Los textos que publicamos en estas páginas son un resumen de la separata de «Punto Final» Nº 179 (martes 13 de marzo de 1973). La versión completa puede consultarse en www.pf-memoriahistorica.org E n PF 178 (27 de febrero de 1973) advertíamos que la elección del 4 de marzo provocaría un reordenamiento de las fuerzas […]
Los textos que publicamos en estas páginas son un resumen de la separata de «Punto Final» Nº 179 (martes 13 de marzo de 1973).
La versión completa puede consultarse en www.pf-memoriahistorica.org
E n PF 178 (27 de febrero de 1973) advertíamos que la elección del 4 de marzo provocaría un reordenamiento de las fuerzas políticas. Ese proceso ya se inició. Dentro de la llamada Confederación Democrática (Code), o sea la coalición reaccionaria, se mantiene la pugna principal entre los partidos Demócrata Cristiano y Nacional por imponer su hegemonía y conducción al movimiento opositor al gobierno. Ambos partidos no obtuvieron en la elección parlamentaria la fuerza suficiente para definir allí mismo esa cuestión. Otros sectores políticos de la Code, tales como la Democracia Radical, PIR y Padena, virtualmente pasaron a mejor vida y están hoy convertidos en simples apéndices de las fuerzas mayoritarias, PDC y PN.
Los jefes naturales de la Code, Eduardo Frei (DC) y Sergio Onofre Jarpa (PN), han formulado planteamientos coincidentes en el sentido de mantener en funcionamiento esa coalición que se formó en vísperas de la elección de marzo. Frei y Jarpa ven en ese instrumento político el medio idóneo para escalar nuevos promontorios -electorales o de otra naturaleza- que permitan a la burguesía recuperar el control absoluto del poder.
En el campo de la Unidad Popular, que obtuvo una excelente votación, también ha comenzado a operar el reordenamiento de fuerzas, impelido por el resultado electoral. Aunque en estricta verdad tal fenómeno venía gestándose desde antes, han sido las cifras del 4 de marzo las que han apresurado ese movimiento de reubicación y de definición política. Al interior de la UP, en efecto, se ha venido librando una lucha ideológica bastante fuerte entre dos sectores principales: reformistas y revolucionarios. Esto tuvo expresiones públicas anteriores al 4 de marzo, como el cruce de cartas entre los secretarios generales de los partidos Comunista y Socialista. Pero no sólo se reflejó en documentos, sino también en hechos concretos. En el campo agrario e industrial, en el sector de la distribución y comercialización de alimentos y en otras esferas, la pugna entre reformistas y revolucionarios ha venido haciéndose sentir con diferentes grados de intensidad. Cada uno de estos sectores busca también imponer su línea al conjunto de las fuerzas populares. Sobrepasada la coyuntura electoral, esa lucha ideológica ha retornado con mayor fuerza al seno de los partidos.
El primer reventón se produjo en el Mapu, partido en el cual no habían quedado bien soldadas las trizaduras que se produjeron en el último congreso. El ala reformista -que fue derrotada en el congreso, donde se demostró que era minoritaria- procedió a anunciar la «expulsión» de dirigentes de la mayoría y a apoderarse a viva fuerza de algunos locales. En vísperas de la elección parlamentaria ya era de dominio semipúblico que el sector reformista abandonaría el Mapu por sus discrepancias con la dirección elegida en el último congreso de ese partido. El propio ministro de Hacienda, Fernando Flores, señaló públicamente antes de la elección su discrepancia con la comisión política de su partido.
En otras colectividades de la Unidad Popular es previsible un fenómeno parecido, como es el caso del Partido Radical cuyo eclipse acelerado era perceptible a simple vista. La elección del 4 de marzo sólo vino a confirmar esa tendencia, que va empujando al PR fuera de la escena política. Es del caso esperar más novedades de bulto en este sentido, las cuales afectarán a otros partidos de Izquierda donde está en pleno desarrollo la lucha ideológica.
Entretanto, al nivel alejado de los militantes y de las masas, donde se elabora lo que en Chile suele llamarse «alta política», están en plena ebullición las conversaciones, contactos, acuerdos y consensos que repercutirán enseguida en la vida partidaria y en el cuadro político general. En ese sofisticado ambiente se traman ingeniosas jugadas en el tablero del ajedrez político.
Sería un error pensar que este reordenamiento al interior de la Izquierda se produce impulsado únicamente por una lucha ideológica que enfrenta a revolucionarios con reformistas. En la superestructura intervienen, adicionalmente, otros factores y elementos conflictivos, no exentos -muchos de ellos- de personalismos, antiguas rivalidades y fuertes ambiciones. Esto se ve, en cierto modo, alentado por la pervivencia en el seno de la Izquierda de tendencias socialdemócratas que hacen de la vida en el seno de la instituciones del Estado burgués, entre ellas el Parlamento, el eje de la acción política.
