviria y Daniel Mejía, en la biblioteca Gimnasio Moderno, el exministro hará el lanzamiento de ‘Una guerra sin fin’. En diálogo con SEMANA, explicó cuál debe ser la visión sobre la lucha contra las drogas.
¿Cómo evalúa la lucha contra las drogas de Colombia?
Mirado hoy, no hemos acertado. Por más de cinco décadas, la lucha antinarcóticos ha sido la columna vertebral de la política pública en Colombia. Siete presidentes han enfrentado este fenómeno, acumulando tantos éxitos como fracasos. Si bien las dimensiones del narcotráfico han cambiado con el paso del tiempo, la lucha contra las drogas en el país todavía tiene una tarea pendiente: proteger la vida de quienes han sido víctimas de esta guerra confusa y sin causa.
¿Por qué Colombia siempre se ha tenido que guiar por la política antidrogas de Estados Unidos?
Siempre ha estado de la mano de Estados Unidos por dos razones principales: una comercial y otra diplomática. Primero, porque es imposible separar la oferta de la demanda. Segundo, porque Estados Unidos, desde el gobierno de Nixon, puso la estrategia antinarcóticos en el centro de la política exterior, y Colombia se ha caracterizado por la doctrina del réspice polum o mirar siempre hacia el norte.
¿Cuáles fueron los pros y los contras del Plan Colombia
El Plan Colombia se concibió en su momento como una estrategia para detener el crecimiento de los cultivos ilícitos en el país. Sin embargo, fue un plan cortoplacista y que solo funcionó bien en cuanto al fortalecimiento del aparato militar. No fue una solución de fondo a una demanda de drogas creciente. El precio de la cocaína se mantuvo estable y la disminución a partir de 2004 fue del 7 al 10 por cierto. Una cifra extremadamente baja si se tienen en cuenta los más de 5.000 millones de dólares americanos invertidos. El Plan Colombia demostró que erradicar es costoso e ineficiente. Sustituir es una opción más sostenible y con mejores resultados en el ámbito mundial.
Muchos narcos que han pagado sus condenas en Estados Unidos se quedan allá sin pagar sus delitos acá, o regresan para recuperar de manera violenta sus propiedades, ¿ha servido la extradición en la lucha contra el narcotráfico?
La extradición ha sido una de las únicas estrategias que realmente amedrentó a los narcotraficantes. Fue un esfuerzo supranacional que nos permitió, en los ochenta, esquivar la cooptación del narcotráfico a algunas instituciones. En años recientes, es un importante elemento de aplicación de justicia: ha golpeado al narcotráfico y le ha permitido al Estado no ceder ante su fuerza corruptora. Sin embargo, ha fracasado en la medida que se extraditan pocos capos y muchos mandos medios. Hemos terminado con una tendencia en que los cultivadores terminan en cárceles en Colombia; los mandos medios, en Estados Unidos; y los jefes con penas reducidas, acá y allá.
¿Es viable negociar con las mafias o los grupos armados ilegales que manejan el negocio del narcotráfico?
Negociar no. Someterlos. Y para eso es requisito crear las condiciones para sacar al cultivador de una dinámica perversa. Y atrevernos, por ejemplo, a la regulación. Siempre será una incógnita saber si una negociación exitosa con la mafia, como la impulsada por Betancur con Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jorge Luis Ochoa, hubiera servido para prevenir tanto dolor y menos injusticias. Yo prefiero, en estos casos, la alternativa penal para los capos. Lo único que es claro es que toda política antidrogas fracasa si es restrictiva. Debemos propender por un nuevo enfoque que se centre en cada eslabón del negocio y no en un solo actor.
¿Por qué el país ha sido tolerante con el narcotráfico y no lo ha condenado socialmente?
En Colombia convertimos al narco en actor social. Ello agudizó el conflicto y la confrontación. La droga ya no era un asunto económico, sino una extensa red de crimen organizado que hoy pasa por la política, la sociedad, la tenencia de la tierra, el acceso a la riqueza y hasta la burla a la justicia. Esa supuesta tolerancia tiene un origen común. Cuando el narcotráfico se convierte en combustible de la guerra estamos aceptando que hemos sido incapaces de conciliar realidades, propuestas y visiones de país disímiles las unas de las otras.
