Convocamos a todos los colombianos a preguntarse cómo es posible que en medio de un proceso de paz que avanza hacia la posibilidad cierta de concluir en un acuerdo definitivo y que se sobre entiende debe basarse en el respeto a los derechos humanos de todos los colombianos, continúen las agresiones a los prisioneros políticos […]
Convocamos a todos los colombianos a preguntarse cómo es posible que en medio de un proceso de paz que avanza hacia la posibilidad cierta de concluir en un acuerdo definitivo y que se sobre entiende debe basarse en el respeto a los derechos humanos de todos los colombianos, continúen las agresiones a los prisioneros políticos y de guerra en las cárceles y prisiones de Colombia.
La situación no solo no mejora sino que por el contrario se hace cada día más dramática. En prisiones como ERON Picota y El Buen Pastor, el comportamiento y la actitud no solo de los guardias del INPEC sino de las propias directivas carcelarias, más propio de una dictadura criminal que de un Estado de derecho, pisoteando las más elementales normas humanitarias, pretende doblegar a los integrantes de las FARC-EP y demás prisioneros de guerra y políticos.
Sobre la base de los acuerdos ya alcanzados y en aplicación de los distintos tratados internacionales de los que el Estado colombiano es signatario, es posible la solución de esta situación que a todas luces se contrapone a los anhelos de paz y reconciliación de las inmensas mayorías de nuestro país.
Sin embargo nuestras compañeras y compañeros prisioneros deben soportar no solo las consuetudinarias arbitrariedades de las autoridades carcelarias, que como en el caso de la cárcel del Buen Pastor se caracteriza por obligar a las prisioneras a desnudarse para ser requisadas hasta lastimarles sus zonas genitales cada vez que a la guardia de ese centro se le antoja; mientras que en los patios 5 y 6 del ERON Picota, algunas bandas de presos sociales y paramilitares en contubernio con la guardia del INPEC pretenden abusar y extorsionar los prisioneros políticos y de guerra.
Se hace necesario, como medidas inmediatas que pongan fin a estas arbitrariedades y atropellos, la ubicación de todos los prisioneros políticos y de guerra en cárceles y patios separados de los demás prisioneros, antes de que se presente un desenlace indeseado; la realización de brigadas de salud y la agilización del indulto. El Estado colombiano y el Gobierno del Presidente Santos, no pueden seguir soslayando su responsabilidad frente al cumplimiento de sus compromisos internacionales con los derechos humanos y el DIH.
Todo el sistema penitenciario y carcelario está podrido. La política criminal y penitenciaria debe transformarse. Esa es una realidad inocultable.
Llamamos la atención de las agencias humanitarias de NNUU, del CICR, la Procuraduría, la defensoría del pueblo y del conjunto de organizaciones sociales y partidos políticos para que se pronuncien en torno a esta problemática que choca con la realidad del proceso de paz que se adelanta en la ciudad de La Habana.
Suscribimos las palabras de nuestros camaradas que claman por justicia desde su encierro innecesario: Si este es el año de la paz, que esta llegue también con la más amplia amnistía posible para los seres humanos hechos carne de degradación en las cárceles y penitenciarias del País.