Junto con propuestas muy celebradas, conviven incipientes focos de tensión en la interna oficialista, decisiones criticadas por propios y ajenos, y el desafío de hacer frente al aparato represivo.
El primer cónclave entre el gabinete del presidente de Chile, Gabriel Boric, y los parlamentarios oficialistas de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, celebrado el viernes 25 de marzo en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, ayudó a descomprimir el clima adverso en la amplia coalición de fuerzas de izquierda conformada tras la segunda vuelta electoral. Polémicas decisiones adoptadas por La Moneda y desencuentros entre sus propios congresistas han causado fricción entre los miembros de la naciente alianza durante los primeros días del nuevo gobierno.
De los numerosos conflictos surgidos durante la instalación del gobierno, dos han tenido mayor resonancia mediática. El primero ocurrió el 15 de marzo, cuando la comitiva de la ministra del Interior, Izkia Siches, fue recibida con disparos al aire durante su visita a la zona de Temucuicui, epicentro del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. El segundo, el 22 de marzo, cuando la Cámara de Diputados declaró admisible –con un amplio respaldo de la bancada oficialista– un proyecto de ley que, para amortiguar la crisis económica, faculta otra vez a los chilenos a retirar dinero de los fondos de pensiones (AFP) por hasta el 10 por ciento de sus ahorros. Es la quinta vez, desde el inicio de la pandemia, que se propone una medida de este tipo, resistida por el mercado financiero.
Que la cámara declare admisible este proyecto es un paso anterior a la necesaria discusión legislativa, pero cayó como un balde de agua fría en el Ejecutivo, que aún intenta persuadir a sus partidarios para que eviten un quinto retiro y, en cambio, cierren filas en torno a políticas públicas que no reduzcan aún más los ahorros previsionales. «El quinto retiro no está en nuestro programa de gobierno», retrucó luego la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, militante del Partido Comunista (PC), miembro de la coalición gobernante. Sin embargo, el alcalde de la comuna santiaguina de Recoleta –exprecandidato presidencial y uno de los líderes del partido–, Daniel Jadue, atizó el fuego y repudió la negativa del Ejecutivo a abordar el tema: «Me parece impresentable que la misma coalición que aprobó cuatro retiros hoy diga que el quinto es absolutamente inviable».
«No es raro que haya desencuentros o dificultades en las primeras semanas de un gobierno. Lo que sí quedó establecido en el cónclave del 25 de marzo es que se avanzará en el cumplimiento del programa, frente a sectores de la derecha que pretenden boicotear cualquier avance hacia transformaciones democráticas. El quinto retiro no estuvo en el eje central de la discusión, pero es una de las posibilidades que están sobre la mesa, junto con varias otras, para mejorar la calidad de vida de quienes habitamos Chile. Me parece que lo que dice el alcalde Jadue tiene que ver con esa necesidad real de buscar soluciones para la crisis desatada por la pandemia», dice a Brecha la diputada comunista recién electa e histórica dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Lorena Pizarro, presente en la cita convocada por Boric en Viña del Mar.
La frustrada visita a la Araucanía
El primer dolor de cabeza en La Moneda fue la accidentada visita de Siches a la Araucanía, cuatro días después de la asunción de Boric. Con el argumento de llevar a la práctica la solución política para el conflicto mapuche propuesta en el programa de gobierno, aterrizó en la región y luego se dirigió a Temucuicui. Sin embargo, la comitiva no avisó de su ingreso a las comunidades locales y la ministra terminó refugiada en un retén policial cercano tras sentir disparos de desconocidos. «Me enteré hoy en la mañana de que ella [Siches] viajaba a la región», dijo Marcelo Catrillanca, cuyo hijo Camilo fue asesinado por Carabineros en 2018 durante una emboscada en Temucuicui. Igualmente, pasado el peligro, Catrillanca recibió a Siches y valoró la disposición al diálogo del gobierno entrante.
No obstante, según el periodista y escritor mapuche Pedro Cayuqueo, al gobierno lo traicionó el exceso de confianza durante la visita de Siches a la zona, que califica de «improvisada». Cayuqueo, quien apoyó la candidatura de Boric, lamenta la falta de un plan o una hoja de ruta robusta para presentar a los representantes del pueblo mapuche y acusa un «desorden institucional» en el abordaje del problema. Esta es una «mala señal» del gobierno, porque «el pueblo mapuche no está improvisando en sus demandas», comenta a Brecha. «La visita intempestiva a la zona mapuche –y, en particular, a una zona de conflicto emblemática como Temucuicui– claramente fue un error y así lo han reconocido algunas autoridades de gobierno. Es una zona que en las últimas décadas ha vivido episodios de violencia graves, como crímenes de agentes del Estado contra víctimas civiles. Era bastante poco recomendable acudir a este territorio sin una agenda clara para presentarles a las autoridades del pueblo mapuche», agrega Cayuqueo, autor de varios libros sobre el tema, entre los cuales se destacan Solo por ser indios e Historia secreta mapuche.
