Se trata de 11 planes de los cuales, seis están construidos y los restantes, cinco, están aprobados pero sin ejecutar. El Ayuntamiento de Murcia ha calificado como edificable unos 20 millones de metros cuadrados de suelo protegido por la normativa regional, estatal e incluso europea. Así lo asegura el trabajo de investigación sobre la «Calificación […]
Se trata de 11 planes de los cuales, seis están construidos y los restantes, cinco, están aprobados pero sin ejecutar. El Ayuntamiento de Murcia ha calificado como edificable unos 20 millones de metros cuadrados de suelo protegido por la normativa regional, estatal e incluso europea.
Así lo asegura el trabajo de investigación sobre la «Calificación de Suelos no Urbanizables con Protección Específica como Sistemas Generales del Término Municipal de Murcia » realizado por Ángeles Moreno, que ha presentado hoy en rueda de prensa organizada por Ecologistas en Acción de Murcia , en donde se advierte de que el 57,72 por ciento de la edificabilidad prevista en Murcia es «ilegal».
Moreno ha explicado que en este informe, que ha recibido el premio nacional de urbanismo «Ricardo Santos Díez», se revela que existen 11 planes parciales aprobados definitivamente adscritos a suelos con protección específica (LIC, Parque Regional o ZEPA), como sistemas generales y generadores de aprovechamiento urbanístico.
De ellos, seis están construidos (Urbanización Solera-El Trampolín; Los Cañares; Tres Molinos Sur; El Valle; Hacienda Riquelme y Finca Ochando) y los restantes, cinco, están aprobados pero sin ejecutar (Los Granados; La Naveta, Carthago, Sucina Golf y La Loma).
Moreno ha explicado también que en estos planes parciales se encuentran algunos investigados por los juzgados tanto en el caso Barraca como en el caso Umbra, en éste último se encuentra imputado el alcalde de Murcia , Miguel Ángel Cámara, y el ex concejal de Urbanismo, Fernando Berberena.
La directora de este estudio ha alertado de que el 57,72 por ciento de la edificabilidad prevista en los planes parciales en proceso de tramitación es ilegal, cifra que se desprende de los cinco expedientes analizados para este informe de los 14 planes pendientes de tramitación en Murcia.
De hecho, ha calculado que, si en estas zonas se construyen viviendas con una superficie media de 100 metros cuadrados, ya se habrían construido 8.206 casas, de las cuales 2.247 serían ilegales, y se tendría previsto construir 13.967 viviendas más, de las cuales 6.819 serían ilegales.
En este sentido, ha pedido al Ayuntamiento de Murcia que deje fuera de ordenamiento estas viviendas construidas, lo que supondrá que no se podrán modificar ni arreglar en un futuro y ha dudado de que estas casas hayan sido vendidas por los promotores, «pero en el caso de que tengan dueño y estén en estas condiciones, los propietarios tendrán que denunciar al Consistorio».
Asimismo, este trabajo refleja que el 27,3 por ciento de lo edificado en el campo murciano es ilegal, un total de 224.000 metros cuadrados, de los 820.000 aprovechados en su totalidad, a lo que hay que añadir el suelo que no está ejecutado, donde el 28 por ciento también es ilegal.
Moreno ha explicado que esta situación irregular se debe a que los promotores dueños de suelo protegido han «teletransportado» su edificabilidad a otros terrenos para así aumentar el porcentaje de suelo urbanizable en los que a ellos les interesa.
Así, ha puesto como ejemplo el caso de Nueva Condomina, cuya edificabilidad es «muy densa para el espacio que tiene» y que se consiguió gracias a la adquisición de unos terrenos en la zona de la Cresta del Gallo cuya edificabilidad se trasladó al área Norte de la ciudad.
Por eso, Moreno ha asegurado que el Ayuntamiento tendrá que revisar y anular aquellos planes que no cumplan con la legalidad vigente y ha recordado que esta petición ya se realizó hace un año pero que todavía no se ha puesto en marcha ninguna investigación en el ámbito municipal.
Ha anunciado también que Ecologistas en Acción, con la base del proyecto presentado hoy, interpondrá un recurso de revisión ordinaria para que el consistorio revise estos planes y, en el caso de que no se realice ninguna acción por su parte al cabo de un mes, «se llevará el caso a los juzgados», ha concluido.