Diversas opiniones y acciones de distintos sectores, tanto autonomistas como cercanos al oficialismo, surgieron en rechazo a la indicación del ejecutivo presentado al congreso sobre reforma constitucional y Pueblos indígenas, la que finalmente fue votada el pasado 18 de mayo, siendo rechazada y que arrojó 19 votos afirmativos, 58 en contra y 21 abstenciones. El […]
Diversas opiniones y acciones de distintos sectores, tanto autonomistas como cercanos al oficialismo, surgieron en rechazo a la indicación del ejecutivo presentado al congreso sobre reforma constitucional y Pueblos indígenas, la que finalmente fue votada el pasado 18 de mayo, siendo rechazada y que arrojó 19 votos afirmativos, 58 en contra y 21 abstenciones.
El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas que pretendía imponer el gobierno apuntaba a que el Estado debía garantizar los derechos electorales, idioma, cultura y costumbres de los diferentes pueblos que habitan Chile, sin embargo no consideraba los Derechos colectivos de los Pueblos, hecho que generó la airada reacción de algunas organizaciones en contra de esta fallida reforma.
Una de las acciones realizadas de manera drástica en contra de esta propuesta, fue la impulsada por diversos integrantes de organizaciones de Pueblos indígenas en Chile quienes efectuaron una huelga de hambre, en diferentes ciudades del país, entre ellos Aymaras de Arica I región, del Pueblo Likanantany y Quechua de la II región, Calama, los Mapuche en las ciudades de Valdivia y Temuco, encabezada por el Consejo de Todas las Tierras, quienes consideraron que el texto que se estaba adoptando en el parlamento, no reconoce los derechos tangibles como son el derecho a las tierras, territorios, participación, aguas subterránea y superficiales, los recursos del suelo y subsuelo y la autodeterminación.
Ante esta situación, integrantes indígenas del Foro Permanente ante las Naciones Unidas en New York, solidarizaron masivamente con quienes llevaban adelante esta huelga remitiendo una carta al Presidente de Chile Ricardo Lagos sosteniendo «Exhortamos a vuestro gobierno a establecer mecanismos de participación y abrir un proceso de dialogo y entendimiento sobre los derechos y libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas de Chile.»
Crítico también se mostró el Consejero indígena urbano José Llancapán, quien a través de una declaración pública señaló que el texto de la reforma en cuestión, es una burla contra la voluntad y esperanzas de los pueblos originarios. «Se pretende establecer legalmente un estatus racista que busca la aniquilación jurídica de los pueblos indígenas y de nuestros derechos, tras la farsa de reconocer aspectos secundarios que no sancionan cuestiones de fondo por las que venimos luchando por siglos».
Para Llancapán, es fundamental que se retire de la labor parlamentaria el texto de «reconocimiento constitucional» que se ha presentado al Congreso, por cuanto es necesario, según señaló, iniciar un proceso de redacción consultando a las comunidades indígenas, a sus autoridades ancestrales y a sus organizaciones ancestrales y funcionales más representativas. «Si el gobierno alega que el proceso de consulta a nuestras bases es difícil -porque somos muchos y diversos-, entonces será mayor motivo para reconocer que somos un pueblo y no una simple minoría», señaló. .
A su vez, la Coordinación de organizaciones e identidades territoriales, instancia que agrupa a diversos referentes Mapuche en Chile, encaró al Gobierno haciendo una entrega directa de una misiva en las oficinas del gobierno en la región de la araucanía, señalando, categóricamente, que no se prestarán para avalar un proyecto que esconde «mentes racistas de poder», ya que, según dijeron, dicha iniciativa en nada reconoce los derechos colectivos de los Pueblos originarios en Chile… «Mientras crecen las mentiras gubernamentales y las agresiones en contra de los Mapuche que luchan por el pleno reconocimiento de sus derechos, en la cámara de diputados se vive una manipulación política que en los últimas tiempos está llegando al surrealismo ante una propuesta que en si misma es dañina y que conculca los derechos inherentes de los Pueblos originarios», sostuvieron.
Sin embargo, la coordinación fue más allá de las críticas y demandas sobre reforma constitucional, argumentando al respecto «No consolidaremos un estatuto constituyente coercitivo, excluyente y que promueve la homogeneidad política e identitaria, sin derechos para los Pueblos»…. «No se trata de reformar por reformar. Aquí no se están considerando temas de fondo en la aplicación y validación de los Derechos colectivos civiles y políticos de los Pueblos originarios, los que hoy están negados y conculcados y que no están recogidos en ninguna de las propuestas llevadas actualmente en el congreso». Señalaron.
Para la coordinación, la actual Constitución política es antidemocrática y ampara los poderes fáctico cuyos dogmas doctrinarios es de oscuros intereses y que ejecuta acciones represivas en contra de los Pueblos como la aplicación de leyes especiales (antiterrorista y seguridad interior del estado) avalados en la carta magna chilena. «Un marco constituyente así no nos interesa y no lo aceptamos. Estamos convencidos de que son las propias organizaciones de los Pueblos originarios y de la sociedad civil chilena autónoma, las que deben ser capaces de elaborar una propuesta orientada a exigir la estructura de un marco político y constituyente en Chile que recoja los derechos autonómicos y de autodeterminación y un nuevo modelo territorial del Estado que no suponga privilegios a grupos fácticos y que haga posible una amplia solidaridad, respeto e igualdad entre los Pueblos, poniendo fin al racismo y a la intolerancia.», sentenciaron.
Por su parte, la asamblea por el reconocimiento constitucional, instancia de discusión creada a iniciativa de Mideplan y la Fundación Instituto indígena, como parte de sus conclusiones el pasado 17 de mayo, señaló «Si bien es cierto se incorpora el concepto de «pueblos indígenas», ello no adquiere la pertinencia adecuada para los fines que se pretenden. En efecto se observa una insuficiencia conceptual, al excluir elementos relevantes en una norma fundamental de esta naturaleza, ya que no se establece el concepto de territorio ni se hace alusión a derechos políticos y económicos, que todo pueblo posee y debe ejercer».
En la misma línea, los consejerosde la CONADI rechazaron la indicación votada en el congreso, mencionando al respecto «esta no recoge las demandas mínimas de los pueblos indígenas, y es totalmente inferior a todos los reconocimientos de otras constituciones de Latinoamérica».