Para el concejal de Economía, Carlos Sánchez-Mato, la «descomunal deuda» está ligada a operaciones urbanísticas que responden a «intereses de grandes corporaciones». Del mismo modo, el responsable de hacienda en el ayuntamiento admite que la deuda es «técnicamente sostenible desde el punto de vista económico»
El concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha asegurado en un artículo que más del 80% de la deuda del Consistorio madrileño tiene «suficientes elementos» para ser declarada «ilegítima».
Así lo destaca en un texto publicado en la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, donde destaca que el servicio de la deuda (amortización y pago de intereses) ha pasado de 401 millones de euros en 2009 a 1.498 millones de euros en 2014. Además, ha explicado que los pagos de intereses en 2014 han supuesto casi el triple de los pagos realizados en 2012. «Uno de cada tres euros se destina a los acreedores», subraya.
En la misma línea, expone que la deuda municipal de Madrid medida en términos de Protocolo de Déficit Excesivo (que no incluye la deuda comercial) ha llegado a suponer en el punto más álgido el 17% del total que soportaban las corporaciones locales. Así, se ha cerrado el año 2014 con un endeudamiento en torno a los 6.000 millones de euros y por encima del 140% de deuda con respecto a ingresos corrientes.
Sin embargo, a pesar de su magnitud, la deuda municipal es, en palabras de Sánchez Mato, «técnicamente sostenible desde el punto de vista económico». Y es que, como ha dicho, la gran capacidad recaudatoria que posee el Ayuntamiento está permitiendo «generar ahorro financiero bruto». Sin embargo, «atender a su pago en las actuales condiciones y plazos, solo puede hacerse a costa del deterioro de los servicios públicos esenciales», entiende.
Para Sánchez Mato, esta «descomunal deuda» está ligada a operaciones urbanísticas que «no respondían a las necesidades generales» sino, más bien, a los «intereses de las grandes corporaciones que ejecutarían y gestionarían las infraestructuras a construir, y a los de las entidades bancarias que las financiarían».
Así, el concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid pone como ejemplo la M-30 como «el principal de los elementos que explica el enorme crecimiento de la deuda municipal». Sánchez Mato afirma que cuando Alberto Ruiz Gallardón presentó la obra a realizar en 2004, ésta fue valorada en 1.700 millones de euros. En este sentido, si se tienen en cuenta los intereses de la deuda, «las estimaciones suponen que los madrileños terminarán pagando 10.406 millones de euros por una infraestructura que hubiera costado seis veces menos».
Otra de las causas de la deuda madrileña que apunta Sánchez Mato es que el Ayuntamiento de Madrid externaliza la prestación de servicios públicos que tiene que realizar. Así, señala que los presupuestos municipales «están al servicio de las grandes empresas privadas que es a quienes se encomienda la realización de múltiples y variados contratos de servicios».
Para Sánchez Mato, el mecanismo utilizado ha consistido en convencer a la ciudadanía de que los servicios prestados por empresas privadas «eran más baratos para el erario público». A este respecto, el concejal asegura que «los hechos demuestran lo contrario» y que «las únicas reducciones de coste son realizadas a costa de la prestación del propio servicio y de las condiciones de trabajo de quienes lo realizan».
Además, el concejal de Economía se remite al informe del Tribunal de Cuentas de 2011 que indica «con todo lujo de detalles» que los servicios públicos municipales prestados de forma directa son «sensiblemente» más baratos que los realizados de forma externa.
De este modo, Carlos Sánchez Mato propone la realización de una auditoría ciudadana de la deuda bajo control técnico y social -puesta en marcha ya desde la semana pasada- con la intención de «proveer de argumentos y herramientas al gobierno municipal para la suspensión o anulación de la deuda identificada como ilegal y/o ilegítima», en una eventual negociación con los acreedores, así como para la exigencia de responsabilidades administrativas, civiles y penales a las personas participantes en su gestación.
Además, considera que debe ser una herramienta de información y participación de los ciudadanos en relación al control de la gestión de los recursos públicos y el impacto de la deuda del Ayuntamiento de Madrid.
Por último, Sánchez Mato asegura que el proceso permitirá mejorar la transparencia en la gestión de los recursos públicos, de los procesos de rendición de cuentas y el aumento en la eficiencia y eficacia de la gestión del Ayuntamiento de Madrid.