El juez que instruye en Chile el proceso por el asesinato del químico y agente represivo Eugenio Berríos inició este miércoles los interrogatorios de tres militares uruguayos extraditados a Santiago, que podrían dar luz sobre otras operaciones del Plan Cóndor en democracia. El magistrado Alejandro Madrid dijo a la prensa que existen «numerosos nuevos antecedentes» […]
El juez que instruye en Chile el proceso por el asesinato del químico y agente represivo Eugenio Berríos inició este miércoles los interrogatorios de tres militares uruguayos extraditados a Santiago, que podrían dar luz sobre otras operaciones del Plan Cóndor en democracia.
El magistrado Alejandro Madrid dijo a la prensa que existen «numerosos nuevos antecedentes» que indagar con los coroneles Tomás Casella (retirado) y Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli, oficiales del ejército uruguayo que llegaron el martes a esta capital y están recluidos en recintos castrenses.
Madrid, quien dijo esperar el fin de su investigación antes de fin de año, declinó comentar versiones de prensa, tanto de Chile como de Uruguay, referidas a operaciones encubiertas en que se habrían coordinado servicios de inteligencia militar y ex agentes de esos dos países, además de Argentina y Brasil, a comienzos de los años 90.
El periodista chileno Jorge Molina, autor de una completa investigación sobre el caso Berríos recogida en el libro «Crimen imperfecto», publicado en abril de 2002, dijo a IPS que existen datos fehacientes sobre tales coordinaciones, incluyendo la fuga de Chile en 1992 con documentación falsa del hijo mayor del ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
Estas acciones involucraron a cuadros de los ejércitos y cuerpos represivos que desde 1975 establecieron mecanismos de cooperación en el marco del Plan Cóndor, creado por iniciativa del entonces coronel Manuel Contreras, jefe de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), policía secreta del dictador Pinochet.
A través del Plan Cóndor fueron perseguidos, secuestrados, asesinados y hechos desaparecer opositores a las dictaduras militares que gobernaban en los años 70 en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Una vez restablecidos regímenes constitucionales en casi todos esos países, los cuerpos de inteligencia militar y algunos ex agentes mantuvieron mecanismos de cooperación para sustraer de la justicia e impedir la captura y juzgamiento de violadores de derechos humanos e incluso para eliminarlos físicamente.
Berríos, un científico que desarrollaba gases letales y otras armas químicas para la DINA, fue sacado clandestinamente de Chile en octubre de 1991 cuando debía presentarse como testigo en el proceso por el asesinato de Orlando Letelier, ex canciller del gobierno de Salvador Allende (1970-1973), ultimado en un atentado terrorista en Washington en septiembre de 1976.
El agente chileno pasó por territorio argentino para llegar a Uruguay, donde estuvo secuestrado por militares de ese país en connivencia con miembros de la Dirección de Inteligencia del Ejército chileno (DINE). El juez Madrid ya ha procesado a varios militares de su país por este caso.
El cuerpo sin vida de Berríos, con dos impactos de bala en la cabeza, fue encontrado en una playa cercana a Montevideo en 1995. Los peritajes establecieron su muerte entre fines de 1992 y los primeros meses de 1993.
Pinochet abandonó el gobierno en marzo de 1990, pero en virtud de una disposición constitucional a su medida se mantuvo como comandante en jefe del Ejército chileno hasta marzo de 1998, y por tanto se supone que tuvo responsabilidad jerárquica en las operaciones encubiertas de la DINE.
El periodista Molina recordó que este cuerpo de inteligencia militar actuó también en abril de 1991 en la salida igualmente clandestina del capitán Luis Arturo Sanhueza, ex agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo sucesor de la DINA, y que llegó a Uruguay donde fue alojado por el coronel Sarli en la misma casa del balneario sureño de Parque del Plata en la que estuvo Berríos.