En la superestructura de la Izquierda todavía tienen considerable peso aquellos sectores que, en la actual situación, sólo avizoran rutas que se internan en las instituciones de la democracia burguesa. Desde el punto de vista de aquellos sectores, un acuerdo por lo menos implícito con partidos de la oposición, particularmente con la Democracia Cristiana, es necesario para seguir gobernando. Se busca lograr un entendimiento que permita despachar las leyes en el Congreso Nacional. Esto supone, desde luego, adecuar cada proyecto -y el esquema global de gobierno- a los intereses que representa en lo político la contraparte en el acuerdo parlamentario, robusteciendo de paso la institucionalidad burguesa. Pero además hay un requisito previo que cumplir en esa táctica: extirpar las llamadas tendencias «ultraizquierdistas» que dentro de algunos partidos se pronuncian por acentuar el proceso hacia el socialismo. En ese sentido, tal como lo señalábamos, la primera manifestación concreta de la ofensiva lanzada por el reformismo para despejar el camino del entendimiento con sectores de oposición, se produjo en el Mapu. Finalmente, la táctica conciliadora necesita transgredir el espíritu y la propia letra del Programa de la UP. A pretexto de impedir las «transgresiones de Izquierda», el reformismo -desde junio del año pasado- viene cometiendo numerosas «transgresiones de derecha». La más importante ha sido la iniciativa conocida como «proyecto Millas» (por el ministro y dirigente comunista Orlando Millas, N. de PF), que plantea reducir el área de propiedad social y entregar a la burguesía numerosas ventajas destinadas a neutralizar la actividad opositora.
Las expulsiones de militantes, la remoción de dirigentes y la imposición de una política derrotista y conciliadora a los partidos de la UP que se han pronunciado por avanzar sin transacciones, no son fáciles de implementar. Pero todavía es más difícil imponerlas a nivel de las masas. En los Cordones Industriales, Comandos Comunales, Consejos Campesinos, etc., organismos donde va despuntando el poder popular, predominan las tendencias más avanzadas. Eso ha quedado otra vez demostrado en la elección del 4 de marzo. Las comunas obreras y campesinas, en efecto, dieron amplio respaldo a los candidatos que interpretaban esas posiciones dentro de la Izquierda. La intervención de factores ajenos a los propios partidos puede surtir algunos efectos, tal como ocurrió en el Mapu donde la crisis fue planteada por el sector vinculado a la alta burocracia. Pero es casi imposible que esa manipulación pudiera alcanzar los mismos resultados a nivel de las masas. Esto lleva a pensar que la aplicación de una línea reformista integral supone necesariamente un cierto grado de represión (cualesquiera sea las formas que revista) contra obreros, campesinos y pobladores que insistan en no devolver ninguna empresa, en expropiar fundos entre 40 y 80 hectáreas básicas, en ocupar terrenos baldíos o en impulsar mayores facultades para las JAP, en implantar la «canasta popular» y los Almacenes del Pueblo, etc. Tal perspectiva hace virtualmente imposible para los estrategas del reformismo, salvo a costa de arrastrar al gobierno a un grado de debilidad y aislamiento extremo, llevar hasta las últimas consecuencias su proyecto de entendimiento con la Democracia Cristiana.
Por otra parte, bien mirado, el proyecto reformista de «depurar» los partidos de elementos de «ultraizquierda», o sea de revolucionarios, es incongruente con su pretendido objetivo de ganarse a sectores que hoy están en la oposición, como la Democracia Cristiana. La votación de Frei en Santiago, inferior a lo que la propia DC obtuvo en 1965 cuando sacó tres senadores, está demostrando que ése es un partido en declinación. El incremento de la votación de la Izquierda comparada con la que obtuvo Allende en 1970, señala que ella proviene de sectores sociales que antes estuvieron influidos y manejados por el reformismo burgués. Han sido ganados para la causa del socialismo sin necesidad de los halagos y concesiones que, en cambio, se necesitan para llegar a acuerdos o consensos superestructurales. La directiva del PDC manejada por Frei, que seguramente ahora aspira a ser designado presidente del Senado, representa a la burguesía. En cambio, en la base obrera, pobladora o campesina de la DC, la Izquierda puede conquistar vastos sectores si aplica con claridad y energía una política de clase, necesariamente antagónica con los agentes políticos de los empresarios que controlan y manejan a ese partido.
El esquema reformista carece de verdadero realismo político y tiende a cercenar las posibilidades que ofrece el proceso hacia el socialismo. Divide a los partidos de la propia Izquierda, confunde y desalienta a las masas, fortalece las instituciones de la democracia burguesa dificultando la superación de la actual organización del Estado, y coloca al gobierno al borde del empleo de la represión para contener la lucha de masas.