El gobierno, complementa Cayuqueo, falló al «desconocer los protocolos culturales del pueblo mapuche», como el de contactar previamente a las jefaturas tradicionales, que «no son validadas por la jurisdicción chilena, pero ejercen un liderazgo». En el caso particular de Temucuicui, explica el periodista, se trata de un territorio en conflicto que tiene cinco o seis comunidades –en rigor, reducciones–, cada una de las cuales tiene su propia jefatura, muy celosa de su propia jurisdicción, por lo que esta estructura descentralizada de la sociedad mapuche «viene a subvertir las formas de ejercer el poder de la política no indígena».
Las tres almas de la coalición
Una semana después de tomar posesión de su cargo, el 18 de marzo, Boric firmó un proyecto de ley que busca que Chile se adhiera al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. El llamado Acuerdo de Escazú, firmado en marzo de 2018 por 24 países latinoamericanos, es el primer tratado ambiental del continente y Chile fue inicialmente uno de sus impulsores, pero el gobierno de Sebastián Piñera se negó a firmarlo.
Si bien en materia ambiental la adhesión al acuerdo fue transversalmente elogiada, otras iniciativas del nuevo gobierno han suscitado dudas aun entre los miembros de su coalición. En este sentido, debe recordarse que luego del triunfo de Boric en la segunda vuelta, cuando este no contaba con una mayoría propia en el Congreso, el oficialismo debió ensanchar su base de apoyo fuera de los márgenes de Apruebo Dignidad y sumar sectores de la antigua Concertación alineados a su proyecto de transformaciones. Esos grupos están coaligados hoy en el frente Socialismo Democrático, que incluye los partidos históricos de la Concertación –como el Partido Socialista (PS)–, excepto Democracia Cristiana.
Entre las iniciativas que han causado polémica en el oficialismo se puede citar el anuncio de suma urgencia para discutir el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos de la revuelta popular de 2019. Aunque se pronunciaron a favor del proyecto, algunos senadores del PS criticaron al ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, por, según ellos, no propender a hacer acuerdos en el Senado para obtener el quorum necesario para aprobar el texto. En estos momentos, precisamente, la Convención Constitucional discute el futuro del Senado en el orden institucional a plasmarse en la nueva carta fundamental.
Otra vertiente de conflicto emanó de polémicas decisiones sobre la conformación de las embajadas. Primero, Boric designó a la exprecandidata presidencial del PS, Paula Narváez, como embajadora de Chile en la Organización de las Naciones Unidas; luego a la expresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y excandidata a la Convención Constitucional Bárbara Figueroa (PC) como embajadora en Argentina. Menos comentado fue el caso de Sebastián Depolo, uno de los fundadores del partido oficialista Revolución Democrática, quien asumirá ese cargo en Brasil. Depolo perdió dos elecciones consecutivas: la primaria del Frente Amplio (FA) para gobernadores regionales y luego la de senadores.
En los tres casos, comentaron sus críticos, el presidente faltó a su palabra. «Las embajadas no pueden ser un premio de consuelo», dijo en octubre de 2021 el entonces candidato Boric a la Asociación de Diplomáticos de Carrera. La misma institución impugnó ahora el anuncio del gobierno, en tanto «evidencia la mantención de criterios de nombramientos por razones de amistad o cercanía política, o debido a la derrota en candidaturas electorales». La canciller Antonia Urrejola desestimó las críticas por los presuntos pagos de favores políticos, como el que supuestamente se le hizo a Narváez por haber apoyado la candidatura de Boric en la segunda vuelta. Sin embargo, según la última encuesta de la consultora Cadem, publicada el lunes 28 de marzo, al 57 por ciento de los consultados les pareció «mal» la designación de Figueroa como embajadora en Argentina.
A juicio del politólogo y director ejecutivo del Centro de Incidencia Pública, Jorge Schiappacasse, estos desbarajustes son propios del proceso «natural» de una coalición de gobierno debutante. «Lo desdramatizaría en cualquier análisis serio», dice a este medio el experto, para quien estas divergencias se enmarcan en el desafío del presidente de «construir la cultura de una nueva coalición oficialista que coordine las tres almas que tiene: Chile Digno [con el PC y otras fuerzas de izquierda], el FA [que, junto con el anterior, forma el pacto Apruebo Dignidad] y Socialismo Democrático». Cita un ejemplo que grafica el delicado equilibrio que debe mantener Boric: «La negativa al quinto retiro de los fondos de pensiones se vincula a este grupo ex-Concertación (Socialismo Democrático), que se cuadra con la idea de responsabilidad financiera. Para Apruebo Dignidad, la señal fue permitir el viaje de Siches a la Araucanía y el intento de diálogo». Cada vez que Boric ha dado una señal a estos tres grupos por separado, agrega, se ha visto «cómo las otras subculturas de la coalición se han sentido incómodas, lo que seguirá pasando hasta que Boric logre crear un lenguaje consensuado políticamente por las tres almas de la coalición».
