Hay tres rasgos que caracterizan al Partido Popular desde su fundación por Manuel Fraga Iribarne y sus compañeros franquistas. El primero es la defensa de la dictadura de la que provenían los padres del partido y y los padres y abuelos de los actuales dirigentes. Ni una sola vez, el Partido Popular ha condenado el franquismo de forma oficial mediante su voto en el Parlamento, oponiéndose, dando la callada por respuesta o blanqueándolo mediante homenajes patéticos a ministros como Utrera Molina o al propio Fraga, al que siempre nombran como Don Manuel. Es posible que a las nuevas generaciones de españoles les importe poco lo que pasó en la dictadura, que lo consideren una historieta de abuelos, pero sería muy bueno para la democracia que todos hubiésemos salido de la escuela sabiendo que la dictadura nacional-católica española fue el periodo en que más españoles fueron asesinados, torturados, robados, escarnecidos y exiliados de toda nuestra historia. Con eso sólo bastaría. No ha sido así y eso deja en muy mal lugar al sistema educativo español y a los medios, incapaces de enseñar a los alumnos y a los ciudadanos los horrores de un tiempo tan negro como sangriento y largo en el tiempo.
Otro de los rasgos esenciales del Partido que hoy dirige Casado, con el permiso de Ayuso, es su querencia a utilizar el poder para manejar los presupuestos, crear redes clientelares, hacer contratas, subcontratas, externalizaciones, privatizaciones, leyes del suelo depredadoras y conseguir dineros para el propio partido y sus dirigentes de forma un tanto extraña. Quien tenga alguna duda puede preguntar a Eduardo Zaplana, Rafael Blasco, Rodrigo Rato, Francisco Granados, Ignacio González, Esperanza Aguirre, M. Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón, María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Ana Mato, Jesús Sepúlveda, Luis Bárcenas, Cristina Cifuentes, José Luis Olivas, Alberto López Viejo, Carlos Fabra, Joaquín Ripoll o Jaume Matas, en la seguridad de que podrán explicarles con todo tipo de detalles lo bien que se vive en el valle de lágrimas de que habla su religión, lo bella que es la vida y lo mucho que han hecho por España, país al que aman por encima de cualquier otra cosa aunque para demostrarlo hayan tenido que hacer sacrificios que no están al alcance de todos, teniendo que soportar la destrucción reiterada y pertinaz de los discos duros de la contabilidad del partido, la financiación de la reforma de la sede contra su voluntad o la aparición de listados en los que personas poco patrióticas y malvadas dejaron constancia de pagos en negro a sus principales directivos.
La oposición radical a cualquier reconocimiento de derechos de los ciudadanos es otra constante en la actuación política del partido de Fraga. Después de muchas discusiones en el trámite constitucional, partidarios como eran de unos cuantos retoques al régimen franquista para dejarlo casi igual, el día 31 de octubre de 1978 ocho de sus diputados votaron a favor después de la inclusión de ciertos artículos sobre la tutela armada de la unidad de España, cinco votaron en contra y tres se abstuvieron. Tres años después, concretamente el 22 de junio de 1981, Alianza Popular volvió a votar contra el interés general y los derechos que ha tiempo tenían reconocidos los ciudadanos europeos, en este caso contra la Ley de Divorcio, que venía a aliviar los problemas que tanto dolor habían causado a miles de parejas obligadas a convivir contra su voluntad, sobre todo a las mujeres españolas, sometidas hasta la eternidad a las decisiones del marido y de Dios.
La ley del aborto de 1985 que sólo permitía la interrupción del embarazo en tres supuestos, no sólo contó con la enemiga del partido de Génova, sino con una campaña por calles y plazas en la que se acosaba a quienes la defendían y a las mujeres que habían tomado esa dolorosa decisión, tachándolas de putas, degeneradas y asesinas. Los seguidores de Fraga votaron en contra y recurrieron la ley al Tribunal Constitucional pese a saber que miles de mujeres viajaban a Londres y otras capitales europeas donde si estaba reconocido ese derecho, pese a ser conscientes de que muchas mujeres parían contra su voluntad, sin medios económicos y cercenando el desarrollo normal de sus vidas. La aprobación de la ley de plazos propuesta por el Gobierno Zapatero, también fue recurrida a instancias de los populares ante el Tribunal Constitucional en 2010, sin que hasta la fecha -han pasado once años- sepamos la opinión del alto tribunal, aunque tal como lleva obrando durante los últimos años no sea difícil imaginarla. Otro tanto se puede decir de la Ley de Matrimonio igualitario que legalizaba la unión de personas del mismo sexo a instancias del Gobierno Zapatero. Tras una brutal campaña contra el proyecto auspiciada por la Iglesia católica y el Partido Popular, fue aprobado por el Parlamento el 1 de julio de 2005, situando a España entre los países más justos del planeta en ese campo. Pese a ello, el Partido franquista la recurrió al Tribunal Constitucional que dio su visto bueno por mayoría.
El recurso ante el Constitucional del Partido de Rajoy contra el nuevo Estatuto de Catalunya está en la raíz misma de la radicalización de los soberanistas de aquellas tierras, iniciando una espiral que llegaría a su cénit con los hechos acaecidos en septiembre y octubre de 2017. Ahora, un Gobierno que sabe que los indultos le pueden costar muchos votos, intenta recomponer el diálogo con Cataluña, las relaciones truncadas por posturas cerriles e infantiles de unos y de otros, de los fundamentalistas, de los talibanes, de los iluminados que creen tener por encargo del mismo Dios una misión que cumplir que les trasciende. Es muy posible que los indultos no sirvan para acabar con más de diez años de incomprensión y mentiras, de apelaciones a los más bajos instintos, que los facedores de entuertos sigan empeñados en demostrar quien la tiene más larga, pero si algo caracteriza a la democracia es creer en el diálogo, en la transacción, en la comprensión de las razones del otro para llegar a acuerdos de convivencia en libertad duraderos y benéficos. La intransigencia, el fanatismo y la unilateralidad siempre llevan al mismo sitio, al tiempo de destrucción de que hablaba Luis Martín Santos. Los problemas de Cataluña y de España son los mismos en un mundo global cada vez más implacable y devastador, sobran quienes creen mucho más en la imposición, en el ordeno y mando, en los cojones.