Los positivos resultados para la Izquierda de la elección del 4 de marzo, no deben ser desviados hacia los acuerdos en la superestructura parlamentaria. Debe tenerse claridad que en Chile está en pleno desarrollo una lucha de clases que, si bien asume formas relativamente pacíficas, contiene todos los ingredientes de una lucha a muerte. La burguesía tiene entre sus dedos distintas fórmulas para impedir que los trabajadores chilenos alcancen su objetivo histórico. El golpismo o la guerra civil son sin duda proyectos que la burguesía alienta y que no vacilará en aplicar en condiciones que juzgue convenientes para ella. Pero también figura entre sus métodos -y quizás es el más inteligente y sutil- crear el esquema en virtud del cual el gobierno de la Unidad Popular se caiga solo o termine su periodo sumido en el fracaso y el desprestigio. Hasta ahora éste parece ser el método que apoya el imperialismo que, a su vez, avizora en esa fórmula la posibilidad de sacar provecho internacional al fracaso del gobierno de la UP como el presunto fracaso de una experiencia socialista.
El avanzar sin transar, como plantean algunas fuerzas políticas, implica impedir que el reformismo moje la pólvora del respaldo popular que mostró la elección del 4 de marzo. Esto hace necesario, a su vez, reagrupar firme y ordenadamente a los revolucionarios, resistiendo el embate reformista y cerrando el paso a las conciliaciones de quienes no ven sino en el Parlamento y otras instituciones del Estado burgués la posibilidad de llevar a cabo las profundas transformaciones prometidas en el Programa de la UP.
Respecto a las fuerzas armadas -el factor político que no suele mencionarse en el análisis de las perspectivas-, también se necesita clarificar el carácter de su participación en el gobierno. Si es para apoyar el esquema de poder concebido por el reformismo y para actuar como factor regulador de la lucha de clases, es evidente que también entrarán en pugna con los intereses de la clase trabajadora. En cambio, si los soldados se convencen que su rol es apoyar una modificación profunda de la sociedad chilena, que alcance a todos los sectores del país, incluyendo a los propios institutos armados, es seguro que el avance del pueblo se verá considerablemente facilitado e imperará en el país una situación de paz y seguridad interna, producto de la firme dirección que la clase trabajadora sabe imponer a un proceso revolucionario.
Cuando un pueblo como el nuestro ha decidido avanzar hacia el socialismo -tal como lo volvió a ratificar la elección del 4 de marzo- no hay nada ni nadie que pueda cerrarle el paso en forma definitiv.
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RECUADRO 1
Los votos en marzo del 73
La separata de PF Nº 179 analizaba los resultados de las elecciones del 4 de marzo de 1973, que renovaron la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Recuerda que el Parlamento que cesaba en sus funciones el 21 de mayo, al que PF calificaba de «obstruccionista y espurio», planteó once acusaciones constitucionales contra ministros del gobierno popular.
Salvador Allende fue elegido el 4 de septiembre de 1970 con 36,2% de los 2.954.799 votos (la abstención fue del 16,5%). Después de dos años y meses de difícil gobierno, la Unidad Popular avanzó al 43,39%. Esto le permitió elegir 63 diputados y 11 senadores. Aumentó en 5 su número de diputados y en 2 sus senadores. El PS (18%) tenía 7 senadores y 28 diputados. El PC (16%) quedó con 9 senadores y 25 diputados. La Code reaccionaria, que pretendía lograr los dos tercios para destituir al presidente Allende, alcanzó el 54,70%, bajando de 93 a 87 diputados, y de 32 a 30 senadores.
La abstención fue del 18.80%. En total votaron 3.661.898 ciudadanos y ciudadanas. El Senado quedó integrado por 30 senadores de oposición y 20 de gobierno. La Cámara de Diputados por 87 de oposición y 63 de gobierno. La DC era el principal partido opositor con 19 senadores y 50 diputados.
Vale la pena consignar que el 4 de abril de 1971 se efectuaron elecciones municipales. La UP alcanzó el 48,6% de los votos, y la oposición 48,2%
RECUADRO 2
FF.AA. entran en escena
Lo que haga el gobierno con la fuerza que le entregaron los resultados del 4 de marzo -señalaba PF 179-, pasa por la revisión del papel que han cumplido las FF.AA. en el gabinete del presidente Allende.
Los militares se han ubicado en puestos claves que les entregan el control del aparato de comercialización y distribución, al mismo tiempo que acrecentaron su influencia para controlar la producción.