Sanhueza está actualmente encausado por los tribunales chilenos por su participación en el secuestro y asesinato de cuatro opositores en septiembre de 1986, entre los cuales estuvo el periodista José Carrasco, y por la Operación Albania, un montaje de la CNI en junio de 1987 en que fueron asesinados 12 jóvenes izquierdistas.
En septiembre de 1991, la DINE sacó de Chile al mayor Carlos Herrera, quien también estuvo en Argentina y en Uruguay, donde compartió parte de su estadía con Berríos en un apartamento del barrio montevideano de Pocitos.
Herrera regresó luego a Argentina y fue repatriado a Santiago. Allí fue juzgado y condenado a prisión perpetua por el asesinato en 1983 del carpintero Juan Alegría, con el cual se intentó ocultar el homicidio del sindicalista socialdemócrata Tucapel Jiménez, cometido un año antes.
Las operaciones encubiertas de 1991 se completaron en octubre con el virtual secuestro de Berríos, indicó Molina, quien destacó como uno de los personajes clave en esos actos a Carlos Narea González, chileno que vivió entre 1959 y 1974 en Argentina y que luego fue reenviado a ese país como espía del ejército.
Narea González, en una declaración judicial en junio de 2004, relató su participación en el apoyo dado en 1992 a Augusto Pinochet Hiriart, hijo mayor del ex dictador, quien fue sacado de Chile ese año para eludir un probable juicio por el caso de los «pinocheques».
A inicios de los 90, el ejército de Chile pagó el equivalente a tres millones de dólares a Pinochet Hiriart por la supuesta liquidación de una fábrica de armamentos, y las denuncias al respecto provocaron gestos militares de desobediencia al gobierno constitucional de Patricio Aylwin.
El hijo del ex dictador salió con pasaporte falso, como Sanhueza, Herrera y Berríos, con rumbo a Argentina. Siguió a Uruguay y de allí a Brasil, donde se le extendió otro pasaporte falso, esta vez argentino, a través del consulado en Sao Paulo, con el cual viajó a España.
Todos estos antecedentes han ido configurando la imagen de que tanto en el traslado y homicidio de Berríos como en los demás resabios del Plan Cóndor hubo responsabilidad institucional de los mandos de los ejércitos, tesis planteada por el periodista uruguayo Alfonso Lessa, en un artículo publicado este miércoles por el diario La Tercera de Santiago.
«Coincido plenamente con la tesis del periodista uruguayo», dijo Molina a propósito del artículo.
«La tesis de la responsabilidad institucional es la más obvia, pero al mismo tiempo es la más probable», agregó el periodista y escritor chileno, quien recalcó que en el caso de Chile esos actos se hicieron «a espaldas del presidente Aylwin».
Para Molina, en lo que respecta a Uruguay, el entonces presidente Luis Alberto Lacalle se debió enterar del asesinato de Berríos con posterioridad. «No hay elementos fehacientes que indiquen un conocimiento previo de su parte», dijo.
El 15 de noviembre de 1992, Berríos se presentó agitado a una comisaría de Parque del Plata, denunciando que era víctima de un secuestro. Lejos de protegerlo, las autoridades policiales lo devolvieron a quienes él denunciaba como sus captores: Casella y Radaelli y algunos oficiales chilenos.
Ese incidente se hizo público en Uruguay en junio del año siguiente mediante una denuncia anónima y le siguió una burda operación de inteligencia que pretendía colocar a Berríos viviendo tranquilamente en Italia.
Se desató así una crisis sin precedentes desde la restauración democrática de 1985. Pese a una sanción menor contra algunos oficiales implicados, los altos mandos militares se declararon responsables de lo ocurrido, en una desafiante actitud ante el gobierno civil de Lacalle.
Se sucedieron la destitución de un jefe de policía, el traslado del comandante de la inteligencia militar, amenazas de muerte a legisladores, roces diplomáticos con Chile y la caída del ministro del Interior, Mariano Brito. Pero aún no había prueba tangible de la muerte, pues el cadáver de Berríos sólo aparecería en enero de 1995.