¿Cómo ha influido el acuerdo de paz en la lucha contra las drogas ilícitas?
El acuerdo de paz puso en marcha una estrategia integral de lucha contra las drogas. Es decir, se dejaba atrás el enfoque meramente punitivo que caracterizó la lucha antinarcóticos en las últimas décadas. El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) no solo promueve el desarrollo rural, sino que permite llegarles a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico. Cuando el presidente Santos terminó su mandato, 90 por ciento de quienes se habían comprometido con la sustitución estaban cumpliendo. Donde hubo presencia del PNIS, se redujeron los cultivos.
¿Cuáles deben ser los pilares para una nueva política antidrogas?
Las drogas son adictivas, y su consumo no es deseable. Luego de una carrera pública en la que la lucha contra el narcotráfico siempre fue la prioridad, en mi libro planteo una nueva visión sustentada en tres grandes pilares. El primero, es necesario atacar los problemas que sustentan las actividades de drogas. Debemos entender que la actividad ilícita tiene diferentes fases y múltiples actores. Cada uno de ellos necesita estrategias diferenciadas. El segundo, romper la lógica prohibicionista. Hay ciudades donde las drogas están descriminalizadas a pequeñas dosis. Toca ir un paso más adelante y diseñar canales controlados de suministro para los adictos. Finalmente, la cooperación internacionalizar debe complementar los esfuerzos nacionales en programas de salud pública, tratamiento de adicciones, reducción de daños, financiación a tratamientos. No de sustituirlos. ( ver https://www.semana.com/nacion/articulo/una-guerra-sin-fin-el-nuevo-libro-de-rafael-pardo/652487)
Para concluir, talvez lo único en lo que acierta el señor consejero Pardo Rueda es en lo que todos sabemos y lo dijo escuetamente muy a su talante en otra entrevista más liviana, esta vez en Caracol radio:
Periodista: ¿Está perdida la guerra contra las drogas?
Sí, está perdida. Una guerra activa después de 50 años, es una guerra perdida. A pesar de los esfuerzos y de las batallas ganadas, nada definitivo se ha logrado.
Periodista: Usted afirma en “La guerra sin fin” que no hay país que haya hecho lo que Colombia frente a las drogas ilícitas: “ninguno ha tenido más éxitos y más fracasos”. Cuando uno tiene tantos éxitos como fracasos, ¿es que no ha avanzado?
Estamos en la misma situación que naciones como Afganistán, que es hoy el productor número uno de opio para Europa, cerca del 80 por ciento. Y nosotros producimos entre el 70 y el 80 por ciento de la coca. En ambos países, aunque con situaciones diferentes, se han vivido procesos de militarización. Aclarando, eso sí, que Afganistán es una especie de protectorado de los Estados Unidos y han tenido años en que invierten allí alrededor de 9 mil millones de dólares en la guerra. La producción de opio es hoy infinitamente superior a cuando el país estaba dominado por los talibanes y, como le digo, es la nación más militarizada del mundo. Ni por las curvas controlan el opio. Sucede algo similar aquí con la coca desde comienzos del Plan Colombia: militarización, justificada en parte para evitar el control y manejo guerrillero del negocio de la coca en el Catatumbo, Caquetá, Guaviare, sur del Meta, Putumayo, Tumaco y amplias zonas del Pacífico. Y tampoco hemos controlado los cultivos de coca…. (ver https://caracol.com.co/radio/2020/02/19/nacional/1582114269_474530.html )
Para concluir, se puede afirmar sin dudarlo, que este nuevo “biblión” sobre la guerra contrainsurgente del consejero Rafael Pardo Rueda, debe ser considerado o bien como otro volantín suyo, de los muchos que ha dado, o un reencauche, un remozamiento teórico de las justificaciones del gobierno de los EEUU para profundizar la anunciada War Drugs que está en marcha no solo en Colombia sino en toda la región andino-amazónica.