El llamado «proyecto Millas», como afirmó un conocido comentarista político, está mal bautizado. Es, en realidad, un proyecto elaborado por el equipo de generales que opera en las esferas de gobierno, y que tiene por objeto, como se sabe, limitar a 49 las empresas del área social, devolver más de cien industrias intervenidas, gratificar con altas indemnizaciones a la burguesía, y en algunos casos crear la administración «integrada» de patrones y trabajadores, como modelo piloto para vacunar al país de la empresa socializada.
El poder militar es una realidad política que se cruza en el camino de la radicalización del proceso. Cuando los tres generales llegaron al gabinete, aparecieron como la salida al grave conflicto planteado por el paro de octubre. La derecha los atacó y los militares aparecieron como árbitros en la enconada lucha de clases, pero «árbitros de Izquierda». Así los pintó la prensa gobiernista y particularmente el PC.
Con el correr de los meses, el «arbitraje» adquirió un claro tono reformista.
Luego de mencionar algunos ejemplos de la acción de los militares en el gobierno, PF 179 continúa:
A estos puntos hay que agregar la política de rectificación gradual que imponen las FF.AA. desde el interior del gobierno. Esta política se expresa en el nuevo proyecto de delimitación del área de propiedad social y en la creación del Consejo Nacional de Distribución y Comercialización, y la Secretaría Nacional del mismo nombre.
Con estos antecedentes, se comprende que las FF. AA. también deben sopesar cuál es el sentido de la alta votación obtenida por la UP. Porque es un factor importante -imposible de desconocer- para medir la suerte de su propio proyecto de gobierno
RECUADRO 3
Trabajadores del cobre no aceptan devolución de ninguna empresa
PF 173 incluía una entrevista del escritor y periodista Patricio Manns al presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, el socialista Bernardo Vargas Fernández. A esa conversación -que ocupó tres páginas de la revista- corresponde el siguiente texto:
PF.- ¿Cuál es la posición de la CTC en torno al debate que originó el «proyecto Millas» para delimitar y fijar las características del área social, y particularmente, frente a los debates suscitados antes y durante la gestación de los Cordones Industriales? Y, ¿cuál es la posición de la CTC sobre la política de negociación y devolución de determinadas empresas o industrias que impulsan ciertos sectores dentro del gobierno?
«La CTC, su consejo directivo nacional, ha estado analizando el proyecto enviado por el compañero Orlando Millas y nosotros en esto tenemos que ser muy claros: compartimos el criterio del gobierno y de los mandatarios, los ministros de este gobierno, en los puntos fundamentales, cual es, por vía de ejemplo, el cambio de una sociedad capitalista y burguesa por una sociedad socialista. Pero también nosotros tenemos nuestra propia autonomía y nuestra propia posición, y lo hemos planteado en forma muy clara en base al proyecto que fija las áreas de la economía; nosotros discrepamos del gobierno terminantemente, y lo que es más, le hemos planteado los trabajadores, como consejo directivo nacional de la Confederación, a los compañeros de Perlak y de todas las 121 empresas que se pretende negociar, que cuenten con nuestro apoyo no tan sólo romántico, no tan sólo solidario en palabrerías, sino un apoyo de hechos concretos. Nosotros creemos, con los compañeros que están en las industrias intervenidas porque no quisieron seguir produciendo durante el paro patronal del mes de octubre, que deben pasar a manos de los trabajadores y que no se debe devolver una sola empresa.
Estos compañeros, durante la crisis de octubre, se situaron en una posición que fue digna de destacar y de reconocer: a no mediar la actitud de los compañeros de los Cordones Industriales, era muy posible que los patrones hubiesen ganado la batalla, que se hubiese logrado hambrear a la población, que era lo que quería la derecha, para tirar al pueblo contra el gobierno. Y estos compañeros se jugaron la vida con lealtad por este proceso que vive el país. Y hoy el compañero presidente de la República y el señor ministro Millas consideran que se debe entrar a discutir estas empresas.
Nosotros no lo aceptamos y les entregamos todo el apoyo a esos trabajadores asegurándoles que pueden contar, desde el momento que lo estimen conveniente, con nuestro aporte del orden que sea y hasta las últimas consecuencias; puesto que compartimos el criterio de estos compañeros de que no debe devolverse una sola empresa más, que esto no es para echarse atrás. Aquí no se puede pensar en que vamos a detener el proceso para consolidar lo avanzado. En la medida en que logremos seguir avanzando en el proceso, lograremos profundizar la cohesión y la radicalización de las fuerzas de la Izquierda. Si en estos momentos se está planteando el devolver alguna de estas empresas o discutir su situación, significa que el compañero presidente de la República y el ministro Millas han perdido la confianza en el pueblo. Estimamos esto como una grave equivocación de su parte, como un profundo error, porque nosotros no hemos perdido todavía la confianza en ellos y consideramos que tienen la obligación de rectificar esta línea».
Publicado en «Punto Final», edición Nº 776, 8 de marzo, 2013