Schiappacasse concuerda en parte con el análisis del sociólogo Carlos Ruiz, considerado el ideólogo del FA chileno, quien, además, vio nacer y crecer políticamente a Boric como líder estudiantil en la Universidad de Chile. «Lo que observo aquí es la reconfiguración de toda la esfera política, de un extremo al otro. En ese contexto el gobierno tiene que reconfigurar una alianza que no era la misma con que partió en Apruebo Dignidad y debe ampliarse a un universo que no consideraba al principio. Esa nueva alianza que emergió en la segunda vuelta tiene que estructurarse políticamente en un proyecto común», dice a Brecha Ruiz, académico de la Universidad de Chile y miembro de la Fundación Nodo XXI, el think tank del FA.
Los desafíos en el corto plazo
De acuerdo con Schiappacasse, el Ejecutivo debe retomar el tono dialogante con sus correligionarios en las otras instancias de gobierno, lo que puede materializarse si «baja pronto los lineamientos estratégicos desde el programa hacia los ministerios, ya que eso permitiría ordenar a los actores». «Si no se logra, será más difícil mantener la unidad política de una coalición en la que cada subgrupo busca su propia identidad», agrega. Otra medida que permitiría descongelar la relación entre los aliados oficialistas sería «ver qué proyectos de ley ya han avanzado en el Congreso y concretarlos mediante indicaciones o modificando la urgencia de aquellas iniciativas que vienen de períodos anteriores». «Estos proyectos ya han sido sometidos a un proceso de socialización política, por lo que esto aceleraría la entrada de la plataforma política y programática del gobierno al debate público», añade.
Ruiz, en tanto, cree que las grandes transformaciones a las que apunta el gobierno quedarán condicionadas a si se impone o no una facción de la derecha «más obstruccionista y radical conservadora», que se expresó de manera cardinal en la candidatura presidencial de José Antonio Kast: «Eso configura el posible horizonte de los cambios. Además, estamos frente a una sociedad chilena con una propensión muy alta a la movilización, que ya no es la sociedad del quietismo de los años noventa. Sumaría un último punto que condiciona el proceso de transformación: el proceso constituyente. La derecha obstruccionista y los medios de comunicación están haciendo un esfuerzo muy grande para deslegitimar la convención». Sin perjuicio de ello, confía en el liderazgo de Boric: «Cuenta con un capital político que no tiene nadie en esta crisis de legitimación de toda la esfera política. Tiene un gran respaldo, tal como su equipo, y es de una transparencia indiscutida».
Hay otro reto en el corto plazo que inquieta a Pizarro, elegida presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja: los últimos episodios de represión en la Plaza de la Dignidad, en Santiago de Chile. El viernes 18 de marzo un policía empujó a un manifestante, quien, producto de esta acción, se golpeó la cabeza contra el pavimento. El gobierno pidió una investigación a Carabineros. Una semana después, cuando se desarrollaba el cónclave oficialista en Viña del Mar, un uniformado hirió de bala a una persona en una marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile para escapar de una agresión de los manifestantes. No fue la única situación violenta: en la misma marcha un liceal de 19 años fue atacado a palos por un grupo de vendedores ambulantes. Los testigos denunciaron que los carabineros no repelieron la brutal golpiza, sino que dieron libertad de acción a los agresores.
«Yo espero que la condena del gobierno a la represión de Carabineros sea mucho mayor», dice Pizarro, para quien la investigación solicitada debería traducirse en la salida del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez: «Su continuidad no se sostiene. Hoy él es el principal responsable de estos actos repudiables. Yo, que soy hija de un detenido desaparecido, no acepto que se permita la represión bajo ningún gobierno». Para la diputada, es imperioso avanzar en una «transformación profunda» de las Fuerzas Armadas y las Policías, puesto que «esas instituciones aún tienen un compromiso con el ideario de la dictadura cívico-militar y están formadas bajo la doctrina de que el enemigo es el pobre y quien se manifiesta de forma legítima».
En tanto, para enmendar el rumbo en materia indígena tras la fallida visita de Siches y, en particular, para esbozar los nuevos términos de entendimiento con el pueblo mapuche, Cayuqueo le recomienda al gobierno recurrir a la historia y reeditar los parlamentos, una institución diplomática que constituyó una vía de mediación y resolución de conflictos entre la Corona española y el pueblo mapuche, replicada en los albores de la república de Chile. «En 1825 se hizo el último parlamento entre el Estado chileno y el pueblo mapuche: el Parlamento de Tapihue. Chile estaba en un momento histórico bien interesante, con ensayos constitucionales, en los primeros años de la república. En ese parlamento se reconocieron las jefaturas mapuches, las autonomías territoriales y sus jurisdicciones para una paz estable y duradera. Tapihue fue traicionado cuando el Ejército de Chile invadió la Araucanía a fines del siglo XIX. Hoy, al igual que en aquella época, Chile está pasando por un momento de cambio social y constitucional. Estamos a tres años del bicentenario del Parlamento de Tapihue. Sería muy bueno que el gobierno planteara una hoja de ruta desde este momento para llegar a un nuevo pacto hacia 2025. Sería muy simbólico y potente, y tendría mucho sentido para el pueblo mapuche», propone Cayuqueo, para quien los parlamentos son una metodología histórica que funciona, pero que hasta ahora ha sido despreciada por la instalación de «una lógica de hacer las cosas al modo huinca [blanco]».